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ARTURO MACÍAS PEDROZA

LA MORAL DE LA POLÍTICA

El florecer del tema de la moral en la política con las polémicas surgidas aquí y allá, al haberse propuesto una "constitución moral", nos invitan a precisar el significado exacto de la relación entre la moral y la política.

Algunos quieren dejar a la moral fuera de los asuntos públicos porque consideran erróneamente que la moral se limita al ámbito individual. Pero con el simple hecho de calificar a un político como "bueno" o "malo", estamos declarando que hay criterios, principios, valores y virtudes que se toman en cuenta para evaluar la acción política.

Es deber de todo hombre el compromiso político, con todos los límites que ello comporta, simplemente porque es un ser social; a todos nos compete participar en la empresa humana común de la construcción de la ciudad. El creador nos ha dejado en la compañía de los demás, sin soluciones políticas anticipadas. Esta situación exige de nosotros atravesar la común búsqueda y la común fatiga, con los que coinciden con nosotros y también con los que no coinciden. El hombre que busca ser en plenitud y realizar su felicidad como fin último, encuentra en la política un problema a resolver: buscar junto a los demás lo que es bueno y justo para la sociedad. El problema de un deber ser es una empresa de todos.

Un error común es querer relacionar la moral con la religión. Es cierto que la religión puede dar muchos fundamento, motivaciones y criterios para la acción moral, pero lo fundamental de la religión no se reduce a un cumplimiento de normas, ni tiene la exclusiva de la construcción de personas buenas. La moral social es una exigencia de todo ser en el uso de su libertad que repercute en los demás. Un ateo sigue teniendo la necesidad de buscar un sentido a su vida y construir su ser humano en plenitud. "Tout est politique - la politique ce n'est pas tout" (todo es política - la política no lo es todo) se podía leer en los muros de París en 1968. Algunos han querido manipular la religión para "llevar agua a su molino", empleándola como medio para acceder al poder. Pero no es posible hacer coincidir totalmente una doctrina religiosa con las variadas e imperfectas opciones políticas. El deber de trabajar por el bien común es un compromiso "laico", no como rechazo de la religión (laicismo) sino en una sana autonomía (laicidad). La soberanía de Dios sobre los hombres y sobre el mundo no entra en competencia con la organización "mundana" de la soberanía. (Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21), A menos que la autoridad política entre en confrontación pretendiendo absolutizarse y tomar actitudes "divinas", "mesiánicas" y "redentoras".

Para la toma de posición frente a cuestiones políticas concretas y la participación en la formación de la opinión pública, debe tener presentes siempre todos los aspectos, comprometidos a favor de la solución que en cada caso resulte la mejor, o la menos imperfecta, sin cesar de tender a las realizaciones ideales. Toda empresa política es fragmentaria, incluso la más motivada y fundada éticamente, pero es necesario buscar la mejor opción, concordando y dialogando. La política que impera en nuestra realidad nacional está muy lejos de esta búsqueda del bien común y por tanto muy lejos de una moralidad política.

El bien no lo determina cada quien en un acto ciego o caprichoso, sino que es una cualidad inherente a la realidad, es por ello que la apertura a la verdad es fundamental en el diálogo político. La cerrazón, las ideologías irracionales y los fanatismos son contrarios a la búsqueda sincera de la verdad. Intereses mezquinos, particulares o de grupo son grotescos en esta búsqueda armónica del bien y la verdad para todos.

¿Una constitución moral? Las leyes tienen que estar moralmente fundamentadas, pero no se puede legislar la moral, pues tiene terminología y método diverso al jurídico; en todo caso sería necesario revisar o rehacer la centenaria constitución que nos rige actualmente y que ha sido ya muy manoseada, contiene deficiencias por superar, actualizaciones que realizar y lagunas por cubrir; todo ello en base a criterios éticos básicos y derechos humanos fundamentales que nazcan de la razón y la verdad. No se puede prometer una "constitución moral" y al mismo tiempo promover leyes aberrantes contra la familia o la vida.

Es necesaria una moralidad en la política, es decir, que busque el bien común de todas las personas y de todos los grupos; que ayuda a las personas a vivir en la libertad y solidaridad que corresponde a la dignidad humana y haga posible el logro de la justicia social y la paz. Que Incluya la voluntad y capacidad de utilizar la libertad en la sociedad organizada para utilidad de la familia, de las pequeñas comunidades, del Estado y de la comunidad mundial. Esta moral de la política nos corresponde a todos.

En cuanto a la autoridad, la ética política exige que sea genuina, poderosa, delicada y vigorosa en todas las esferas de la vida política, sin limitarse sólo a exigir la libertad sino también la conversión a una autentica moral. Todo esto no puede ser puesto en un lenguaje legislativo: ¿Cómo legislar la exigencia de la formación de una conciencia que busque valores, los jerarquice, tenga una visión clara de la tarea política y de las exigencias del bien común? ¿Cómo legislar la permanente vigilancia que se necesita frente a los peligros del egoísmo de los individuos y de los grupos? ¿Cómo legislar la tendencia a un ordenamiento político ideal sin olvidar que la política es el arte de lo posible? Dialécticamente no se da una legislación sin recurrir a la figura de un acuerdo sobre valores éticos aceptados, y por otra parte este universo de valores éticos se hace real cuando una comunidad acepta hacerlos visibles y vinculantes. ¿Cómo sancionar jurídicamente la falta de sabiduría para gobernar, la ruindad de miras, las cadenas del egoísmo colectivo y de la falta de interés por lo social?

Que Dios nos ayude a elegir los hombres y mujeres que asuman con sabiduría, valentía y competencia la dirección de nuestras comunidades, sin privar a nadie de su acción de participar en los procesos de toma de decisiones.

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