Según refieren, hay un dicho alemán que reza: "Si una cosa es sencilla, ¿por qué no complicarla?" Tal parece que es exactamente lo que sucede con el cálculo y distribución de las participaciones en los ingresos federales que la Secretaría de Hacienda hace llegar a los gobiernos estatales, y éstos a su vez lo que legalmente corresponde a sus municipios.
En los inicios del llamado sistema de coordinación fiscal, lo cual ocurrió en el ya remoto año de 1980, era relativamente fácil determinar lo que a cada entidad y municipio correspondía. Pero con el paso del tiempo los cálculos se complicaron de manera exagerada.
En la actualidad es una docena de fórmulas la que se aplica. De éstas, son ocho en el caso de Coahuila. Para cada una, en mayor o menor medida se requiere tener a la mano diversa información, no siempre fácilmente disponible, así como considerar una serie de elementos, variables, criterios, calendarios de entregas, períodos de ajuste, entre otras cosas. Como si al pie de la letra se hubiera seguido el dicho: "si una cosa es sencilla, ¿por qué no complicarla?"
Veamos lo que se hizo llegar a los municipios coahuilenses en los últimos dos años y medio. Pero antes ténganse presente, además de la complejidad de la fórmula que no les permite verificar si lo que les entregan es exactamente lo que les corresponde, o no, por un lado; y por otro, considerar que las participaciones federales son la principal fuente de ingresos con que cuentan los municipios. En algunos casos dichas participaciones les representan el setenta o más por ciento del total de sus ingresos. Por ello, entregárselas de manera incompleta o inoportuna es algo que no tiene nombre. Bueno, sí lo tiene y se llama Rubén Moreira.
Durante los dos últimos años del gobierno de dicho Moreira, es decir, 2016 y 2017, se debió haber entregado a los 38 municipios del estado un total de 3 mil 480 millones de pesos y sólo se les hicieron llegar 3 mil 338 millones en el primero de los años mencionados. En consecuencia, se les dejaron de entregar 142 millones de pesos.
El problema fue que en ese 2016 el incumplimiento en las entregas no fue parejo, porque la mitad de esos 142 millones se quedó a deber a sólo cuatro municipios, como sigue: 28 millones a Monclova, 18 millones a Acuña, 14 millones a Piedras Negras y 11 millones a Frontera, para sumar 71 millones. La mitad exactamente de los 142 millones que quedaron retenidos. Nótese además que tres de esos cuatro municipios (Monclova, Frontera y Acuña) tenían ese año 2016 ayuntamientos de partidos opositores al del gobernador.
Por lo que hace a 2017, las participaciones que se debieron haber entregado a los municipios ascendieron a 3 mil 831 millones de pesos, pero sólo se les hicieron llegar 3 mil 580, por lo que Moreira dejó pendiente 251 millones de pesos. De este monto 171 millones se quedaron a deber a sólo cinco municipios, tres de ellos con ayuntamiento panista: 95 millones a Saltillo, 33 millones a Monclova y 9 millones a Frontera. Los otros dos fueron Piedras Negras y San Pedro, a los que les faltaron 22 y 11 millones, respectivamente.
Por lo que corresponde al primer semestre de 2018, se han entregado a los municipios 2 mil 239 millones de pesos, que es la cantidad correcta que les corresponde. Hasta este momento el actual gobernador va bien en este rubro. Aunque quedan pendientes los saldos dejados por el anterior.
Las cifras anteriores están tomadas de un estudio realizado por la Auditoría Superior del Estado, que cuenta con la capacidad técnica y dispone de la información que al efecto se requiere. El estudio fue presentado a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso local, en sesión celebrada el pasado 21 de agosto.
A la luz de lo que ahora sabemos sucedió en la entrega de participaciones a los municipios en los dos últimos años del clan Moreira, se hace necesaria la elaboración de un estudio completo, es decir, de los doce años que el par de Moreiras cubrió. Por supuesto que no estaría de más.
