Uno de los mayores problemas nacionales es la inmovilidad social, es decir, que al menos para la mitad de los niños que nacen en el 20% de la población más pobre del país terminará su vida en el mismo lugar y únicamente el 4% alcanzará al 20% de la población con mayores ingresos. En México, particularmente, para aquéllos nacidos entre los más necesitados (al menos para la mitad de ellos) origen es destino, lo cual se convierte en un gran problema, con muchísimas derivaciones, y, eventualmente, puede provocar un estallido social.
De acuerdo a una información difundida en el portal de la revista Proceso el pasado viernes, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el club de países desarrollados al que México ingresó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en promedio en las naciones que pertenecen al mismo el 31% (19 puntos porcentuales menos que en México) permanecen en el nivel más bajo de ingresos y el 17% (13 puntos porcentuales más que México) logran llegar al grupo de mayores ingresos.
Otro dato muy revelador es que en promedio en los países integrantes de la OCDE "el niño de una familia pobre necesitaría por lo menos cinco generaciones para alcanzar un nivel medio de ingresos"; pero la variación va de dos a tres generaciones en los países nórdicos a nueve o más en algunas economías emergentes, como es el caso mexicano.
Un estudio sobre movilidad social, realizado por el Colegio de México, confirma estos datos y refleja lo que sucede en el resto de los quintiles. En el caso del primer quintil (la quinta parte de la población más pobre, que hoy promedia un ingreso familiar de prácticamente un salario mínimo mensual, es decir, 2,686 pesos), el 50% de los nacidos en el mismo muere sin movimiento alguno y únicamente el 2% alcanza al 20% más alto; el 29% de los nacidos en el quintil 2 (la quinta parte de la población que tiene un nivel de ingresos un poco mayor al más bajo, pero todavía en condiciones de pobreza), baja al nivel más bajo y aproximadamente el 5% llega al nivel más alto, es decir, más de la cuarta parte empeora y únicamente una vigésima parte llega al nivel más alto.
Al llegar al nivel más alto (la quinta parte de la población con mayores ingresos, que en estos momentos ronda en promedio los 57 mil pesos mensuales, es decir, poco más de 21 salarios mínimos mensuales) el 52% de los hijos permanece en dicho nivel y únicamente el 1% cae al nivel más pobre, es decir, el primer quintil.
Una de las razones por las que la movilidad social es tan baja es porque los niños de los niveles más bajos tienen que trabajar y muchos de ellos abandonan sus estudios en los niveles de educación secundaria o media superior. Un información difundida en el mismo portal de Proceso, el martes 12 de junio, señala que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que en el 2017, 2.1 millones de niños trabajaron en actividades no permitidas.
La información de Mathieu Tourliere, precisa que estos más de dos millones de niños se dedican a actividades que representan un riesgo para la salud y el desarrollo de los niños, ya sea porque realizan tareas peligrosas o por los horarios prolongados. Todavía peor las cifras oficiales sobre "sobre la explotación de niños con fines sexuales varían entre 16 mil y 70 mil, con una concentración más grave del problema en las zonas fronterizas, donde hasta 50 mil menores de edad estarían forzados a prostituirse."
De acuerdo a los datos del INEGI el número de menores que trabajaron en el 2017 llegó a 3.2 millones (el 11% de la población infantil), de los cuales el 40% estaba fuera del sistema educativo y el 70% no obtuvo ingresos u obtuvieron menos de un salario mínimo por su trabajo. En el 58% de los casos el empleador era un familiar del niño.
La investigadora Norma del Río, al participar en la "Mesa Social contra la explotación de niñas, niños y adolescentes" destacó que se repiten los esquemas de desigualdad y discriminación que imperan en el país: 22% de los niños que viven en el quintil más pobre trabaja y lo mismo afecta a uno de cada cinco menores indígenas.
Las cifras son contundentes y preocupantes especialmente porque hay dos tendencias que se han venido agudizando: las desigualdades y la inmovilidad social. Es imperativo romper cuanto antes esas tendencias, pues ambas ayudan a explicar entre otros el gravísimo de inseguridad que hoy padecemos en México.
Cuando los jóvenes pierden la esperanza de poder acceder a mejores niveles de vida por la vía de mejores oportunidades en el mercado formal de trabajo, se convierten en los blancos preferidos de explotadores, delincuencia organizada y polleros, entre otros. Estos jóvenes son parte de las víctimas de las equivocadas políticas públicas de ya casi cuatro décadas, por ello urge un cambio de rumbo que atienda estos problemas estructurales.
