El porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria aumentó del primer trimestre del 2005 (fecha en la que inicia la medición por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social -Coneval--) al cuarto trimestre del año pasado (último reporte) en 6.2 puntos porcentuales, para alcanzar al 41% del total de la población. No se trata del salario mínimo, sino de los salarios reales que reciben los trabajadores y empleados mexicanos.
Cuando se realiza la revisión por cada una de las entidades federativas se encuentra que en Chiapas el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral no le permite adquirir una canasta básica alimentaria (es decir, el nivel mínimo de bienestar) alcanza el 71.3%, es decir, casi tres cuartas partes de la población; en Guerrero es de 65.6 y en Oaxaca de 64.5, en estos dos casos son casi las dos terceras partes; y Morelos, Hidalgo y Veracruz, también presentan porcentajes superiores al 50% de la población. Y por arriba del 40% se encuentran San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Querétaro, Tamaulipas y Campeche.
Únicamente 4, de las 32 entidades federativas, han disminuido el porcentaje de la población que se encuentra en esta situación del primer trimestre del 2005 al cuarto de 2017: Durango en 2.4 puntos porcentuales; Jalisco y Yucatán en 2.1; y Zacatecas en 1.1; el resto lo ha incrementado. Y cuando la comparación se hace únicamente en el último año, es decir, del último trimestre del 2016 al mismo período del 2017, el resultado es que 20 de las entidades federativas aumentaron el porcentaje de población que no pueden adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral, destacando con los mayores incrementos: Hidalgo con 8.6 puntos porcentuales; Ciudad de México, 6.8; y Tabasco, 5.9.
La explicación del aumento de la población por debajo de la línea de bienestar mínimo radica principalmente en el aumento del valor de la canasta alimentaria y en la disminución o estancamiento del ingreso laboral en términos monetarios, lo que conduce a una disminución del salario real y en consecuencia no alcanza para comprar ni siquiera los bienes de la canasta básica.
El ingreso laboral real promedio cayó del segundo y tercer trimestres del 2005 (cuando alcanzó su máximo valor en pesos del primer trimestre del 2010) al cuarto trimestre del 2017 en 29%, es decir, prácticamente el ingreso laboral per cápita perdió una tercera parte de su valor en 12 años.
Esto es una consecuencia lógica de la mala calidad de los empleos que se generan en el país, pues únicamente del tercer al cuarto trimestre del 2017, el número de empleos de más de 2 salarios mínimos decreció en 859 mil 914 y en contrapartida el de menos de 2 salarios mínimos se incrementó en 1 millón 103 mil 683 personas; los empleos mejor pagados están disminuyendo y los peor pagados están aumentando.
Tan sólo en el último año (cuarto trimestre del 2016 al mismo trimestre del 2017) el poder adquisitivo del ingreso laboral disminuyó 2.5%, únicamente durante el último trimestre del año pasado cayó 1.4%.
Ciertamente en el actual sexenio se ha incrementado el número de empleos formales en un número record, lo cual es una buena noticia desde el punto de vista de que al menos gozan de la protección de la ley; pero la mala es que éstos son los peor pagados y el ingreso que reciben por su trabajo ni siquiera les permite adquirir una canasta básica alimentaria.
En el mismo período de tiempo de 12 años la productividad laboral, es decir, la producción de los trabajadores por hora trabajada, se incrementó en 5.6%, que desde luego es muy bajo si se quiere crecer a tasas mayores al 4% anual. Sin embargo, sí es contrastante que mientras el ingreso laboral real cayó en 29%, la productividad laboral se incrementó aunque haya sido en un porcentaje muy bajo.
El contraste en la evolución del ingreso y la productividad laboral es, entre otros, una de las explicaciones de que la desigualdad de ingresos se siga ensanchando en México, pues los beneficios del poco crecimiento que se ha logrado los reciben los dueños de los medios de producción a costa de los trabajadores.
Este es uno de los grandes retos que enfrentará el próximo gobierno: impulsar el crecimiento de la economía nacional, abatir la pobreza extrema e avanzar en una mejor distribución del ingreso. Por supuesto que para ello se requiere la generación de empleos, pero que éstos sean de buena calidad y para ello tienen que concurrir varios factores. La productividad laboral depende, entre otros factores, de una buena preparación y capacitación de los trabajadores, pero también la calidad de la inversión y de la infraestructura y es evidente que en México no se han podido conjugar.
El desafío es diseñar e implementar un nuevo modelo de desarrollo económico que ya no dependa exclusivamente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde la principal aportación de los mexicanos es la mano de obra barata. La transformación del modelo de desarrollo debe tiene que darse con TLC o sin él, pues lo que se requiere es insertar al país en la economía del Siglo XXI y no seguir en la era industrial con operarios mal capacitados y peor pagados.
