Incumplen Ley. Faltan recursos para operar la Alerta de Violencia de Género, considera experta. (EDITH GONZÁLEZ)
Los resultados poco favorables que han obtenido algunas entidades en donde se ha decretado la Alerta de Género, como el Estado de México, obedece a que no se han destinado los recursos que marca la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para combatir la violencia feminicida, según Medley Aimée Vega Montiel, Investigadora adscrita al Programa de Investigación Feminista, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
El municipio de Torreón y el Estado de Durango tienen pendiente la resolución del grupo de especialistas conformado por la Comisión Nacional para Combatir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, por la solicitud de Alerta de Género hecha por organizaciones de la sociedad civil.
"Falta que lleven ahí los recursos que establecen la Alerta de Violencia de Género, recursos programáticos, recursos humanos, para combatir la violencia, desafortunadamente dentro del presupuesto del Gobierno federal, de los presupuestos estatales y municipales la política de igualdad de género no es prioritaria", dijo la experta en su visita a Torreón.
Añade que hay una resistencia de parte del gobierno para aceptar la Alerta porque piensan que esto tiene un costo político.
En el caso de Durango, feministas ven una inminente declaratoria de Alerta de Género, mientras que para Torreón, las promotoras consideran que es poco probable, pues de alguna forma se cumplieron con las recomendaciones dadas por las expertas para evitarla.
Con respecto a la nueva administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador, dijo que ya existen las directrices para trabajar por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, siendo estas las recomendaciones hechas por la ONU en materia de acceso a la justicia, alerta de violencia de género, desapariciones, violencia feminicida, medios de comunicación, derechos sexuales y reproductivos, defensa de mujeres indígenas, migrantes, periodistas y defensores de Derechos Humanos.
La próxima semana se reunirán con diputadas y senadoras, así como representantes de organismos de Derechos Humanos a quienes presentarán este informe para que "tomen la estafeta".
