La ríspida confrontación política y la creciente violencia criminal son un peligro, una amenaza no sólo a la elección sino también a la estabilidad, a la democracia en su conjunto.
Asombra que las autoridades gubernamentales lejos de perseguir y castigar esa violencia criminal, animen la confrontación política. La tarea de la administración concluye hasta el primero de diciembre, no antes. Garantizar el derecho a votar y ser votado, cuidar del proceso electoral y evitar su descarrilamiento es -en el terreno de la seguridad- su responsabilidad.
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A fuerza de homicidios y amedrentamiento, aquí o allá y sin importar la filiación partidista, quizá a fin de preservar acuerdos o dominar territorios, el crimen determina quién puede y quién no aparecer en la boleta electoral. El crimen elimina, no elige. Y, al parecer, a la autoridad poco le importa esa forma de participación política criminal, que bien se podría denominar la elección del revólver.
Las cifras de Etellekt Consultores -especializados en riesgos- son elocuentes. Del ocho de septiembre del año pasado, fecha de arranque del actual proceso electoral, a este ocho de mayo sumaban 305 agresiones las cometidas contra dirigentes y cuadros partidistas, así como contra alcaldes y exalcaldes, precandidatos y candidatos, fundamentalmente del ámbito municipal. A resultas de esas agresiones son ya 93 los ejecutados, contándose entre ellos 35 precandidatos y candidatos. Adicionalmente, "44 familiares de actores políticos" fueron ultimados.
A esa cifra terrible, de acuerdo con la nota principal del Excélsior de ayer, se suma otro dato no menos importante. Un millar de candidatos a representaciones o puestos municipales, estatales o federales declinaron su aspiración por temor al crimen, obligados por sus partidos o por cuestiones personales.
No en vano hace unos días, la magistrada presidente del Tribunal Electoral, Janine Otálora, advirtió en una conferencia: "podrían encontrarse en la violencia, formas alternas, ilegales e inaceptables de decidir quién esté y quién no esté en la boleta electoral". Señalamiento al cual se agrega el reiterado llamado del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, a frenar de tajo la violencia y moderar el tono y la rispidez del debate electoral (Entredichos de reforma.com).
Ciertamente, dada la dimensión de los puestos en juego en esta elección -más de 3,500 posiciones- la cifra de ejecutados es marginal, pero no puede negarse que el crimen está interfiriendo en el proceso electoral y si la confrontación electoral se radicaliza aún más, la violencia podría contaminar la política y ésta a la violencia. Ya una vez, "un loco solitario" tomó la vida de Luis Donaldo Colosio y a punto estuvo de descarrilar la República. Tampoco puede justificarse tanto morir por simples ajustes de cuentas.
El escenario es en extremo peligroso. Y, justo al escribir estas líneas, las alertas informativas instaladas en el celular reportan una ejecución más, otra más. El turno correspondió, ahora, al candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto en Guanajuato, José Remedios Aguirre...
¿Cuántos más caerán antes de llegar al primero de julio?
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Ese escenario lo conoce y lo vivió el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Por eso asombra que no le dé la debida importancia a la crispación política y la violencia criminal.
El 10 de enero es fecha importante para el funcionario. Ese día, hace veinticuatro años, llegó a Gobernación como secretario particular del doctor Jorge Carpizo, quien asumía la Secretaría en medio de una crisis producto de la combinación de la violencia y la política. El 10 de enero de este año, Navarrete regresó a Gobernación como secretario y, ahora, afronta un cuadro difícil: crispación política y creciente violencia.
Desde luego, la violencia de estos días es distinta a la de 1994. Aquella tenía causas sociales y políticas y era focalizada y selectiva. La de hoy es criminal, dirigida y multipolar.
Por eso asombra que, pese a cuanto está ocurriendo, la administración no manifieste vivo y rápido interés en perseguir y castigar las ejecuciones cometidas por el crimen que atentan contra el proceso electoral y, lejos de atemperar el tono y la rispidez del discurso político, lo alienta. Se retroalimentan impunidad criminal y pusilanimidad política.
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no ceja en el afán de mostrarse como jefe de campaña de su candidato y, burla burlando, no ceja en el afán de inclinar la balanza a favor de su partido. No se planta como autoridad de gobierno, sino como debatiente sin aspiración en el concurso electoral, donde jura no participar. Si de "pensar con la cabeza" se trata, no estaría de más mirar el espejo.
Y al velador de la Procuraduría, Alberto Elías Beltrán, poco le importa usar como ariete la dependencia a su cargo contra el adversario electoral, en vez de ir por homicidas. Los magistrados electorales José Luis Vargas y Felipe Alfredo Fuentes Barrera a la cabeza confunden la investidura con el vestido y se miden la toga que no les queda. ¿Será verdad que estudian la posibilidad de anular le elección?
Juegan con las instituciones, enrarecen la atmósfera política cuando la violencia campea.
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No frenar la violencia, no atemperar el discurso sólo promete, en nombre de "la anormalidad democrática", hundir en la incertidumbre a la República.
EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ
¡Ah, qué curioso! Según el tema a debate, en Los Pinos presentan al secretario del ramo correspondiente. Eso no ocurrió en la defensa de la construcción en sus términos del nuevo aeropuerto, no llevaron a Gerardo Ruiz Esparza. ¿Por qué será?
