En la colaboración anterior mencionamos que la agenda ambiental sigue siendo un área no considerada en los planes de desarrollo, o cuando se trata solo se hace de manera tangencial. Este vacío se refleja en el discurso de los políticos que ocupan los principales cargos oficiales, pero sobre todo en los bajos presupuestos que se asignan para atender estos asuntos.
Señalamos que dicha omisión responde, entre otros factores, al desconocimiento que tienen los gobernadores, alcaldes y legisladores sobre los procesos de deterioro ambiental que enfrentamos como sociedad, donde la mayor parte de las causas que los provocan se originan en las propias actividades humanas. A ese desconocimiento debe agregarse la escasa sensibilidad que no pocos expresan, ya que también en las dependencias del sector ambiental hay personal calificado que posee información pero no incide en la toma de decisiones de sus jefes.
Obvio resulta que personas como Donald Trump, siguiendo el ejemplo señalado la semana pasada, puede acceder a la información que le provean los mejores expertos de su país. La cuestión es que la determinación del presidente de Estados Unidos de renegar de los Acuerdos de París sobre Cambio Climático no puede obedecer a la ausencia de información, sino a los intereses que representa como gobernante.
Es claro que a Trump no le interesa la información que generan las comunidades científicas sobre las causas que provocan el calentamiento del planeta, sino la que le proveen las grandes corporaciones energéticas que extraen y suministran petróleo, gas o carbón a las industrias, y a estas mismas que usan estos combustibles en sus procesos productivos, ya que a unos les afecta sus ganancias las políticas públicas que acotan sus actividades y a otros realizar cambios tecnológicos les implica incrementar sus costos.
Entonces Trump construye una visión diferente a la que la evidencia científica provee a las sociedades y gobiernos, conforma un discurso que niega la realidad y crea otra versión basada en una interpretación ideológica que corresponde a los intereses que representa como gobernante. Esta versión prioriza la defensa de esos intereses por encima de los de la sociedad en su conjunto, que están y seguirán estando afectados por los impactos del cambio climático.
El desconocimiento de las causas que provocan el deterioro ambiental, y de cualquier otro problema que impacte tanto a la naturaleza como a la sociedad, no lo exime de la responsabilidad que tiene de tomar decisiones erróneas. Hoy en día este tipo de gobernantes se ha proliferado no solo en Estados Unidos con su presidente, sino en una parte importante de los países del orbe, el caso mexicano es indicativo con los recientes resultados electorales.
Un ejemplo tangible que enfrentamos a escala local es el del agua. Cotidianamente observamos declaraciones de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno sobre las alternativas de solución que se proponen para resolver el déficit de abasto de agua potable para la población laguenra, siendo frecuente la construcción de versiones ideológicas equivocadas porque parten de un diagnóstico erróneo de las causas que lo provocan, o peor, que las conocen pero las ocultan.
Es el caso de la renombrada potabilizadora de agua que pretenden construir utilizando agua superficial del río Nazas para cubrir el déficit existente en cantidad y calidad. Algunos de los funcionarios, particularmente los del ámbito federal del sector hídrico y ambiental, saben que la causa principal es la sobreexplotación y contaminación del agua del subsuelo, a la cual se asocia el monopolio y uso abusivo de este recurso que realiza una élite conformada por los grandes usuarios que ostenta los títulos de concesión que les permite realizar esas extracciones.
Basados en sus propios datos y los que provee la academia, saben que hay una extracción ilícita de casi trescientos millones de metros cúbicos, es ilícita porque este volumen se extrae por encima del que les fue concesionado, y con el poder económico que ostentan son capaces de evitar la aplicación de las regulaciones que la legislación ambiental e hídrica exige para evitar ese abuso.
Si se aplicará esa regulación con una medición confiable de las extracciones, algo que las instituciones no tienen capacidad de hacer para no enfrentar a esta élite local, se recuperaría el volumen señalado equivalente al doble del volumen actualmente asignado para uso doméstico. El asunto es que tanto dichos funcionarios omiten no sólo las acciones para resolver este problema, aplicar la legislación en la materia y el discurso público sobre las causas que lo provocan.
La omisión también implica crear un discurso o narrativa ideológica falsa de la realidad, tanto ellos como los funcionarios locales, sean gobernadores, alcaldes, legisladores o servidores públicos de menor rango crean y repiten la versión de que el problema del agua para la población se resolverá con una planta potabilizadora, evadiendo el problema central de la sobreexplotación y con ello señalar a los responsables. Finalmente, si no de regula la sobreexplotación el problema se agravará cada vez más con el tiempo, la omisión se vuelve irresponsabilidad compartida.
Omitir el discurso verdadero o más verosímil sobre la realidad, o falsearlo, es una forma de ocultarla y hacerle creer a los ciudadanos una interpretación equivocada de la misma, algo que debe señalarse porque la irresponsabilidad se prolonga al destinar cuantiosos fondos públicos para tapar un hoyo abriendo otro. Como se dice coloquialmente, la situación financiera del país no está para tales despilfarros que no sólo evaden el problema, sino que permiten prolongarlo y agravarlo poque continuar con los niveles de extracción actuales tendrá un impacto grave para quienes vivimos en esta región.
