El juego tramposo de las denuncias
Es recurrente en México que la crítica hecha desde los partidos no trascienda más allá del señalamiento público. Sobre todo en época electoral, los cuestionamientos lanzados por opositores hacia los gobiernos, sean municipales, estatales o el federal, se parecen más al denuesto que a una legítima búsqueda de soluciones. Bajo esta óptica maliciosa, si algo falla la culpa exclusiva es de quien gobierna; si hay algún avance, se obvia, se minimiza o se le escatiman los méritos. Los argumentos y el sustento es lo de menos, y el actuar en consecuencia ni se menciona. Por eso es común que las denuncias que se hacen en campaña no pasen de ahí.
Si bien esta forma de actuar se traduce en golpes hacia los gobiernos señalados, a la postre termina vacunándolos y facilitando su defensa. Como los señalamientos de la oposición no derivan en sanciones, quien gobierna suele no responder, y si responde, lo hace con ligereza o descalificando la crítica atribuyéndola al golpeteo típico electoral. El problema con esta última visión es que, en medio de la contaminación y el manoseo, cualquier cuestionamiento termina en el mismo costal, aunque nada tenga que ver con el juego tramposo de los partidos. Y en eso se nos va la vida pública, elección tras elección, rumiando los mismos viejos problemas mezclados con nuevos, sin que haya de parte de los representantes populares el compromiso de resolverlos.
La semana pasada arrojó tres ejemplos claros de lo que se menciona. En el ámbito municipal, el servicio de agua potable volvió a dar la nota debido a las quejas por parte de ciudadanos que padecen escasez en al menos 50 colonias en medio de la peor ola de calor de los últimos años. Los ediles priistas y sus partidarios han aprovechado esta situación para poner en duda la capacidad de la administración del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), encabezado por Juan José Gómez, y del propio gobierno del panista Jorge Zermeño, quien busca la reelección. La reacción de estos ha sido minimizar el problema y pedir "que no se exagere".
Este es un típico ejemplo de polarización y manoseo de un asunto de vital importancia para la ciudad. La crítica de los priistas pasa por alto un hecho irrebatible: la falta de agua en verano es un problema de todos los años en el que los gobiernos locales emanados del PRI también tienen responsabilidad, a pesar de las inversiones millonarias que se han anunciado. La respuesta de la actual autoridad no sólo refleja insensibilidad hacia la realidad que sufren decenas de miles de ciudadanos, sino que es una réplica de la que en su momento dieron las administraciones tricolores, y que fueron objeto de cuestionamiento por los panistas, en ese momento oposición. Es decir, tanto unos como otros actúan de la misma manera. Mientras tanto, la historia de escasez de agua se repite año con año, y el ciudadano queda en segundo término.
En el ámbito estatal, se desató la controversia por la licitación por parte del gobierno del priista Miguel Riquelme para la compra de 2.5 millones de despensas a un costo total de poco más de 500 millones de pesos. El volumen y los tiempos de esta adquisición, aunados a que sólo una empresa mostró interés de entrar en el concurso (como si de un traje a la medida se tratara), generaron suspicacia entre un sector de la ciudadanía y legisladores e integrantes del opositor Partido Acción Nacional. La denuncia de los blanquiazules va en el tenor de la sospecha de utilización de las despensas para la compra o coacción de votos. Ante el señalamiento, el gobierno estatal decidió cambiar la fecha de entrega de los paquetes a un día después de la elección del 1 de julio, en vez de hacerlo dos días antes, como estaba previsto.
Las denuncias de utilización de recursos públicos para crear y mantener clientelas electorales aprovechando las carencias de un amplio sector de la ciudadanía no son nuevas ni involucran a un solo partido. Cuando el PAN gobernó en el nivel federal, el PRI denunció en Coahuila la utilización de los padrones federales de los programas asistenciales con fines electorales. Es decir, lo mismo que el PAN hace hoy. Pero nuevamente, más allá de las denuncias, el uso electorero de la ayuda social sigue siendo un modus operandi prácticamente de cualquier gobierno sin importar el color del partido.
Uno de los señalamientos más frecuentes durante y después de las campañas tiene que ver con el financiamiento y gasto de las mismas. Basta recordar lo ocurrido en la elección estatal de Coahuila en 2017, en la que el rebase del tope de campaña fue uno de los principales argumentos en la judicialización del proceso. Al final, en una decisión polémica, el Tribunal Electoral de la Federación le enmendó la plana al Instituto Nacional Electoral con lo que le dio el triunfo al Partido Revolucionario Institucional.
Pero el problema del financiamiento, nuevamente, es generalizado. De acuerdo con un reporte elaborado y presentado por la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la consultora Integralia, en promedio por cada peso que reportan como gasto de campaña, los candidatos a gobernador gastan otros 15 que no reportan y cuyo origen es desconocido. Es decir, se trata de un uso ilegal de dinero en las campañas. En el caso de Coahuila la proporción fue aún mayor: 18 pesos "ilegales" por cada peso "legal". La cantidad sugiere que más de un partido opera de esta forma, incluso, que la mayoría de los institutos se manejan de la misma manera. Esto descalifica moralmente la denuncia que hacen los partidos respecto al gasto de campaña del adversario, si no se procede legalmente.
Los tres problemas expuestos reflejan no sólo una total falta de voluntad política de partidos, congresos y gobiernos. Al final, lo que queda en evidencia es la ausencia de mecanismos efectivos de fiscalización y rendición de cuentas. Si un ayuntamiento no cumple reiteradamente con su obligación de garantizar los servicios básicos, si un gobierno estatal reincide en el manejo clientelar de recursos públicos y si los partidos usan sistemáticamente dinero por debajo de la mesa, es porque pueden hacerlo, porque simplemente no hay consecuencias. Y el juego incluye la denuncia pública desde la oposición sin mayor relevancia que la de tratar de golpear al rival y sumar votos. Si como sociedad queremos dar un paso más allá, es necesario comenzar a discutir soluciones de fondo que pasan por la vigilancia puntal y rendición de cuentas efectiva, y dejar a un lado las actitudes complacientes como simpatizantes o militantes de un partido político. Antes de ser partidarios, somos ciudadanos.
EJEMPLO ESPAÑOL
Seguro los españoles no querrán presumirlo, pero lo ocurrido en el país ibérico la semana pasada deja una lección a México y toda Latinoamérica: el Partido Popular de Mariano Rajoy abandona el poder por un escándalo de corrupción en el que funcionarios de ese partido cobraron comisiones extralegales a empresas privadas a cambio de contratos públicos para enriquecer a algunos y financiar campañas electorales. Un caso típico de corrupción. Los principales responsables ya fueron sentenciados y Rajoy fue destituido en medio del oprobio. Consecuencias legales y políticas, más allá de la postura del PP que intentó parapetarse tras el argumento de que sus oponentes también son corruptos. Así es como funciona una democracia.
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