Ya se ha escrito y dicho mucho, aunque no suficiente, de los abusos de la clase política que se ha instalado en el poder. Mas que estar dedicados a dar solución efectiva a los problemas básicos que preocupan a la nación entera su preocupación principal está en asegurarse en sus puestos. La designación que en estos días los partidos están haciendo de sus candidatos a legisladores es demostración más reciente de su desatención y desprecio a las acuciantes necesidades populares.
Cada candidato que un partido propone que no reúna los requisitos necesarios le hace un severo daño a la fe que los votantes tenemos que tener en la Democracia. Llevar a un cargo público un individuo notoriamente inepto o de antecedentes oscuros constituye una cruel burla a la sociedad constituida en su inmensa mayoría por individuos que dependen de la eficacia de sus representantes en las Cámaras Legislativas para sentir que su país responde a sus necesidades.
La mera noticia de que sujetos como Napoleón Gómez Urrutia, prófugo de la justicia, pueda llegar a senador ha dejado atónica a la ciudadanía. La posibilidad de que otros, igual o más indignos pendientes de ser juzgados por crímenes o fraudes demuestra de lo bajo que ha caído el cargo legislativo degradándolo a la rebajada calificación que México merece en las agencias de noticias internacionales cuando de violencia, inseguridad e impunidad se trata.
El tema de la reelección como torcida práctica viene al caso. El ya antiguo principio de la "no reelección" debía proteger a la Nación contra los que se adueñarían de un cargo público para propio beneficio. Ahora un buen número de individuos se hicieron expertos en disfrutar de una curul o escaño para, a su vencimiento, aspirar con éxito al otro cargo en la siguiente legislatura, Estatal o Federal. Es sorprendente la agilidad con que se aprovechan de las lianas con que se han tejido redes que comunican una oportunidad con otras. La fórmula plurinominal ha resultado extraordinariamente útil que, al facilitar cierta especialización que hacia falta para dar continuidad a la experiencia acumulada por los parlamentarios, por otra parte induce la permanencia que precisamente se quería evitar. Mantener una abierta accesibilidad a la actividad política para los jóvenes es un asunto que también encontrar el equilibrio indispensable.
La experiencia en otros países es interesante. En los Estados Unidos la reelección en los cargos públicos no tiene límites. Abundan los casos de permanencia en una curul, escaño, alcaldía y demás cargos por décadas enteras. Pero las elecciones operan razonablemente bien y la ciudadanía percibe suficiente oportunidad de prolongar o recortar la función de acuerdo con la apreciación de los representados. En Europa, la reelección no tiene problema alguno y es, en esas democracias, un instrumento a la disposición tanto de los partidos como del electorado. Así, la reelección no es necesariamente dañina.
Caso distinto es el mexicano donde nos hemos hecho expertos en hilar un cargo con otro valiéndose de redes de todo tipo. Dejando a un lado los arreglos que se pacten entre los partidos, la ciudadanía tiene que tener siempre el control decisión sobre quienes deben llegar a los puestos públicos. Esto nos remite al sempiterno tema de la preparación del elector en un país donde el sistema político está sustentado en la ignorancia, la compra de voluntades, la falta de intención del hasta ahora típico político que ve en su actividad una fuente de ingreso más que la oportunidad de servir a su electorado su pueblo.
Se verá la gran dificultad de reducir el número de miembros de las dos cámaras legislativas. De 500 diputados a 100 o 200 menos va contra todo el tren de intereses que se arrastra desde hace varios años.
Las elecciones de 2018 se presentan más trascendentales que nunca. La complejidad de los problemas, los intereses económicos exigentes, la creciente importancia de México como actor internacional hace que la ciudadanía tenga más responsabilidades que antes y le impide hundirse en la decepción por lo no alcanzado. Es el momento[jf1] , ahora en el inexplicable interludio de estos días, de exigir a los candidatos que, al ocupar los cargos a que ahora aspiran, cumplan un número de compromisos bien definidos en una declaración conjunta. Los elementos de esa declaración son bien conocidos. Todos los candidatos, o al menos su mayoría, firmarían su aceptación e intención de realizarlos.
