El pasado viernes Rocío Nahle, propuesta por el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador como próxima secretaria de Energía, respondió a los reporteros que la entrevistaban que no habría "cacería de brujas" en contra de Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y los comentarios que se generaron, en prácticamente todos los portales donde se publicó la información, fueron de repudio a la declaración e implicando de inmediato una protección al dirigente petrolero.
Esta reacción muestra muy gráficamente la gran contradicción existente en la cultura política mexicana, pues por una parte demandamos democracia y equilibrio de poderes, pero por la otra exigimos al futuro presidente (en la campaña presidencial todavía fue más patente) que se comprometa a perseguir a sus antecesores, líderes o empresarios que se han enriquecido al amparo del poder político.
Cualquier titular del Ejecutivo (federal o estatal) a lo que debe comprometerse es a la aplicación estricta de la ley en condiciones de absoluta igualdad, lo cual debe conducir a la impartición de justicia, que deberá sancionar cualquier acto delictivo que se haya cometido en el pasado inmediato y mediato, siempre y cuando los delitos todavía no prescriban.
Esto debe aplicar lo mismo para funcionarios públicos, líderes sindicales, empresarios y particulares que hayan incurrido en cualquier tipo de ilegalidad y las sanciones deben ser de tipo económico (restitución de los daños, multas y sanciones), administrativas (amonestaciones, destituciones e inhabilitaciones) y penales (privación de la libertad) según sea el caso.
Pero no es el Titular del Poder Ejecutivo el que debe iniciar la persecución, sino las instancias correspondientes: órganos de control interno, Auditoría Superior de la Federación o las instancias responsables de recibir las denuncias (incluyendo terceros interesados, sindicalizados, ciudadanos, funcionarios públicos, etc.), investigar e integrar los expediente y, en su caso, sancionar o consignar ante las instancias correspondientes (Tribunal de Justicia Administrativa o el Poder Judicial correspondiente).
En el caso particular del sindicato petrolero cualquier causa en contra del actual dirigente (cuyos excesos -tanto suyos como de sus hijos- han sido divulgados en Internet y diversos medios de comunicación) la lógica indica que las denuncias provengan de los sindicalizados, ya sea tras un cambio en la dirigencia del sindicato o sin dicho relevo de trabajadores que conozcan sus ilegalidades.
Por supuesto que Romero Deschamps puede correr la misma suerte que corrieron en enero de 1989 Joaquín Hernández Galicia, "La Quina", antecesor de Romero como líder del sindicato petrolero; y Elba Esther Gordillo, en febrero del 2013; pero no debe ser por las mismas razones ni bajo los mismos procedimientos, sino de la aplicación estricta de la ley y como resultado de la impartición de justicia.
Los dos casos ya citados (sin juzgar la culpabilidad de los dos personajes) y a los que hizo alusión Nahle como casos que no se repetirían en el futuro gobierno, fueron encarcelados por motivaciones políticas y consigna presidencial. En los dos casos había antecedentes de diferencias entre el presidente en turno y el perseguido: Carlos Salinas de Gortari y La Quina, en el primero; y Enrique Peña Nieto y la maestra, en el segundo. Además los dos presidentes tomaron dicha persecución como un acto mediático que les permitía ganar o incrementar su popularidad, proyectar su imagen y, en el caso de Salinas, intentar legitimarse.
Por otra parte, la motivación en ambos casos era cambiar la dirigencia sindical sin respetarles la democracia sindical para elegir a un líder que verdaderamente representase los intereses de los trabajadores, sino simplemente el cambiar un líder que resultaba incómodo para el presidente en turno por otro que fuese dócil y leal.
También se fabricaron delitos para lograr encerrarlos: en el primer caso, le sembraron armas y un cadáver; en el segundo, las instancias judiciales han venido rechazando las diversas acusaciones y, si hubiese suficientes pruebas para configurar los delitos que se le imputan, varios miembros de la actual dirigencia también estarían involucrados.
Tampoco debe repetirse el caso de Jorge Díaz Serrano, ex director de Petróleos Mexicanos durante el sexenio de José López Portillo, quien estuvo en prisión durante 5 años y que finalmente fue exonerado ya que no se le pudieron comprobar los delitos por los que se le acusaba, para convertirlo en un símbolo de la llamada "renovación moral " que prometió Miguel de la Madrid durante su campaña electoral, que dio lugar a la creación de la Contraloría General de la República (hoy Secretaría de la Función Pública).
No deben repetirse los casos ya mencionados, pero eso no implica que no se haga justicia y se sancione a los corruptos, de todos los niveles y sin importar el sector en el que se encuentren. De acuerdo a la encuesta de salida realizada por Parametría, publicada en el diario Milenio el 19 de julio de este año, el 33% de quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador, consideraron que el tema más importante en esta elección fue precisamente el de la corrupción.
El mandato de los electores fue contundente: combatir la corrupción, así que aunque no debe iniciarse una "cacería de brujas", sí debe darse la instrucción clara, precisa y contundente de que se canalice por las instancias legales correspondientes cualquier indicio de acto de corrupción que detecte cualquier oficina gubernamental.
No a la "cacería de brujas" y la persecución política; sí a la estricta aplicación de la ley, la vigencia del estado de derecho y el castigo a los corruptos. Esa es precisamente la diferencia entre un régimen autoritario y uno democrático.
