La administración encara una circunstancia en extremo delicada, cualquier movimiento en falso puede hacerla resbalar en una situación aún más compleja y arrastrar a la elección, si no es que al próximo gobierno.
Puede parecer exagerado, pero el momento exige al presidente Enrique Peña Nieto conjurar la vulneración de la soberanía nacional, popular y territorial; atemperar la tensión política con la élite empresarial; y controlar, en lo posible, los daños que le depara a su partido la desastrosa campaña presidencial de su candidato. Todo sin dejar de asegurar el proceso electoral en puerta, cuyos hilos se le están yendo de la mano.
No es hora de entrar por la puerta de atrás al debate electoral, pretendiendo defender o ensalzar el legado de la administración, sino de garantizar un mínimo de seguridad y estabilidad, cuando menos, ahí donde se puede.
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En relación con la soberanía nacional, la provocación de Donald Trump imponiendo aranceles plantea la posibilidad de una guerra comercial.
Vale para los propósitos de una negociación dura aplicar el principio de reciprocidad: responder a los aranceles al acero y el aluminio con la imposición de otros, en los productos estadounidenses generados en el territorio donde el presidente Trump tiene su base social.
El recurso, bueno como primera reacción, tiene un límite. De ir a un escalamiento, México carece de parque para continuar: la dependencia es innegable. Resta suspender la negociación, recurrir a la Organización Mundial del Comercio, diseñar una estrategia con Canadá -si, finalmente, este país tiene interés en el comercio trilateral y no bilateral como, ahora, pretende Trump.
El margen de maniobra es reducido y la acción exige velocidad teniendo en frente la elección. Sería una pena que la actual administración tomara decisiones que, a la postre, afectarán a la siguiente gestión.
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Con tropiezos, idas y vueltas, encuentros y desencuentros, aflojamiento y estiramiento, la relación de Andrés Manuel López Obrador con la élite empresarial es una montaña rusa, pero poco se sabe de la relación entre ese segmento empresarial y el presidente Enrique Peña Nieto.
Ha trascendido el desencuentro que tuvieron, pero no hay claridad del estado que guarda esa relación, y el ingrediente puesto por Donald Trump exige entendimiento entre los sectores políticos y económicos nacionales. ¿Qué hay al respecto?
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La ola de violencia criminal, oficialmente reconocida, coloca en un apuro a la administración.
El crimen desafía a la autoridad en el campo electoral. Emite por anticipado y según el caso su voto de plomo o de oro. En más de un municipio elimina a quienes no quiere ver en la boleta y subsidia a quienes quiere ver triunfar. Y, de acuerdo con especialistas, bajo el manto de la impunidad criminal, algunos actores políticos aprovechan el recurso de la violencia para salir del adversario o el desvío de fondos públicos para impulsar al aliado.
Esa violencia criminal o política pone en riesgo la soberanía popular y, si bien las autoridades estatales y municipales tienen responsabilidad en garantizar el derecho a votar y ser votado, la autoridad federal no puede resbalar la propia.
A la vuelta de los años es claro que la flama de la violencia criminal se puede administrar, subir o bajar sobre la base de disminuir o acrecentar la presencia de las fuerzas federales y se ha visto que, a partir de la relación de las autoridades locales con las federales, se puede regular aquella.
La autoridad electoral debe administrar, vigilar y normar el proceso electoral; la autoridad federal está obligada a asegurarlo y garantizarlo. El operativo Escudo Titán no está arrojando los resultados esperados y el crimen está poniendo en peligro la soberanía popular. No basta decir estamos actuando, hay que actuar.
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El incremento del robo de mercancías, combustibles e insumos de la producción, a partir del dominio criminal de ductos y vías carreteras o férreas, así como el cobro de cuotas a empresas, comercios e, incluso, a sus empleados, desafían en un punto neurálgico a la administración: la economía.
Por un lado, el crimen le disputa al Estado la soberanía territorial y, por el otro, le disputa el monopolio fiscal. En más de un lugar o plaza de la República, trabajadores, comerciantes y empresarios pagan un doble tributo: el fiscal y el criminal. Ahí está, con dolor en la memoria, aquella lideresa de locatarios en Acapulco, solicitando facilidades hacendarias para poder cumplir oportunamente con el tributo criminal que no concede plazos en el pago.
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En ese cuadro se inserta el efecto que sobre el priismo puede tener la derrota electoral.
En ese terreno se advierten diferencias al interior del grupo que se apropió del PRI y, desde luego, el malestar de las corrientes excluidas en la decisión de postular a José Antonio Meade. De suyo grave la pérdida de la Presidencia de la República, a ella se suma la falta de competitividad del partido en la mayoría de los estados de la República con la gubernatura en juego y, en el arrastre, la disminución de su presencia en el Congreso de la Unión... con la consecuente pérdida de las millonarias prerrogativas.
Incorporar como el cuarto sector del priismo al calderonismo residual no es una alternativa.
El mandato presidencial concluye el primero de diciembre, no antes. Es mucho lo que está en juego. Es menester gobernar, aun cuando no se haya hecho a lo largo del sexenio.
EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ
Al parecer, el secretario de Comunicaciones y Transportes aceptará de buen talante las sanciones y castigos derivados del socavón del Paso Exprés de Cuernavaca... siempre y cuando no lo incluyan a él.
