Un mal mensaje
No más de tres semanas duró la buena relación que el hoy virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el Instituto Nacional Electoral mostraron desde que este último confirmó el amplio triunfo del primero en la jornada histórica del 1 de julio. Si el proceso y la organización de los comicios le mereció al INE elogios del político izquierdista, hoy las cosas han cambiado. El motivo de la discordia entre ambos: la multa millonaria que el árbitro electoral le aplicó al partido del futuro primer mandatario, Morena, por por el probable “desvío de recursos” mediante el uso de fideicomiso para los damnificados de los sismos de septiembre de 2017.
La reacción de López Obrador debe ser motivo de reflexión. Acusó al instituto de actuar en “vil venganza” para “enlodar una acción humanitaria”. También aseguró que “no existe ningún acto inmoral con el fideicomiso a damnificados por el sismo” y que “nosotros no somos corruptos, ni cometimos ilegalidad”. En respuesta, el INE, a través de sus consejeros Ciro Murayama y Marco Antonio Baños, dijo que el órgano actuó con “evidencias, pruebas y documentos y no con vilezas” sobre lo que considera un fraude a la ley, ya que “dar dinero a la población es ilegal para un partido”. Y para el instituto, “no se trata de una conducta irregular aislada, sino de una trama de financiamiento paralelo”.
Al decir que la acción del árbitro electoral es una “vil venganza”, López Obrador evidencia que él cree que está actuando en respuesta a los recortes que el futuro presidente de la República ha anunciado y que afectan también al Consejo General del INE. Este postura representa una descalificación a priori, más propia de un candidato en campaña que de un político en proceso de ocupar la máxima magistratura del país. Porque los argumentos del instituto podrán ser o no válidos, pero quien tiene la facultad exclusiva para establecerlo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no el virtual presidente electo ni su partido.
Con su exabrupto, López Obrador manda un mal mensaje en este proceso de transición que representa una mácula a la actitud seria y responsable que se le había reconocido desde la noche que se confirmó su triunfo. Es un despropósito descalificar al INE si el cauce legal está abierto para que su partido presente los recursos de impugnación correspondientes ante el Tribunal, que es el que decidirá si la multa estuvo bien aplicada o no, y si Morena violó la ley o no. Abrir un frente de disputa por esto resulta estéril y va en contrasentido con la imagen que el propio virtual presidente electo ha querido mostrar de cara a su toma de protesta el 1 de diciembre.
Si bien es cierto que Andrés Manuel López Obrador será el presidente con mayor legitimidad electoral en la historia democrática del país, no debe olvidar que el 47 por ciento de la población no votó por él, y que tendrá que gobernar una república plural políticamente hablando en donde el disenso y el debate ya es, afortunadamente, un asunto de todos los días, y en donde existen instituciones que, con sus errores, luchan por mantener vigentes los contrapesos necesarios que deben existir en todo estado nación que aspire a ser democrático.
