Desde el día de antier se llevó a cabo un delicado movimiento en cuanto a la seguridad pública de Torreón se refiere. El Ayuntamiento torreonense transfirió a control estatal al Grupo de Armas Tácticas Especiales (GATE) Municipales.
Este singular grupo fue creado en 2014, cuando el hoy gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís era el alcalde de Torreón con el objetivo de crear una fuerza especializada para combatir los delitos de alto impacto como lo son el secuestro, extorsión, ejecuciones. Para materializarlo, se reclutaron personas que debieron aprobar debidamente los controles de confianza respectivos, tuvieron que recibir capacitación especializada en el C-3 de Ramos Arizpe, Coahuila y en la ciudad de Puebla. Además, se les asignó un sueldo muy respetable; también se les dotó con equipamiento necesario para su labor y el parque vehicular respectivo. A todo esto se le añadió la particularidad que el grupo GATE no dependía de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que entonces dirigía el teniente Adelaido Flores, sino que fue colgada directamente de la Secretaría del Ayuntamiento, que estaba en manos del ex alcalde sustituto Jorge Luis Morán.
El grupo policiaco en cuestión lo conforman 100 elementos que regularmente patrullaban la ciudad encapuchados, tripulando camionetas doble cabina pintadas de negro mate y generalmente con torreta apagada. Diseño ex profeso para infundir temor.
En su andar, las unidades los Gates además de estar con el rostro cubierto, sirena y torretas apagadas, sus tripulantes estaban equipados con rodilleras, coderas, goggles y chalecos antibalas. Por supuesto, siempre cargando sus respectivas armas largas.
Como colofón de su génesis, los Gates de Torreón tienen su antecedente en el un grupo denominado Grupo de Reacción Operativa Metropolitana (GROM) creado en Saltillo cuando el presidente de la capital era Jericó Abramo Jasso, persiguiendo los mismos objetivos que los dichosos Gates. La suerte de los GROM cambió cuando arribó a la presidencia municipal de Saltillo el panista Isidro López, ya que su destino fue entonces como que ahora le está ocurriendo al GATE de acá, salieron de la administración municipal saltillense para ser absorbidos por el gobierno del Estado. Ahora que el Saltillo es gobernado nuevamente por un PRI en la persona de Manolo Jiménez, los GROM nuevamente están en la esfera municipal.
Aun con estos antecedes, la razón formal por la que el alcalde Jorge Zermeño Infante decidió desincorporarlos de la administración municipal que él encabeza, es porque este tipo de elementos oficiales con las características tan específicas, no encajan en lo absoluto con el modelo de policía de proximidad que él está buscando para Torreón. Semanas atrás, cuando salió a la luz pública que los elementos del GATE no podrían seguir deambulando encapuchados, fue cuando públicamente se comenzó a hablar de que estos policías particularmente capacitados y remunerados serían reubicados ahora en las fuerzas policiales estatales, que ahora encabeza por supuesto el gobernador Riquelme, arquitecto de su creación.
Es difícil tragarse eso de que es por el "modelo de proximidad" es por lo que el alcalde Zermeño no cuenta en sus filas con los elementos del GATE. Es cosa de notar que en primera instancia es un asunto partidario, basta ver la historia del GROM de Saltillo para notarlo.
Pero igual hay un par de elementos más. Uno de ellos es la natural desconfianza que puede surgir entre el gobierno del Estado y la administración del municipio de Torreón al pertenecer a partidos políticos contrarios. Tal vez Zermeño y su equipo piensan que tendrían espías adentro de la fuerza pública de la ciudad; la otra es que deshacerse del costo de mantenimiento de este cuerpo policial le representa un ahorro anual de al menos 36 millones de pesos, algo así como 5% del costo total de la nómina municipal. No es un mal ahorro, máxime si se considera el margen de maniobrabilidad que le da al municipio el ahorro de al menos 3 millones al mes por cuestión de nómina.
El problema de fondo como siempre es para los ciudadanos. Si bien es cierto que los elementos gates como popularmente se les conoce, ya sean estatales o municipales, han sido señalados como un cuerpo represor y flagrante violador de derechos humanos, es inapelable que los índices de delitos de alto impacto en la ciudad han disminuido sensiblemente de lo que aquí se vivía años atrás.
Cierto también que de cualquier modo es obligación legal tanto del gobernador Riquelme como del presidente Zermeño, garantizar la seguridad dependiendo de la competencia jurisdiccional que la ley les impone.
Sólo el tiempo le dará la razón a uno de los dos del convenio que celebraron para mover a los gates, esperemos que los ciudadanos no seamos conejillos de indias para estos experimentos.
