La seguridad y atención a las víctimas de violencia son prioridad en el próximo gobierno federal, al menos así se ha planteado con el inicio de los primeros foros de “Pacificación y Reconciliación Nacional” el pasado martes en Ciudad Juárez y el jueves, en Torreón.
Los 18 foros que se organizan en diversas zonas del país “golpeadas” por la inseguridad y que son coordinados por quien será secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, y por Alfonso Durazo Montaño, próximo secretario de Seguridad Pública, tienen por objetivo trazar los Planes de Desarrollo y Programas Rectoriales del período 2018-2024.
A través de esta propuesta, el nuevo gobierno buscar restaurar la tranquilidad en el país y dar voz a los familiares de desaparecidos y asesinados por el crimen organizado, que también han sido víctimas de la inacción del sistema de justicia que permite la impunidad y corrupción.
Estos debates, junto a los otros 25 que se realizarán en centros penitenciarios y poblaciones como la sierra de Guerrero, en donde los habitantes están dedicados prácticamente a la siembra de cultivos ilícitos, se ven llenos de buenas intenciones. Sin embargo, la tarea no es nada fácil.
Tanto en el foro realizado en Ciudad Juárez, que desde hace meses vive un repunte en homicidios y ejecuciones masivas, como ocurría en el año 2010 cuando esta ciudad fronteriza fue considerada la más violenta del mundo, como en Torreón, quedó manifiesto que la justicia es el principal reclamo de las víctimas.
Según el Índice Global de Impunidad- México 2018, publicado en marzo de este año por la Universidad de las América Puebla, México ocupa el cuarto lugar de los países más impunes del mundo con 69.2 puntos, y es superado solo por Filipinas (75.6 puntos), India y Camerún. El país con menor tasa de impunidad es Croacia, con un índice de 36.01 puntos.
De acuerdo a este estudio, los cinco estados con índice de impunidad más altos son el Estado de México (80.06 puntos), Tamaulipas (78.88 puntos), Baja California (78.08 puntos), Coahuila (77.88 puntos) y Quintana Roo (77.33 puntos).
Además, el Índice advierte que el sistema de justicia en México está al borde del “colapso”, ya que mientras que a nivel internacional existe un promedio de 16 jueces por cada cien mil habitantes, en México el promedio es de 3.9 jueces, cuatro veces menos.
En estas condiciones, para lograr la justicia y por ende, el proceso de pacificación, es indispensable un sistema penal eficiente, como señaló hace días el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz. Se trata de una labor titánica y las expectativas son altas.
