Estoy convencido de que una de las causas principales de la corrupción es nuestra creciente incapacidad para distinguir lo público de lo privado. Vivimos en un punto de la historia de nuestra cultura en el que, como consecuencia y de múltiples maneras, se privatiza lo público y se publica lo privado y esto sucede cada vez con mayor "naturalidad".
Hay, por supuesto, intentos por impedir que lo privado se vuelva público y lo público privado: se crean leyes e instituciones destinadas a censurar tales conductas, aunque éstas tienden a fracasar. La falta de éxito no sólo obedece a problemas de eficacia sino, sobre todo, a lo abundante de los casos: son tantos que se hace humanamente imposible atajarlos todos. Baste el ejemplo de la vía pública y la impresionante cantidad de violaciones a las normas de tránsito que se cometen a diario, en contraste de las poquísimas que son castigadas, para ejemplificar el asunto.
Sé, por supuesto, que estamos habituados a pensar que exceder el límite de velocidad en una calle o cualquier otra transgresión al reglamento de vialidad no constituye un acto de corrupción; pero realmente sí lo es, porque supone abusar de un bien público que, en teoría, tiene claras reglas para ser utilizado. Dichas normas no fueron pensadas para beneficiar a un individuo en particular, sino que, al menos en el papel, tienen por objeto el bienestar y la seguridad de todos.
De manera similar, todo acto que supone la violación de una ley anuncia la propensión para anteponer los deseos, necesidades o intereses personales al bien colectivo; lo que conduce a hacer un uso patrimonial de los bienes que, por denominación, no son propiedad exclusiva de nadie. En otras palabras, si tuviéramos bien clara la diferencia entre lo público y lo privado, no haríamos intento alguno por hacer un mal uso de los bienes de la nación, porque comprenderíamos de manera profunda que no se puede disponer de ellos a voluntad, por muy buenas razones que aleguemos tener.
Lo anterior viene a colación porque me preocupa escuchar a los candidatos hablar abiertamente de la manera en que dispondrán, a voluntad, de los bienes públicos, como si fueran de ellos; como si ser presidente del país otorgara un poder para hacer lo que viene en gana con lo que le pertenece a la nación. Por supuesto que eso es lo que ha venido ocurriendo históricamente, pero es precisamente allí en donde no logro observar cambio alguno: estamos a expensas de la buena o mala voluntad de los mandatarios.
La idea de la consulta popular con respecto a la disposición de los bienes públicos tampoco es garantía de nada, porque supone que, quienes somos consultados, entendemos el valor real, no monetario, de los bienes públicos y tenemos la capacidad de defenderlos. Es suficiente con ver el constante deterioro de los servicios públicos para ver que no es así.
La palabra "corromper" significa, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, "alterar o trastocar la forma de algo" y, como segunda acepción, "echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo". Tenemos una clara propensión a corromper lo público -y también lo privado- y ésta no se termina cuando, aún con todas las buenas intenciones del mundo, se anuncia que se dispondrá de los bienes nacionales a voluntad, sólo porque se es presidente.
