Hacia una nueva metrópoli
En noviembre pasado se planteó en este mismo espacio que la obra del Metrobús simbolizaba el fracaso del modelo de gestión metropolitana para impulsar la armonización y desarrollo de la zona conurbada que conforman los municipios de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros en La Laguna. Dicho modelo consiste, a grandes rasgos, en la asignación de recursos federales de una partida conocida como fondo metropolitano que es administrada por los estados a partir de la planeación de un consejo y el trabajo de comités y subcomités cuya toma de decisiones, en los tres casos, está acaparada por funcionarios estatales. Dadas las características de la región, dividida en dos entidades, ha sido muy difícil que los intereses y tiempos de los gobiernos estatales converjan para ejecutar las obras y programas autorizados de manera eficiente.
Pero el problema viene de origen. El hecho de que sean los estados y no los municipios los que lleven la batuta de los organismos metropolitanos es un contrasentido, puesto que son los ayuntamientos los más interesados e involucrados en el desarrollo de su espacio común. En este sentido, La Laguna ha sufrido un centralismo incluso en un esquema que se supone debería fomentar la autogestión y la participación de la sociedad civil de cada municipio integrante. Los alcaldes, regidores y síndicos, las figuras de representación popular más cercanas a la población, no tienen voto decisivo en dicho esquema.
Los resultados están a la vista: obras desfasadas -como el mismo Metrobús o BRT-, uso de los recursos del fondo metro para tapar los huecos presupuestarios de Coahuila y Durango, verticalidad en la concepción de proyectos y ausencia de una planeación a largo plazo. Si bien la zona conurbada ha ido aumentando su integración económica y social, esto no ha tenido consonancia en el plano de la política. Cada gobierno sigue administrando y gestionando casi exclusivamente para su propia jurisdicción, sin lograr hasta ahora armar un plan conjunto que coordine los esfuerzos y presupuestos de cada municipio hacia un objetivo común.
Lo que se tiene hasta ahora, además del fondo metro, son acuerdos de buena voluntad. Lo vimos en la pasada administración municipal torreonense, cuando el ahora gobernador Miguel Riquelme convocó a sus homólogos de las otras tres ciudades hermanas para avanzar en la uniformidad de reglamentos y así dotar de coherencia al marco normativo metropolitano. A la vuelta de los años, los logros se perdieron; nuevamente cada Cabildo ajustó las normas a sus propios intereses.
Hace unos días, los alcaldes ahora encabezados por Jorge Zermeño, retomaron las reuniones para buscar mejorar la coordinación entre ellos y lanzar algunos programas y acuerdos. Hasta ahora han planteado la exigencia de ser tratados con equidad por las entidades y la Federación en cuanto a la asignación de recursos, la revisión y explicación del proceso que siguen las obras del Metrobús, el lanzamiento de otra campaña de reforestación, el remozamiento de los accesos urbanos y, nuevamente, la armonización de varios reglamentos municipales.
Es explicable que municipios que presentan aún fuerte rezago en servicios elementales -como pavimento, conducción eficiente de agua potable, drenaje pluvial y sanitario y disponibilidad de áreas verdes y espacios públicos- tengan dificultades a la hora de planear con una visión integral y regional. A esto hay que agregar que los calendarios electorales no ayudan, mucho menos la visión electorera que suele prevalecer a la hora de armar los presupuestos. No obstante, sí es posible ir más allá de lo urgente e inmediato y plantear un nuevo modelo de gestión metropolitana.
Un ejemplo plausible es Bilbao Ría 2000, una sociedad anónima de recurso público creada para recuperar y transformar las zonas deprimidas del área metropolitana de la ciudad vizcaína. Un cuarto de siglo después, los resultados son evidentes. No sólo Bilbao, corazón de esta importante conurbación del norte de España, ha visto mejorar el espacio físico sustancialmente, en un proyecto al que le apostó el prestigioso Museo Guggenheim que se convirtió como la punta de lanza del nuevo desarrollo de la zona.
Una multiplicidad de proyectos que abarcan urbanismo, transporte y medio ambiente, han podido ser impulsados en los más de 20 municipios que conforman la metrópoli del Nervión. Los accionistas de la sociedad van desde ayuntamientos hasta autoridades provinciales y el gobierno del País Vasco, pasando por empresas públicas. El modelo es autogestivo, aunque cuenta con recursos públicos a su disposición.
Este modelo es sólo un ejemplo de que pueden hacerse las cosas de forma diferente, para nada una sugerencia de importación del mismo. La zona metropolitana de La Laguna tendrá que encontrar sus propios esquemas y organismos de acción, pero lo que es cierto es que debe hacerlo de forma más horizontal, con mejor capacidad de gestión, propiciando una mayor participación ciudadana y considerando un área mayor a la hoy establecida con otros municipios cuyo desarrollo está vinculado con el núcleo central de la comarca.
El punto de partida está dado por una agenda común, problemas que todos los municipios laguneros comparten: transporte, conectividad, competitividad, planeación urbana, conservación y cuidado del medio ambiente. La construcción de este modelo implica crear instituciones que funcionen para alcanzar los objetivos, independientemente de las personas o partidos que estén en los gobiernos locales y estatales. Mantener la apuesta en los acuerdos coyunturales de buenas voluntades y en la gestión dominada por los estados es seguir desperdiciando el tiempo y los recursos económicos.
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