L A semana pasada el alcalde de Torreón Jorge Zermeño Infante, hizo una denuncia pública según la cual, diversas áreas de la ciudad en las que el servicio de suministro de agua potable y saneamiento se encuentra a cargo de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila, (CEAS), constituyen una pesada carga financiera para el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).
Por competencia Constitucional, la prestación del servicio referido corresponde al Municipio y en la práctica, en nuestra ciudad está a cargo del SIMAS sin embargo, el CEAS existe como entidad del Gobierno del Estado de Coahuila, legalmente regulado como organismo público descentralizado. El argumento con el que se quiere justificar este doble ejercicio de facultades por ambos niveles de gobierno, reside en que al menos en teoría, se pretende que el CEAS opere en apoyo de municipios que carecen de recursos para atender a la totalidad de su población, de manera especial en las áreas alejadas de los centros urbanos y por ello, al referido CEAS también se le conoce en el lenguaje común como "Simas Rural".
Bajo esa bandera de falsa solidaridad, el crecimiento de Torreón ha propiciado que muchos de los fraccionamientos más recientes se desarrollen en áreas que hasta hace poco eran rurales, lo que hace que el CEAS esté cobrando a los usuarios la prestación del servicio de agua y drenaje en áreas que son urbanas. Esta irregularidad ha generado una estructura administrativa perniciosa, porque la reciente alternancia en el Gobierno municipal ha revelado que las colonias que están en ese caso son alimentadas mediante un sistema oculto de interconexión, con aguas de pozos perforados y operados por SIMAS, cuyo costo de mantenimiento y pago de energía eléctrica han sido cubiertos hasta la fecha, por el nivel municipal de gobierno.
El vicio referido que constituye una forma más de saqueo a los torreonenses, se incubó durante los desgobiernos de Eduardo Olmos y Miguel Riquelme, y constituye un gran negocio para la burocracia voraz e insaciable que desde hace casi trece años, detenta el poder en Coahuila. Decimos negocio redondo, porque por una parte las empresas fraccionadoras pagan la urbanización incluido el tendido de las redes de agua y drenaje; el SIMAS a nivel Municipal aporta el agua y el costo de la energía eléctrica para su extracción y conducción, y el Moreirato hecho gobierno al través del CEAS, pasa la factura a los ciudadanos y se embolsa el producto.
Entre las sesenta y nueve comunidades que se encuentran en la situación anómala en comento, no sólo están centros de población aislados, sino ejidos casi o totalmente urbanizados y ya integrados a la ciudad, sino fraccionamientos residenciales modernos como Puerta Real, Villas de la Ibero, Rincón de San José, Villa Romana, Los Alebrijes, Real del Nogalar, Las Etnias, Villas Santorini, Puerta de Hierro, Joyas de Torreón, Rincón San Ángel, etcétera. El monto del daño económico a los ciudadanos de Torreón no ha sido determinado, pero dado el modus operandi del delito, es factible calcularlo en la etapa de investigación que al efecto se realice, mediante prueba pericial a desahogar, en base a la contabilidad de ambos organismos públicos.
En virtud de que esta transferencia ilícita de recursos ha ocurrido con la complicidad de los exalcaldes priistas antes mencionados, uno de los cuales ocupa hoy día nada menos que el puesto de gobernador, es obligado que el alcalde Jorge Zermeño denuncie de inmediato el ilícito ante la Procuraduría General de la República por tratarse de un delito que involucra la malversación de un recurso regulado por la Federación como es el caso del acuífero y porque además la importancia y trascendencia del delito que implica, amerita que su investigación sea atraída por las autoridades de aquel nivel de gobierno.
A la denuncia del alcalde debe sumarse en su apoyo el bloque de diputados de oposición en el Congreso del Estado de Coahuila, cuya supuesta mayoría hasta el momento no ha hecho la diferencia, con otras legislaturas que precedieron a la actual, sin pena ni gloria.
