Los legisladores tricolores, con el apoyo de los de sus dos partidos satélites: PVEM y Nueva Alianza, aprobaron la Ley de Comunicación Social, para cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de aprobar la ley antes de que concluyera el actual período legislativo.
Al imponer su mayoría en el Congreso de la Unión, los tricolores cumplieron formalmente con el mandato de la Corte, pero lo hicieron con una ley que en realidad contradice todos los principios que debería regular: poner un tope al gasto público en la materia; establecer criterios técnicos para la selección de medios; definir con claridad lo que se incluye dentro de lo que se debe considerar propaganda gubernamental; y establecer sanciones para los servidores públicos que violen las disposiciones legales.
En la legislación que aprobaron no incluyeron ninguna disposición que realmente permita lograr dichos principios; y, por el contrario, en muchos de los casos en realidad lo que hacen es legalizar el uso de recursos públicos para fines político-electorales de los servidores públicos o del partido en el gobierno.
La nueva ley es tan mala que logró una respuesta conjunta de los relatores especiales de la OEA y la ONU en la materia. Edison Lanza, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y David Kaye, de la Organización de las Naciones Unidas, denunciaron que la normatividad deja un amplio margen para la asignación discrecional de la publicidad oficial; no prohíbe el uso de la publicidad oficial para fines electorales o partidarios; y no tiene un sistema de rendición de cuentas.
Las organizaciones de la sociedad civil, que ganaron en la Corte el amparo ante la irresponsabilidad de los legisladores de promulgar la ley, a pesar del que compromiso que ellos mismos establecieron en los transitorios de la reforma constitucional hace más de 10 años, fueron todavía más severas en sus juicios, particularmente porque centraliza la elaboración del padrón de medios, es decir, el catálogo de los medios de comunicación (publicaciones, radiodifusoras y televisoras) a las que se les puede asignar publicidad oficial.
Es decir, en el único punto en el que la ley establece una normatividad en realidad lo que hace es ponderar el criterio político y no algún criterio técnico para evaluar a cuáles medios sí se les puede canalizar recursos públicos y a cuáles no. De esta manera el control de la secretaría política del gobierno federal tiene ahora un respaldo legal. El próximo titular de Gobernación tendrá la atribución legal de decidir a quién sí y a quién no darle publicidad gubernamental, con los criterios que el considere pertinentes.
Otro de los aspectos que han sido recurrente en los últimos sexenios, los tres últimos por lo menos, es que finalmente las dependencias públicas (particularmente la Presidencia de la República) duplican el presupuesto originalmente aprobado en el mismo, y la Ley no establece ninguna norma para evitarlo.
La legislación española en la materia es uno de los referentes en la materia y, entre otras cosas establece con toda claridad que la publicidad oficial debe perseguir la utilidad pública y eso implica "erradicar las campañas que tengan como finalidad ensalzar la labor del Gobierno", es decir, la misma debe ser para proveer a la ciudadanía de la información necesaria, oportuna, precisa, clara, completa y objetiva de las políticas, programas, servicios e iniciativas públicas.
Con esta precisión se eliminaría prácticamente toda la publicidad gubernamental que hoy se difunde en los medios de comunicación mexicanos que sirve para intentar impactar positivamente en la evaluación ciudadana de la diversas instancias de gobierno; y, en contrapartida, carece de información que permita acceder a sus servicios o evaluar el éxito o fracaso de los programas gubernamentales.
Todo la campaña difundida por el gobierno federal bajo el slogan "lo bueno también cuenta y cuenta mucho", tenía un objetivo de mejorar la imagen gubernamental y era totalmente irrelevante para que la ciudadanía accediera a los productos y servicios públicos. Esto no sería posible si hubiera una ley adecuada al respecto.
Los legisladores aprobaron una legislación que les permitiera cumplir con la orden de la Corte, pero al mismo tiempo legalizara todos vicios de las prácticas mexicanas. En lugar de corregir los vicios y limitar los excesos, los legalizaron y de promulgarse la legislación, ya tendrán el fundamento legal para fundar sus acciones.
Los legisladores cumplieron formalmente con la orden de la Corte y aprovecharon el impulso para darles un respaldo legal a todos los vicios, abusos y arbitrariedades que siempre han primado en el uso de los recursos públicos para la propaganda gubernamental.
Y aunque todavía hay dos instancias que podrían corregir esta aberración que hicieron los legisladores tricolores, no se pueden albergar muchas esperanzas de que esto ocurra: el primero que lo puede hacer es el presidente de la república, que puede vetar la misma y regresarla al Congreso con observaciones, sin embargo, ya sería un nuevo Congreso el que las tendría que revisar y casi seguramente sin la mayoría tricolor que hoy prevalece; y el segundo, será el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si al menos una tercera parte de los legisladores interpone una acción de inconstitucionalidad, sin embargo, el Ejecutivo tiene el control del número de Ministros suficiente para que no se alcance la mayoría calificada que se requiere.
Otra muestra más de cómo se instauró el neopresidencialismo en el presente sexenio.
