Así le pusieron, Naturamlo; manual que perfila la política ambiental que impulsaría el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de ganar las elecciones. Lo dio a conocer el martes 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, Josefa González Blanco Ortiz Mena, propuesta obradorista para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Al mismo tiempo del anuncio, desechos tóxicos de la mina Río Tinto, en la comunidad Cieneguita Lluvia de Oro, municipio de Urique, Chihuahua, Sierra Tarahumara, quedaban esparcidos a lo largo de 12 kilómetros luego que reventó una presa de jales de minería a cielo abierto, que no cumplía las medidas medioambientales ni de seguridad; tres empleados morían, había dos heridos y siete seguían desaparecidos. Amenazaba la corriente venenosa contaminar el arroyo Tubares, afluente del río Fuerte, y contagiar el agua de la presa Luis Donaldo Colosio, ubicada en Sinaloa. Semanas antes, indígenas rarámuri denunciaron en Chihuahua capital el riesgo de fugas por fisuras de la presa, pero no fueron atendidos por autoridades estatales ni federales.
Conflictos de este y mayor calado impactarán al nuevo gobierno. A propósito de la catástrofe en Urique, organizaciones recuerdan que desde el año 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló la gran cantidad de concesiones mineras que se hallan situadas en tierras indígenas sin el consentimiento de las comunidades, e identificaba la violencia relativa a grandes proyectos autorizados en tierras y territorios indígenas sin consulta previa ni consentimiento, como una de las mayores violaciones de derechos humanos a los que se enfrentan los pueblos indígenas de México.
La Red en defensa de los territorios indígenas de la Sierra Tarahumara, que exige remediación ambiental en la devastación de Urique, auditoría a la empresa minera y sanción a los responsables del derrame tóxico, señala que la Ley Minera es sumamente flexible para atraer la inversión, aprobar las concesiones mineras, reducir impuestos e incorporar figuras legales de uso y ocupación de territorios para el impulso de esta actividad, a tal grado que se considera preferente sobre cualquier otra; que asimismo, asegura el uso industrial del agua por encima del consumo humano y doméstico, lo cual atenta contra el derecho humano al agua contemplado en la Constitución mexicana.
La misma agenda Naturamlo reconoce en su capítulo Agua, que un estudio de la organización civil Carto Crítica encontró que durante 2014, 417 mineras fueron concesionadas con un volumen de 436 millones de metros cúbicos anuales, cantidad suficiente para abastecer a toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit durante un año.
Las denuncias de las organizaciones señalan que los grandes grupos mineros despojan de la tierra a sus propietarios y posesionarios, sobre todo indígenas y ejidatarios, contaminan los mantos acuíferos, modifican agresivamente el paisaje, producen montañas de residuos que contaminan la tierra y el aire con el sistema de explotación a tajo abierto por cianuración del mineral.
La catástrofe de Urique cruza los temas transversales de biodiversidad, agua y justicia ambiental del Naturamlo.
Reacciones en redes sociales a la publicación de este decálogo de Medio Ambiente del eje Economía y Desarrollo del proyecto obradorista de nación 2018-2024, señalan que es catálogo de buenas intenciones, no va al fondo ni cuestiona el modelo de producción-consumo extractivo y privatizador.
La Red en defensa de territorios indígenas de la Sierra Tarahumara exige que el Estado priorice el respeto y resguardo de los territorios indígenas frente a la Ley Minera y la Reforma Energética, implicando su revisión tendiente a la derogación de aquello que atente contra los derechos de los pueblos indígenas.
De igual manera, que las dependencias del gobierno federal se abstengan de otorgar más concesiones o procedan a suspender y cancelar concesiones mineras o de aguas, licencias de construcción de obras de infraestructura o turísticas, permisos de aprovechamiento forestal, declaración de Áreas Naturales Protegidas, entre otros, que impacten territorios indígenas si no se cuenta con estudios de impacto ambiental y comunitario, con perspectiva sistémica y con el consentimiento expreso de comunidades afectadas otorgado conforme a los estándares internacionales.
Serían retos del Naturamlo. Alta conflictividad que encontrará el próximo gobierno.
@kardenche
