El 20 de marzo se lanzó un ultimátum. Claro y fuerte lo pronunció Juan Pablo Castañón, en nombre del Consejo Coordinador Empresarial.
"A los candidatos les decimos: ya basta de agravios, de respuestas fáciles y superficiales que sólo apelan al encono social y a la división; ya es tiempo de un debate serio, profundo y responsable sobre el país que estamos construyendo".
Tres días después, justo ante la Cámara de la Industria de la Construcción, Andrés Manuel López Obrador reiteró sus objeciones al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, al efecto, propuso instalar una mesa técnica -empresarios, gobierno y Morena- para analizar el asunto y determinar la procedencia o no de la obra.
Consecuente, Juan Pablo Castañón aceptó al vuelo la idea. Empero, de inmediato lo impugnaron su gremio, la administración e, incluso, los otros candidatos. Se cayó y se calló el acuerdo. Luego, el 25 de marzo, el empresariado llamó ya no a debatir, sino a dar certeza jurídica a la inversión, a no politizar los asuntos "de trascendencia para la competitividad" y, de paso, modificó la convocatoria, el carácter y la composición de la mesa originalmente aceptada:
"... la reunión a la que se ha convocado a los equipos técnicos de los candidatos a Presidente de la República, es informativa de las características del nuevo aeropuerto y de ninguna manera pretende tener carácter sancionador de la validez de una obra que ya ha recibido las certificaciones nacionales e internacionales suficientes para su realización". (Las cursivas son propias; la cita, del comunicado del CCE).
Esos cinco o seis días resumen la contradicción en la cual rebota la circunstancia. Se exige contenido y profundidad al dicho de los candidatos presidenciales, pero no cuestionar lo hecho hasta ahora. Sin decirlo, se pide debatir con la vista al frente y sin mirar atrás, a partir de la máxima: a lo hecho, pecho. Sin embargo, es difícil fijar la vista en el horizonte cuando no se sabe bien a bien dónde está uno parado y, sobra decirlo, mucho de lo hecho ha deshecho al país.
Vista la acción, la reacción y la contra-reacción de lo sucedido, cabe preguntar si en verdad se quieren debatir o no los asuntos del interés público. Si se quiere aprovechar o no la campaña para deliberar en serio y abiertamente sobre el presente y el futuro nacional y, a resultas de ello, elegir qué camino tomar.
Después de todo, entre las características de toda elección democrática está generar una sana incertidumbre para concluir en una clara certeza, subrayar las diferencias para fijar la distinción y, obviamente, posibilitar la opción, a partir del contraste y el cotejo de propuestas.
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Hoy, como no ocurría hace tiempo, el país está ante la oportunidad de revisar qué sí ha funcionado y qué no, qué seguir haciendo y qué no, qué replantear y qué no y, desde luego, contrastar las posturas frente a lo hecho y por hacer.
Muchas de las políticas, acciones y obras emprendidas durante los últimos años se tomaron sin sujetarlas a debate. La política cupular -cuando no personal- le dio un portazo a la discusión pública prensando en el quicio de la puerta el derecho de audiencia, acomodando a capricho las prioridades nacionales y, por si ello no bastara, despreciando la importancia de comunicar e informar en serio de los planes, si así se les puede llamar.
En esta elección, más allá de filias y de fobias, la fortaleza de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador hace difícil eliminarlo como se hizo en el 2006; la posibilidad de la candidatura de Ricardo Anaya hace difícil doblarlo llevándolo ante un juez, y la debilidad de la candidatura de José Antonio Meade hace difícil impulsarlo como se hizo con su jefe.
Esa circunstancia obliga a considerar que, esta vez, el concurso sí reviste -por absurdo que parezca- un carácter electoral. No se reducirá a la automática ratificación del modelo económico y social seguido desde Carlos Salinas de Gortari hasta la fecha -las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón no significaron un cambio-, un modelo que pese a la evidencia social desconsideró problemas imposibles de ignorar. Cuestiones que, incluso, las reformas emprendidas este sexenio no consideraron y mucho menos resolvieron.
No se volteó a ver esos problemas y sí, en cambio, se acendró de modo voraz una práctica que vulnera la posibilidad de las reformas y las obras: la corrupción y la inseguridad.
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Inútil exigir a los candidatos sustanciar sus propuestas, sin disposición a abrir enteramente los oídos. Debatir puede doler y demandar rehabilitación, pero ese dolor será menor que el provocado por la exclusión y la desigualdad social o por el saqueo de los recursos.
Ante el enojo y malestar social, urge abrir, debatir y replantear los problemas relacionados con la inseguridad, la desigualdad, la impunidad y la pusilanimidad que tienen al país hundido en el miedo, la pobreza, la injusticia y la desesperanza.
Cierto, el aeropuerto es una obra de vital importancia para la economía. Empero, si muchas de las obras emprendidas por la administración llevan por sello el de la corrupción y, con frecuencia, el de la ocurrencia, más vale tener claridad de la correcta ubicación y los términos de construcción del mismo. Ayer, en estas planas, otro colaborador relataba las irregularidades ya acusadas por la Auditoría en esa obra.
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La campaña dio inicio. En noventa y dos días habrá que elegir. Ojalá los candidatos enriquezcan el debate y sus propuestas; ojalá encuentren oído.
Curioso, tras las dudas sobre el nuevo aeropuerto aparece la sombra del secretario Gerardo Ruiz Esparza.
