El jueves 25 de enero pasado Enrique Peña Nieto afirmaba que las redes sociales, refiriéndose a plataformas digitales, "a veces son muy irritantes", porque en esos espacios se hacen señalamientos fuertes en desacuerdo con su administración. También dijo que los analistas solamente criticaban a su administración. Afirmó, con curiosidad irónica, que en el extranjero sí reconocen sus logros. Para dar razón de esta diferencia de opiniones, el todavía jefe del Estado mexicano expresó: "porque a la mejor no se involucran tanto en las redes, porque realmente ven lo que México ha alcanzado".
Tiene razón EPN cuando se refiere a las expresiones que abundan, sobre su persona y su desempeño, en algunas plataformas digitales. Decir que son irritantes, parece que queda ligero. Además, el análisis del mandatario en ocaso queda muy superficial cuando intenta explicar el porqué de tal situación. ¿Por qué los participantes de dichas plataformas se expresan así? ¿Cuáles son las causas de tal percepción? ¿Qué provoca la irritación?
Justo seis días después, el 31 de enero, la organización World Justice Proyect (WJP) contradecía a Peña Nieto. También del extranjero hay análisis que ofrecen mediciones donde su administración sale con calificaciones muy bajas. Estadísticas que analizan el funcionamiento del Estado de derecho colocan a México en el lugar 92, de una lista de 113 países. Claro, tal situación es para irritarse.
La diferencia entre la percepción que EPN obtiene de lo que él llama "las redes" y el "Índice de Estado de derecho 2017-2018" de WJP es que este último fue elaborado con una metodología que combina herramientas de análisis cualitativo y cuantitativo. La percepción que se refleja el índice está basada en la experiencia de 110 mil ciudadanos y 3 mil expertos. Todos los participantes representan una muestra global.
La medición se agrupa en ocho categorías en las que México sale evaluado de la siguiente forma: en ausencia de corrupción ocupa la posición 102; en cumplimiento regulatorio está en 87; en materia de derechos fundamentales obtiene el lugar 72; en gobierno abierto la posición 36; en justicia civil se encuentra en el sitio 100; justicia penal en el lugar 105; limites al poder gubernamental en la casilla 83; orden y seguridad en el puesto 99. Según el propio índice, México tiene una calificación baja en seis de las ocho categorías. Sí, es de irritarse.
Este "Índice de Estado de derecho 2017-2018" es un estudio de percepción realizado con una metodología científica que permite conocer escenarios concretos. El resultado se hace más alarmante (o irritable) cuando la medición de percepción se contrasta con los altos niveles de impunidad, el número de homicidios y desaparecidos que aumenta cada mes, la delincuencia con uso de armas, y los ejercicios de rendición de cuentas. En tal escenario el Estado puede diagnosticarse, por lo menos, como un Estado poco confiable.
Sobre el diagnóstico de un Estado poco confiable, puede dar luz el aporte de Hannah Arendt al reflexionar sobre el uso del poder en una sociedad (La condición humana, 2001), concretamente en lo que se refiere a la autoridad con la que se ejerce, es decir, a las formas del uso de ese poder, sugiere como elemento vital la confianza y el reconocimiento de legitimidad; además de la libre adhesión de la sociedad a las estructuras públicas de poder. La debida confianza en las instituciones es la que hace posible dicha adhesión; sin embargo, cuando la confianza no existe se hacen necesarias la fuerza y la imposición (Crisis de la República, 2015).
Es pertinente incluir lo reflexionado en cuanto por Claus Offe sobre la confianza (Democracy and Trust, 1999). Offe afirma que la confianza entre ciudadanos es el punto de partida para la confianza en las instituciones, y el paso de la confianza entre ciudadanos a las instituciones, es la base para una democracia funcional. Sobre el tema, Margaret Walker (Damages to trust, 2006) señala que cuando un individuo experimenta que es el Estado el generador de desconfianza entonces se produce un daño a la seguridad y a la estabilidad de la sociedad. Advierte, también, sobre los distintos niveles de daño que se puede causar.
Con todo, se puede afirmar que la percepción negativa del Estado de derecho en México tiene raíces muy profundas y puede ser de consecuencias mucho más graves que la posible irritación de un sector de la población. La falta de confianza es un daño mucho más profundo que si alguien se irrita por el funcionamiento de un país. Sin la confianza es muy difícil que pueda organizarse una sociedad, más que construya instituciones fuertes y saludables. Por lo que el problema es mucho más amplio que una administración gubernamental con malas calificaciones y comentarios negativos en plataformas digitales.
