La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) resolvió el pasado lunes 21 de mayo "no continuar con el proceso de revisión" del salario mínimo como había establecido en el resolutivo cuarto del acuerdo de noviembre del año pasado, de mantener "la nueva estrategia de recuperación gradual y sostenida del salario mínimo general" durante el primer cuatrimestre de 2018. El Consejo de Representantes tomó su decisión a pesar de que la solicitud de aumentar el salario mínimo la apoyaban empresarios y obreros.
Ésta parece ser la única comisión tripartita en la que uno pesa más que dos, es decir, la comisión está conformada por la representación del gobierno, los empresarios y los obreros; los dos últimos demandaron que se convocara a la Comisión para cumplir con el compromiso establecido en el resolutivo cuarto, pero a pesar de los posicionamientos públicos favorables a realizar dicho ajuste, terminaron plegándose a la posición gubernamental.
Son aproximadamente 8 millones de trabajadores los que reciben como remuneración por su trabajo el salario mínimo, que en diciembre del año pasado tras el aumento, de acuerdo a lo reconocido por la misma Conasami se encuentra 10% por debajo de la línea mínima de bienestar establecida por el Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval). Así que si se considera la inflación de los últimos meses debe estar arriba del 15%.
El salario mínimo nominal era en el segundo semestre del año pasado el tercero más bajo en América Latina y había venido disminuyendo su poder adquisitivo gradualmente (por los incrementos por debajo de las tasas de inflación) durante las últimas tres décadas. En diciembre del 2016, se pensaba que empezaría una recuperación importante, al haber concedido el 9.6% de incrementó sobre al anterior, sin embargo, con el aumento a las gasolinas en enero del 2017, se compensó y provocó una inflación anual superior al 6%, con lo que la expectativas no se cumplieron.
En noviembre del año pasado, la Coparmex solicitaba un salario mínimo de 95.24 pesos, para ubicarlo por lo menos en la línea de bienestar mínimo señalado por la Coneval; y los obreros, todavía demandaban un incremento mayor para ubicarlo alrededor de los 100 pesos diarios. De acuerdo a un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, México es el país de América Latina con la peor evolución de su salario mínimo real.
El impacto de lo sucedido con el salario mínimo en México es todavía mayor, pues si bien son 8 millones de trabajadores lo que lo reciben, se convierte en un referente para la revisión de los salarios de todo el resto de los trabajadores y éste también ha seguido la misma suerte. El año pasado el 41% de los asalariados recibía ingresos por debajo de la las líneas de bienestar mínimos definidos por la Coneval.
Además el actual salario mínimo es inconstitucional, ya que la fracción VI, del Apartado A, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy puntual al señalar: "Los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos." Y esto no se cumple, pues no alcanza ni siquiera para cubrir las necesidades materiales, tal como se ha señalado en los párrafos precedentes.
Así a pesar de la lamentable realidad de una buena parte de las familias mexicanas, el Consejo de Representantes decidió nuevamente sacrificar a los trabajadores mexicanos y señaló en su comunicado oficial, donde anunciaba que suspendía el proceso de revisión del salario mínimo: "El Consejo de Representantes advierte que la economía mexicana enfrenta factores de riesgo considerables. Frente a esta perspectiva para los próximos meses, el Consejo consideró que debe privar la prudencia y evitar en lo posible descarrilar las tendencias inerciales positivas del crecimiento económico, el empleo y la inflación".
Lo más paradójico del caso es que durante las tres décadas en las que el poder adquisitivo del salario ha venido a la baja, en detrimento de la economía de la mayoría de las familias mexicanas, es precisamente el mismo período en el que los multimillonarios mexicanos identificados por la revista Forbes, más han incrementado su patrimonio. Así es evidente lo que ha sucedido: el enriquecimiento de unos cuantos a costa del empobrecimiento de los trabajadores mexicanos.
La excusa de los empresarios para no elevar los salarios es que éstos deben evolucionar de conformidad con el incremento de la productividad del trabajo y, a pesar de que ésta ha crecido muy poco, lo cierto es que su evolución no va de la mano. En los últimos 12 años (2005-2017) la productividad por hora trabajada se incrementó en 5.6%; mientras el ingreso real cayó en 29%, es decir, entre el aumento en la productividad y la disminución del salario, los empresarios han incrementado sus rendimientos en poco más de una tercera parte.
Lo cierto es que la resolución del Consejo de Representantes de esta comisión tripartita muestra una vez más su sumisión frente a los designios gubernamentales, sin importar las posiciones iniciales de los empresarios y los obreros, que terminan sometiéndose a la voluntad gubernamental, así sucedió en noviembre del año pasado, cuando disminuyeron sus pretensiones, y en este mayo, cuando cedieron a la concreción del incremento extraordinario ya acordado.
Y, desde luego, poco importa que el actual salario mínimo incumpla con la disposición constitucional, finalmente en México prácticamente todos los derechos sociales garantizados en la Carta Magna, son letra muerta.
