La Procuraduría General de la República vive sus horas más bajas desde la alternancia de 2000. Sin titular desde hace cinco meses, a la PGR se le han acumulado los casos en donde su actuación ha sido por lo menos cuestionada. En los últimos días se han ventilado en los medios de comunicación asuntos que hacen evidente la crisis por la que atraviesa esta oficina que está a punto de desaparecer para dar paso, en algún momento que lo decidan los integrantes del Congreso de la Unión, a la Fiscalía General de la República.
Cuando Raúl Cervantes dejó el cargo de procurador en octubre de 2017 para “no entorpecer el proceso de transición a la nueva Fiscalía”, declaró que “la arquitectura institucional de la PGR es inadecuada e insuficiente para llevar a cabo los procesos del nuevo sistema penal acusatorio”. Pero, por lo visto, no sólo los del nuevo sistema. El reto, al menos momentáneamente, quedó en manos de Alberto Elías Beltrán, como encargado del despacho.
Uno de los casos que más ha llamado la atención por la falta de aseo de la PGR a la hora de abordarlo es el del candidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya. En medio de acusaciones de presunto lavado de dinero, el panista acudió a la Procuraduría a solicitar que se le informe si está siendo investigado o no. Días después, en un hecho inusitado, la PGR dio a conocer un video en el que supuestamente Anaya se expresa de forma soez de un funcionario de esa oficina. El hecho fue interpretado como un uso faccioso de la institución.
Hace unos días se dio a conocer que entre noviembre de 2015 y diciembre de 2017 la Auditoría Superior de la Federación presentó 24 denuncias por presuntos desvíos de recursos públicos o mal ejercicio de los mismos, a través de un esquema de triangulación con universidades y otras entidades públicas, en los tiempos en que Rosario Robles dirigía la Secretaría de Desarrollo Social. A pesar de que algunas de las denuncias ya cumplieron dos años, la PGR no ha informado de que se haya abierto expediente o realizado consignación alguna.
En la misma semana, la Procuraduría informó que decidió archivar la averiguación previa en contra del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, bajo los delitos de lavado de dinero, fraude bancario y defraudación fiscal, al considerar que “no existen indicios probatorios en su contra”. Esta polémica decisión se da cuando el actual gobierno panista, encabezado por Javier Corral, mantiene una investigación contra el gobierno de su antecesor.
El otro asunto controvertido tiene que ver con la firma brasileña Odebrecht, involucrada en una extensa trama de corrupción en toda Latinoamérica que ha salpicado a Pemex. En una entrevista para The Wall Street Journal, Santiago Nieto, extitular de la Fepade, oficina que depende de la PGR, declaró que agentes del Gobierno federal quisieron “comprar su silencio” tras su despido de la fiscalía electoral, que se dio debido a una confrontación con Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, presuntamente vinculado con la trama Odebrecht.
El otro golpe a la PGR vino de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que presentó un informe en el que se asienta que 35 personas detenidas por el caso Iguala, en el que desaparecieron 43 estudiantes en Guerrero, fueron torturadas cuando se les tomaba la declaración; una de ellas murió por las agresiones. Esto pone en duda, una vez más, el resultado de la investigación de la PGR sobre lo ocurrido con los normalistas que se ha intentado imponer como “verdad histórica”... cuando la única verdad evidente es que la PGR enfrenta su peor crisis a escasos meses de su desaparición.
