Tal parece que las dirigencias de los partidos políticos mexicanos no escucharon el claro mensaje que envió la ciudadanía el pasado 1 de julio, pues a menos de un mes de que eso sucediera, ya están dejando clara evidencia de que siguen anteponiendo sus intereses y beneficios particulares sobre los de México y la ciudadanía.
Unos días antes de que iniciara el proceso electoral todavía en marcha, tras los devastadores terremotos de septiembre, los dirigentes de los partidos políticos mexicanos entraron prácticamente en una subasta, en la que se disputaban la supremacía, para ver quién ofrecía donar un porcentaje mayor del financiamiento público que recibían para auxiliar a los damnificados por los fenómenos naturales.
Por supuesto en esa carrera, algunos dirigentes incluso enviaron, a través de sus legisladores, iniciativas de reformas constitucionales y legales para modificar la fórmula para calcular el monto total de la bolsa de dinero que se reparte entre los institutos políticos y hubo quien llegó a proponer la eliminación del financiamiento público.
Ahora, cuando ya se conocen los resultados casi definitivos del pasado proceso electoral y, por ende, se puede calcular el financiamiento público que le corresponderá a cada partido político, el tema vuelve a acaparar la atención pública. Por supuesto, el resultado es que Morena recibirá a partir del 2019, para el gasto ordinario, 3.6 veces el dinero que recibió en el 2018, lo cual es muy lógico si se toma en cuenta que su votación se multiplicó por 4.6 al pasar de 9% en el 2015 al 41.3 (el porcentaje es el que le corresponde una vez eliminados los votos nulos, por candidatos no registrados, candidatos independientes y los dos partidos que perdieron su registro) en el 2018 en la elección de diputados federales, que es la que se toma en cuenta para la distribución de la bolsa.
Mientras tanto el PRI y el PRD son los dos que recibirán menos dinero a partir del próximo año. El PRI, de acuerdo a un cálculo elaborado por el periódico Reforma, perdería el 24% de su dinero, lo cual también corresponde a la caída de 42% en la votación, al pasar del 31.6% de los votos en el 2015 a apenas el 18.4. Para el PRD, el caso es muy similar, pues su financiamiento cae 21%, como consecuencia de un desplome de 50% en su porcentaje de votación.
Un primer análisis permite observar que la fórmula de reparto del dinero permite atenuar los impactos de los resultados electorales en la bolsa que reciben los partidos, ya que una variación acentuada en la votación (crecimiento de 460%, en el caso de Morena; o disminuciones de 42 y 50% en el caso del PRI y PRD) se traducen en cambios en menores proporciones en el dinero: aumento de 350% y disminuciones de 24 y 21%. La fórmula permitió al resto de los partidos (PAN, PVEM y MC) que también perdieron porcentaje de votación no sufrieran impactos negativos en los recursos que recibirán en el 2019; el PT, vio reflejado el crecimiento en su preferencia electoral en la bolsa de financiamiento.
Hay absoluta coincidencia entre todos los analistas políticos y una aplastante mayoría ciudadana en que el financiamiento público que reciben los partidos políticos es exagerado, particularmente en años no electorales. Para el próximo año la bolsa que estarían recibiendo, si no hay una modificación constitucional y legal, sería de cuatro mil 900 millones de pesos y otro tanto de los organismos electorales estatales, con lo cual en realidad recibirían nueve mil 800 millones de pesos. Definitivamente un exceso.
También hay coincidencia en que los partidos políticos y los candidatos gastan en las campañas electorales mucho más dinero del que informan en sus reportes financieros y, en ocasiones, también más del que reciben por financiamiento público y del que reportan como financiamiento privado, lo cual implica que hay muchos donativos que no pasan por sus cuentas bancarias, como debería de ser de acuerdo a la normatividad vigente.
Uno de los temas pendientes de atender en una nueva reforma legislativa electoral, indiscutiblemente es el del financiamiento a los partidos políticos, tanto el público como el privado. Y, como era de esperarse, ya hay propuestas en ese sentido, pero únicamente para reducir a la mitad el financiamiento público federal, dejando de lado el de los estados -también previsto en la Constitución-, así como, otras medidas que serían fundamentales para tener un mayor control de los ingresos y gastos de los institutos políticos.
Hasta el momento las posturas de los legisladores corresponden plenamente a como les fue en las urnas el pasado primero de julio: Morena proponiendo el recorte a la mitad; y priistas y perredistas manifestándose en contra del mismo. Nuevamente vemos que los legisladores actúan de conformidad con el último evento, pero sin un análisis previo de todos los elementos que están involucrados en el tema respectivo y mucho menos con algún ejercicio que les permita identificar todos los posibles impactos que la medida tendrá sobre el sistema político mexicano.
Esta ha sido la historia de la legislación electoral mexicana, después de cada elección se proponen reformas para intentar atender en lo particular los eventos más debatidos en dicho proceso electoral, pero sin una indispensable reflexión. Ya es momento de que los partidos políticos y sus legisladores actúen con una visión de mediano y largo plazo y tras un análisis integral de la realidad nacional, así como, de sus posibles consecuencias e impactos. Cierto es urgente disminuir el financiamiento público a los partidos políticos, pero también el cerrarle al puerta al dinero ilegal que llega por diversas vías.
