El argumento de que el gobierno de Irak poseía armas de destrucción masiva, sirvió a la administración de George W. Bush como justificación para atacar al país asiático. Quizá ese "argumento" sea recordado como una de las grandes "fake news" del siglo veintiuno. Uno de los engaños emblemáticos para justificar acciones bélicas. Y al tenor de dichas argumentaciones, el uso de armas químicas en Siria demanda ser verificado por múltiples entidades antes de darlo por hecho y de ser tomado como justificación de ataques como una reacción a ese posible hecho.
Bajo la lógica de construir la peligrosidad del enemigo, atribuirle características bélicas, desatar un discurso de acecho sobre una sociedad, los gobiernos se arrogan el derecho de "contra atacar" a sus enemigos. En un contexto distinto al de medio oriente, la administración de Felipe Calderón invocó una guerra contra una práctica que durante décadas se realiza en el territorio de México, y que nunca había producido la cantidad de muertos que tenemos de diciembre de 2006 a la fecha.
Desde entonces, cada año en el que se celebra un proceso electoral aumenta la cifra de asesinados, desaparecidos, secuestros, extorsiones y otros delitos. Este 2018 no es la excepción. No solo crece en volumen. También las formas de muerte se diversifican. La administración de la guerra hace que algunos territorios se vean más afectados que otros. Mientras continua en los medios la disputa de las narrativas sobre quién atacó primero, quiénes son víctimas inocentes, quiénes víctimas culposas, quién pone en riesgo el Estado de derecho, qué interés internacionales están involucrados; lo que se puede comprobar es que hay civiles que están siendo asesinados en contextos de acciones de las fuerzas del Estado mexicano.
Dos casos recientes. Primero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una madre y dos hijas son asesinadas, el padre lesionado de gravedad. Una semana después, en un episodio cotidiano de fuego cruzado fallecen madre, hija y nieto, más tres hombres más que viajaban en el mismo auto. El relato dominante que se difunde en los medios de comunicación es que los dos núcleos familiares tuvieron el infortunio de cruzarse en enfrentamiento armado entre grupos delictivos ilegales y las fuerzas del Estado mexicano.
En el primer caso, donde son acribillados son una mujer de 28, dos niñas de 6 y 4 años, un hombre de 25 lesionado, el primer informe de la Secretaria de Marina sobre los hechos da cuenta de un miembro de la marina abatido y trece lesionados. Omite el ataque a la familia. Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR), posteriormente, confirmó que la familia fue atacada desde un helicóptero de la propia Secretaria de Marina.
Una vez emitido el informe de la PGR, La Marina asumió la responsabilidad, afirmando que si en principio no se señaló el ataque a civiles es porque no se contaba con dicha información. Es decir, se abre fuego de alto calibre desde el aire, y después se investiga a quién se atacó. Graves omisiones de estrategia. Se dispara indiscriminadamente o la planeación de los ataques es básicamente pésima. En este caso, la participación del helicóptero se debe a una maniobra de apoyo aéreo, porque lo que el argumento de estar reaccionando a un ataque imprevisto no tiene lugar. ¿En México se despliegan naves de combate sin plan y con permiso de abrir fuego sin planeación ni objetivos claros? ¿En un Estado de derecho caben esas tácticas de seguridad interior?
En el segundo episodio, con diferencia de días, fueron asesinados seis personas que viajaban en un mismo automóvil, en Reynosa, Tamaulipas. Según el reporte oficial, el automóvil con seis civiles se encontraba transitando una de las colonias catalogadas como de alta incidencia delictiva y con presencia de grupos criminales. En lo que podría ser una insinuación de justificación. Es decir, eso le puede pasar a los civiles que transiten libremente por el territorio nacional catalogado como peligroso. Cualquier civil puede ser asesinado por fuego cruzado entre grupos delictivos ilegales y las fuerzas del Estado. Lo que sigue es acusar a los civiles de obstrucción de la justicia.
Por aire, por tierra, en los informes oficiales, en las noticias que se difunden, es decir, por múltiples vías, los civiles en México son atacados, incluso después de ser asesinados. Aunque en algunos hechos las fuerzas armadas del Estado mexicano reconocen su responsabilidad, la debilidad de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la poca práctica efectiva de rendición de cuentas, ha provocado que distintas organizaciones locales recurran a las instancias internacionales para tratar de que las acciones criminales del Estado no queden impunes. Sin embargo, parece que se necesitará mucho más que eso para atender los efectos de la situación actual.
