Además de asesinato, en algunos casos también hay violación. Víctima de robo y además vejada. Privación de la libertad y también explotación sexual. Empleada, pero con menos salario. Trabajadora del hogar, pero sin derechos laborales. Ama de casa, pero no trabajadora. Cumpliendo cuotas de género en administraciones gubernamentales, pero sin representar los intereses de colectivos de mujeres. Además de una continua exclusión en varios ámbitos de la vida social. Parece que las revoluciones del Siglo XX fueron mucho menos efectivas o incompletas para el sector femenino. El estado de los niveles y formas de violencia de las mujeres en Coahuila da cuenta de esta realidad.
A principios de este año la Secretaria de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), entregó a la administración del estado de Coahuila el informe del grupo de trabajo creado para investigar la situación que en materia de derechos humanos viven las mujeres en la región. El Gobierno de Coahuila de inmediato acusó de recibido y en un pronunciamiento oficial calificó de "inaceptable que ser mujer signifique vivir con miedo e incertidumbre"; de tal forma fue aceptó las recomendaciones que se presentan en el informe. El papel lo aguanta todo, el presupuesto no.
A finales de febrero, Sergio Lara, secretario del ayuntamiento de Torreón, reconoció que no se cuenta con presupuesto para cumplir las recomendaciones. En sus declaraciones para este periódico afirmó que tanto la administración estatal como la municipal trabajaban de manera coordinada para atender las recomendaciones. Es necesario que las diferencias partidistas que puedan existir en los distintos niveles de gobierno no obstaculicen el acceso a la justicia y a una vida más digna para las mujeres.
Violencia misógina. Dentro de las recomendaciones que forman parte de la conclusión del citado informe, está la necesidad de crear protocolos que permitan investigar delitos con perspectiva de género. Es decir, es necesario contar con una herramienta legal que se pregunte cómo la actuación en un delito tiene matices diferentes cuando las víctimas de cualquier delito son las mujeres. Detectar la violencia específica contra un sector de la población es básico cuando se pretende contrarrestar y erradicar. Que los agentes del estado implicados en la investigación y seguimiento de estos delitos tengan la formación suficiente, pero sobre todo que se garantice un interés real de parte de éstos con esta causa social, es de vital importancia.
Mujeralidades. Un elemento a destacar en el informe realizado por el equipo de trabajo para analizar la solicitud de alerta de género es la inclusión de los distintos grupos de mujeres. En las recomendaciones se solicita reconocer a las mujeres indígenas, a las trabajadoras del campo, trabajadoras sexuales y comunidad LGBT+. Se pueden añadir los grupos de mujeres obreras, trabajadoras en casas habitación (la mayoría no cuenta con derechos laborares), las mujeres que están en los cruceros, etc. La importancia de incluir la mayor cantidad de grupos de mujeres es necesaria si deseamos conocer las formas de desigualdad y las formas específicas de violencia que se dan cuando se combina el hecho de ser mujer y un ámbito en particular que produce violaciones a los derechos de ese colectivo.
Seguimiento. No solo destacable sino necesaria la labor de seguimiento que realiza la Red de Mujeres de la Laguna. Desde el trabajo para realizar la solicitud de alerta de género, la difusión del informe y las dos actividades realizadas hasta ahora para dar a conocer los avances o estancamientos de las recomendaciones que recibieron tanto el ejecutivo de Coahuila como el de Torreón, esta red de colectivos aporta a toda la sociedad una forma concreta de cómo construir espacios de rendición de cuentas desde la organización ciudadana. El beneficio que se obtenga de esta labor no será exclusivo del sector al que buscan defender.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 21 al definir la violencia feminicida señala que, hay conductas del estado que pueden permitir la impunidad de este tipo de violencia, sin embargo, la impunidad estatal no es la única que convive con esta violación de derechos, en el mismo artículo se señala también la impunidad social que acompaña a la violencia contra las mujeres.
Evitar que la impunidad social y Estatal no sea responsabilidad de unas cuantas interesadas en el tema. Decir que es responsabilidad de todos aquí es particularmente ambiguo. Es necesario que revisemos en nuestras organizaciones formales e informales cómo es la distribución de poder, la forma en que se ejerce y sobre todo, detectar cuándo la distribución y la forma del poder son un detrimento de los derechos de la mujer.
