El pasado 8 de agosto recuperó su libertad la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, porque no había elementos para inculparla de lavado de dinero y delincuencia organizada, ya que los casi dos mil millones de pesos que sacó de las arcas de la organización que dirigía habían sido debidamente autorizados en las instancias responsables de dicha institución.
El fallo, de por sí, revela la debilidad institucional de la justicia mexicana, pues se reconoce que ella se benefició de esos recursos para el pago de cuentas personales, pero en ello no hay ningún ilícito que perseguir (según dicha resolución) porque se siguieron las reglas internas. Así lo que en realidad legitima la sentencia es que se pueden desviar recursos institucionales (en este caso de un sindicato, pero también puede ser de empresas, organizaciones de la sociedad civil o hasta entidades públicas) para fines personales, siempre y cuando se obtengan las autorizaciones necesarias, lo cual permite validar varios presuntos delitos como pueden ser el desvío de recursos y la evasión fiscal.
Pero igualmente preocupante es que los presuntos cómplices de la ex dirigente del magisterio permanecen en prisión, mientras ella ya goza de libertad, lo cual exhibe otro de los grandes problemas de la justicia mexicana: ésta se les aplica únicamente a los pobres, mientras los ricos y/o poderosos siempre encuentran formas para evadirla.
El periódico regiomontano El Norte publicó, en su edición del sábado 25 de agosto, que una jueza federal decretó el auto de libertad por falta de elementos en favor de Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Fonseca, coacusados de Gordillo por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, lo cual era totalmente lógico. Pero continúan recluidos en el Reclusorio Oriente, de la Ciudad de México, porque todavía siguen sujetos a proceso por delitos de defraudación fiscal y, por lo tanto, hay que espera a que sus abogados soliciten que les modifiquen la medida cautelar.
Vale la pena señalar que Gordillo logró sentencias absolutorias en dos delitos de defraudación fiscal que le instruyó la PGR. En este caso, los supuestos operadores financieros todavía no pueden librar los juicios por defraudación fiscal, por haber recibido depósitos en sus cuentas personales que posteriormente utilizaron para sufragar los gastos de su jefa.
Pero en peor situación todavía se encuentra la tercera coacusada, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, quien tiene la calidad de testigo protegido y se encuentra recluida en el Penal Federal Femenil de Morelos, pues ella todavía tiene pendiente la resolución del proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, así que en este caso todavía es factible que un juez sí considere su culpabilidad, pues ella accedió a colaborar para inculpar a Gordillo y además renunció a presentar pruebas de descargo en su defensa, precisamente para que le dictarán una sentencia condenatoria, pero con atenuantes y, por lo tanto, resultara en una pena menor.
El Juez Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales cerró la instrucción de la causa penal 11/2013, en mayo del 2016 y si no se ha dictado sentencia es porque la PGR y la defensa de Ugarte Ramírez, se manifestaron en contra de que se cerrará el proceso únicamente para la testigo protegida porque podría derivar en "sentencias contradictorias o impediría interrogarla una vez que le dictaran sentencia".
El problema con el que seguramente se encontrará el juez de dicha causa es que en el expediente constarán elementos para inculparla, dado que debe haber declaraciones en ese sentido (de otro modo no se puede entender el que la hayan considerado testigo protegido) y, además, decidió renunciar a presentar pruebas de descargo, con lo cual habrá elementos que la inculpen en el expediente. Cierto, en estos momentos se pueden incorporar los elementos que permitieron exculpar a los otros tres coacusados; pero habrá que ver como resuelven el entuerto pues habrá pruebas contradictorias.
Es un hecho que los cuatro coacusados no podían ser inculpados por los mismos delitos de defraudación fiscal, pues por sus cuentas personales pasaron cantidades muy diferentes de dinero, pero es de suponer que las cifras mayores tendrían que estar vinculadas a Gordillo, pues se debió beneficiar de una buena parte de los recursos que pasaron por las cuentas de sus operadores financieros. Es decir, si hubiese una lógica habría que sumar las cantidades de los tres y restarle un porcentaje (que debía ser la remuneración por sus servicios) y ese sería el monto que se le imputara a Gordillo; pero no fue así, pues las dos imputaciones de defraudación fiscal que libró la acusada principal eran por montos menores. Además ella fue exonerada ya hace varios meses de dichos delitos, mientras Gallardo y Díaz todavía tienen dos y tres juicios abiertos por defraudación fiscal, respectivamente.
Así la acusada principal ya logró su exoneración y, por lo tanto, su libertad, mientras dos de sus operadores financieros continúan en prisión sujetos a juicio penal por delitos de defraudación fiscal; y, uno, el caso de Ugarte Ramírez, al de delincuencia organizada y lavado de un dinero. La principal beneficiaria de los recursos que se desviaron de las cuentas del sindicato absuelta y en libertad y sus ejecutores sujetos a juicio y en la cárcel.
Una representación muy clara de que en México los ricos y/o poderosos siempre pueden evadir la acción de la justicia, mientras los que carecen de dichos recursos pagan las consecuencias, así lo hayan hecho en beneficio de sus jefes.
