El canciller mexicano, Luis Videgaray, declaró en su primera conferencia de prensa cuando fue designado, que llegaba a la dependencia para aprender de política exterior; lamentablemente cuando está a punto de concluir su gestión es muy claro que no le alcanzó el tiempo. La crisis de los niños separados de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos, evidencia de manera muy clara su incapacidad.
La llamada política de "cero tolerancia", anunciada por el fiscal general de Estados Unidos, para entrar en vigor el 7 de mayo pasado, refiere que el Departamento de Justicia norteamericano consideraba en todos los casos de cruces fronterizos ilegales como ofensas criminales y, por lo tanto, todos los detenidos ya no podrían solicitar asilo en el vecino país, lo que en automático provocaba que se separara a los padres de sus hijos menores, sin importar la edad de los mismos. Bajo la lógica de la solicitud de asilo, padres y menores permanecían juntos, hasta en tanto se resolviese el juicio.
La política entró en vigor desde el 7 de mayo y fue hasta el lunes 18 de junio, es decir, 41 días después cuando la misma hizo crisis porque los medios de comunicación divulgaron el calvario que vivían los menores de edad separados de sus hijos. Del 8 de mayo al 9 de junio, 2 mil 342 niños fueron resguardados alejados de sus padres, de los cuáles según Videgaray, únicamente 21 son mexicanos y de ellos sólo 7 permanecen en el vecino país. El resto de los niños son principalmente guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, que son los que más recurren a la solicitud de asilo por casos de violencia doméstica o de pandillas en su país de origen.
Sessions estableció que la política aplicaba también para aquellos extranjeros ilegales que vinieran acompañados de menores, por lo cual en esos casos se les separaría de sus padres y se les enviaría a un centro de procesamiento de migrantes, donde podían permanecer únicamente por un plazo de 48 horas; posteriormente son trasladados a centros de detención juveniles; una vez que concluye el juicio contra sus padres, el gobierno norteamericano inicia un proceso para colocarlos bajo la custodia de su pariente más cercano dentro de Estados Unidos; y, en caso de que no exista uno, se les entrega a un hogar sustituto, es decir, lo entregan en adopción.
Pero el riesgo de que esos menores jamás vuelvan a reunirse con sus padres se incrementa, porque no hay un registro adecuado de ambos (padres y menores) que permita darles un seguimiento.
La aplicación de esta medida depende exclusivamente de la voluntad del Ejecutivo, como quedó claro cuando el presidente Donald Trump firmó un decreto el pasado miércoles, que puso fin a la misma. Lo inhumano y cruel de la medida fue evidente por la condena unánime a la misma, tanto dentro de Estados Unidos como en los países expulsores de migrantes.
El primer cuestionamiento al gobierno mexicano es que no haya elevado la voz ni recurrido a acciones jurídicas hasta que los medios de comunicación dieron a conocer videos y audios que mostraban las condiciones y el sufrimiento que padecían los menores, es decir, pasaron 41 días de aplicación de la misma antes de que el gobierno mexicano reaccionara.
El segundo, es la insensibilidad mostrada al señalar que México era el menos perjudicado por la medida, dado que la inmensa mayoría de los menores separados de sus padres eran de otros países, como si lo grave de la decisión del gobierno norteamericano dependiese del número de afectados. La acción es intrínsecamente condenable, por lo cual incluso antes de que iniciase su aplicación se debió de haber actuado.
El tercero, es que es evidente que las vías para actuar más allá de la enérgica protesta pública, era el recurrir a las instancias de defensa de los Derechos Humanos de los dos principales organismos internacionales, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiendo de la Organización de Estados Americanos, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Cuarto, la otra acción inmediata debió ser el envío inmediato de una nota de protesta diplomática al Departamento de Estado norteamericano dejando clara el rechazó del gobierno mexicano a las medidas que estaba implementado el gobierno del vecino país del norte.
Lo más que hizo el canciller fue señalar su rechazo a la misma en una conferencia de prensa convocada una vez que los medios de comunicación habían difundido los videos y las grabaciones. Afortunadamente para los afectados, el enérgico rechazo de la opinión pública norteamericana e internacional fue de tal magnitud que obligó al presidente norteamericano a firmar el decreto que la suspendía.
La absoluta y total inoperancia de una Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por un titular que piensa que la política exterior de un país depende de las buenas relaciones personales entre él y el yerno del presidente norteamericano, es hoy más que nunca evidente. Esta relación personal ha sido un elemento que ha perjudicado terriblemente a México: primero, por la recepción que le dispensaron a Trump todavía como candidato, en su visita a México, que lo catapultó a la Presidencia; después por el impacto que la misma ha tenido para entorpecer la renegociación del Tratado de Libre Comercio; y, ahora, para el trato violatorio de los más elementales Derechos Humanos que se les dispensa a nuestros connacionales en el vecino país del norte. Afortunadamente el sexenio ya está por terminar.
