Los sistemas de pensiones para los trabajadores al servicio de los gobiernos municipales y estatal de Coahuila son un desastre. Por imprevisión, irresponsabilidad o torpeza, quizá por estos tres ingredientes juntos y otros similares más, tuvieron un pésimo y tardío diseño. Los caracteriza el desorden. Además de ser confusos son profusos, en el sentido de dispersos. Amén de que sobre ellos pende la amenaza de un próximo colapso. Veamos:
Empecemos por los sistemas municipales. Por increíble que parezca, hasta hace apenas cuatro años se legisló en esta materia, al publicarse el 3 de octubre de 2014 en el Periódico Oficial la "Ley para la Implementación de los Sistemas de Pensiones de los Municipios del Estado de Coahuila". Pero su artículo Cuarto Transitorio les concedió a los municipios hasta el 15 de enero de 2016, es decir, quince meses de plazo, para que entraran en operación sus respectivos sistemas de pensiones.
Cabe aclarar que la citada ley les dio a los municipios la opción de crear su propio fondo de pensiones, o bien, celebrar para este propósito convenios con el IMSS o el ISSSTE. Según un informe recién presentado al Congreso local por la Auditoría Superior del Estado, con corte al pasado mes de junio la situación es la siguiente:
De los 38 municipios del estado sólo 10 cuentan con una ley aprobada por la Legislatura para constituir y administrar su propio fondo de pensiones. Pero de los diez sólo se puede afirmar que funcionan tres (los de Saltillo y Torreón que datan de 1983 y 1984, respectivamente, y el de Piedras Negras desde finales de 2015), y sólo parcialmente los de Acuña y Ramos Arizpe. Los cinco restantes sólo tienen aprobada su ley y nada más.
De los otros 28 municipios, tres de ellos (Arteaga, Matamoros y Nava) han celebrado convenios con el IMSS, pero como en realidad no han iniciado sus aportaciones a éste, no se puede decir que sus sistemas estén operando.
Por cuanto hace a los demás, en su informe la Auditoría Superior del Estado dice lo siguiente: "Los otros 25 municipios restantes, no cuentan con evidencia de que se tengan avances en la implementación de un sistema de pensiones". Un desastre, pues, como lo indica el hecho que de 38 municipios 35 cubrirán las pensiones de sus futuros jubilados y pensionados como lo vienen haciendo ahora, si es que las pagan, es decir, con cargo a su gasto corriente. Increíble que así suceda en pleno siglo XXI, pero así es.
En lo que se refiere a las pensiones estatales, coexisten como se sabe dos sistemas. Uno para los trabajadores en general y otro para el gremio de los maestros.
En el caso de los primeros, que suman 13,054 trabajadores activos que aportan sus respectivas cuotas, 910 trabajadores pensionados y 1,268 jubilados, la Auditoria Superior del Estado señala que según estudio actuarial de la propia Secretaría de Finanzas estatal, en el largo plazo se contará con reservas por 14 mil 123 millones de pesos, para hacer frente a obligaciones del orden de 35 mil 592 millones, de donde resulta un déficit actuarial de -21 mil 469 millones de pesos. Un monto equivalente a la mitad del actual presupuesto anual del gobierno del estado.
Agrega a continuación la Auditoria Superior: "De acuerdo con el estudio actuarial, el fondo de pensiones del Estado se descapitalizará a más tardar en el año 2020; a partir de este punto de inflexión el Estado deberá aportar cantidades cada vez mayores para proteger el pago de pensiones de sus trabajadores en retiro"
Y por lo que toca a las pensiones del magisterio, que incluye al personal de las Universidades Autónomas de Coahuila y Antonio Narro, de acuerdo con el más reciente estudio actuarial "el fondo está operando ya descapitalizado y recibiendo aportaciones extraordinarias del Gobierno del Estado", que según indica la Auditoría Superior en su Informe al Congreso son por "un monto de 60 millones de pesos mensuales como una aportación extraordinaria".
Este tema de las pensiones del magisterio ameritará un posterior análisis más completo.
