La semana en curso dio inicio con el anuncio de algunos proyectos para nuestra región, entre los que destacan los planes del gobernador Miguel Riquelme, que sugiere destinar mil quinientos millones de pesos en los próximos tres años, a construir dos centros de "gobierno inteligente", uno en Saltillo y otro en Torreón.
Debemos tomar la propuesta con cautela, puesto que los gobiernos emanados del moreirato, nos han dejado la mala experiencia de un gasto excesivo en infraestructura destinada al alojamiento de oficinas burocráticas, cuya construcción mal planeada y ejecutada en condiciones de opacidad impenetrable, revela que tales obras lejos de operar al servicio de los ciudadanos, se utilizan para hacer negocios ilícitos desde el gobierno, para satisfacer la vanidad del político en turno y como templos de culto al ejercicio del poder.
Botón de muestra lo tenemos en el edificio que alberga las dependencias del Municipio de Torreón que además de ser un elefante blanco, es un insulto para una ciudadanía que literalmente desde el ras del suelo, está obligada a ver a la autoridad de abajo hacia arriba, y acceder a la atención del gobierno, desde la perspectiva de una escalinata piramidal que nada tiene que ver con el espíritu democrático que debe animar a nuestras instituciones y a sus manifestaciones arquitectónicas.
El pretexto de la pretendida modernización administrativa que aduce Riquelme está desmentido, porque el costoso e impráctico edificio de la Presidencia Municipal herencia del sistema Moreira, no ha redundado ni en un servicio más eficiente para los usuarios, ni en una mejor calidad de vida para la comunidad. Lo anterior implica que si Riquelme insiste en la modernización administrativa que pretende, la procure en términos de sistemas de operación soportados en tecnología de punta, más que en construcciones faraónicas.
Lo que requiere con urgencia nuestra ciudad es un relanzamiento general de los servicios públicos, así como la reparación de la estructura urbana básica que incluya las redes de agua potable y del sistema de drenaje, una revisión de los contratos de los servicios de limpieza y alumbrado público, etcétera, y lo menos que puede hacer Miguel Riquelme, es brindar el apoyo que requiere esta labor. Para emprender tan necesario remedio a nuestras necesidades básicas de convivencia social, es necesario partir de un diagnóstico integral de la situación actual, que corresponde hacerlo a la administración que encabeza el alcalde Jorge Zermeño, quién ya ha tenido tiempo de conocer tal situación para darla a conocer a los torreonenses.
Otra de las propuestas surgidas esta semana consiste en el denominado Distrito LX, que constituye un ambicioso proyecto urbanístico que es impulsado por Renacer Lagunero y la Universidad Iberomaericana Plantel Laguna, que implica la creación de un nuevo centro de gravedad de la actividad metropolitana de la Comarca Lagunera, mediante la creación de espacios, comerciales, recreativos, habitacionales y de servicios, de última generación.
Es cierto que el plan en comento tiene como supuesto previo que se construya un nuevo aeropuerto para nuestra región, para enseguida disponer de las trecientas veintitrés hectáreas que ocupan las instalaciones aeroportuarias actuales. Que el Distrito LX sea una realidad depende de un hecho que, aunque a futuro es razonablemente previsible, en virtud de que la ubicación del aeropuerto en funciones, ya se encuentra rodeado por el crecimiento de la ciudad.
Sin dejar de distinguir lo urgente de lo importante, es positivo que el porvenir de nuestra región esté visualizado tanto por ambos niveles de autoridad, como por una sociedad deseosa de participar de cara al futuro.
