Cuando se habla de Estado, gobierno y sistema político es muy común caer en confusiones, sobre todo cuando se está inmerso en un proceso electoral en el que el piso de las realidades y el techo de las propuestas suelen ser demasiado difusos. Así escuchamos hablar de que un gobierno central duro es sinónimo de un estado fuerte o que sólo gracias a determinado sistema político se puede alcanzar la prosperidad económica. O encontramos voces que, por ejemplo, atribuyen la falta de desarrollo económico a las deficiencias de nuestra democracia, y que aseguran que la inseguridad es producto exclusivamente de los defectos del modelo republicano de gobierno o que el Estado mexicano en su conjunto es tan malo como el titular del Ejecutivo federal en turno. La confusión llega al grado de no saber identificar qué es un tipo de estado, una forma de gobierno o un sistema político. Sin la claridad de estos conceptos, es muy difícil alcanzar un nivel de discusión constructivo.
El Estado nacional se refiere al conjunto de instituciones que dan cuerpo jurídico a una sociedad histórica determinada dentro de un país independiente. Luego, la forma de Estado es aquella como se organiza dicha armazón institucional, que puede ser del tipo unitario -puro, centralizado o descentralizado- o federal. La forma de Estado en México quedó definida como federal desde mediados del siglo XIX, y es una réplica del modelo estadounidense. Cada entidad federativa -32 en nuestro país- es soberana y cuenta con su propia constitución y gobierno, así como sus leyes particulares.
El gobierno está conformado por los órganos que encabezan y dirigen al Estado, y la forma de gobierno se refiere a la relación que tienen los distintos órganos conocidos como poderes. Las dos formas más extendidas son la monarquía -que puede ser absoluta, constitucional o híbrida- y la república -que puede ser presidencialista, parlamentaria o unipartidista. México es una república presidencialista, lo cual quiere decir que el jefe de Estado y de gobierno es el mismo, y que es independiente de los órganos parlamentarios, que representan otro de los poderes. Ambos, Ejecutivo y Legislativo, junto con el Judicial, forman la tríada republicana del modelo presidencialista básico norteamericano, en el cual está basado el de México.
El sistema político se refiere al mecanismo de participación legal que tiene la ciudadanía en el gobierno y su nivel de representación. Aquí es donde encontramos a la democracia -sea directa, representativa o popular,-la oligarquía, la teocracia y la dictadura -que puede ser sólo autoritaria o totalitaria. La precisión es muy importante porque no pocos creen que la democracia es una forma de gobierno, cuando en realidad es un sistema político. Es por eso que podemos encontrar monarquías con sistemas democráticos o repúblicas dictatoriales no democráticas. El sistema de México se define como una democracia representativa multipartidista, que es lo que comúnmente se llama democracia liberal.
Llegados a este punto, podemos enunciar con mayor comprensión que México es un Estado federal gobernado como una república presidencialista bajo un sistema democrático representativo. Ahora bien, todo esto es de iure, o como comúnmente se dice, en la teoría. Y es precisamente aquí en donde comenzamos a escudriñar las raíces de los problemas principales del país, con qué ámbitos de nuestra definición constitucional se relacionan y en qué medida. No nos equivocamos cuando decimos que México tiene problemas de corrupción, inseguridad, rezago económico, pobreza y escasa participación ciudadana. Las equivocaciones empiezan cuando intentamos repartir las responsabilidades. Y esto, como se dijo arriba, tiene que ver con la falta de comprensión de la estructura institucional.
Cuando observamos que la inseguridad ha crecido, en parte, a causa del alto nivel de impunidad, es decir, la ineficiencia de los cuerpos policiales, las fallas del entramado judicial, y por los vacíos o ambigüedades de la ley, en los tres niveles de gobierno, con un alto grado de certeza podemos decir que es el Estado en su conjunto el que está fallando. En este sentido, llama la atención que las soluciones que se proponen, o bien, son fragmentarias o caminan en sentido contrario a nuestra forma de Estado, la Federación. La debilidad percibida en las entidades federativas y los ayuntamientos, como si fueran los únicos que no funcionan, lleva a planteamientos como el de centralizar las facultades policiales, es decir, debilitar aún más a los estados y municipios.
En el tema de la corrupción, es evidente que ésta se da no sólo por falta de castigos y controles internos, sino sobre todo por ausencia de contrapesos institucionales. Encontrar este fenómeno dentro de una república, que cuenta con tres poderes independientes y tres niveles jurisdiccionales autónomos, nos lleva a pensar que nuestra forma de gobierno no está funcionando. Y es muy fácil verlo si nos acercamos a lo que ocurre en los estados, en donde es muy común que los poderes Legislativo y Judicial estén subordinados de facto al Ejecutivo. Lo vivimos en Coahuila durante el Moreirato, en el que el gobernador controlaba prácticamente todos los hilos institucionales y políticos de la entidad con los resultados que todos conocemos. Y ahí están también Veracruz, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, etc.
Si bien es cierto que buena parte de la escasa participación ciudadana en la toma de decisiones tiene que ver con la paupérrima educación cívica y la desconfianza institucional que generan gobiernos ineficientes, hay una parte muy relevante que le toca a nuestro sistema democrático, a todas luces, imperfecto y que incluso puede ser origen de los otros dos factores mencionados. Si nuestro papel estrictamente legal como ciudadanos inicia y termina en las urnas, el pago de impuestos y el respeto a las normas, es entendible que no veamos a la mayoría de la población incidiendo en la cosa pública. La potestad de las decisiones queda casi de forma exclusiva en manos de los representantes populares, gobernantes y parlamentarios, los cuales en este país casi siempre responden a los intereses de sus partidos o facciones, cuando no de poderes fácticos económicos o de otra índole más oscura.
En la medida en la que nos adentremos en una discusión pública basada en conceptos claros sobre la federación, la república y la democracia, podremos darnos cuenta, entre otras cosas, del daño que le ha hecho al Estado mexicano la ideología que impulsó el debilitamiento de las facultades estatales en beneficio del capital transnacional; de la necesidad de perfeccionar nuestra forma de gobierno para dotarla de mayores contrapesos en los tres niveles jurisdiccionales, y de la pertinencia de entender que fortalecer la democracia quiere decir dar más poder a los ciudadanos y no a los partidos políticos.
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