En un país en donde la política se circunscribe casi exclusivamente a un asunto de colores partidistas, cuando no a la obtusa visión de blanco y negro, cuesta trabajo observar un movimiento como el emprendido por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, desde una perspectiva más amplia. La torpeza de buena parte de la clase política, sobre todo la local, propicia que se den situaciones tan vergonzosas como la ocurrida el jueves pasado, cuando un grupo de priistas movidos por líderes tricolores y funcionarios del ayuntamiento de Gómez Palacio literalmente echaron del municipio a los integrantes de la llamada "Caravana por la Dignidad". Una acción pedestre e injustificable que escribe una página más en el catálogo de la intolerancia política en esa ciudad y la región. Pero la movilización emprendida por el mandatario estatal panista aporta elementos de mayor relevancia que el incidente mencionado, sobre todo por los antecedentes y el contexto en el que se da.
Lo primero que destaca es el propio perfil de quien está a la cabeza. De formación periodística, Javier Corral es uno de los políticos de derecha más consistentes, cuyas posturas políticas -sin duda, varias cuestionables- lo han llevado a enfrentarse incluso con su propio partido. Su amplia y sólida trayectoria parlamentaria -ha sido diputado local y federal y senador en varias ocasiones- le ha permitido desarrollar notorias cualidades para el debate, además de profundizar en el conocimiento de las leyes mexicanas. Pertenece al segmento más joven de la generación que de la mano de Luis H. Álvarez y Francisco Barrio forjó la primera alternancia del país en ayuntamientos en 1983, año en el que Chihuahua se convirtió en referente del cambio político en México. Siempre aguerrido, Corral no ha tenido reparos en cuestionar incluso a los líderes y políticos emanados de su partido, una situación que se hizo más evidente cuando el Partido Acción Nacional alcanzó el poder federal en 2000. El hecho que hasta ahora no exista contra él señalamiento alguno por corrupción le ha ayudado a mantenerse firme en sus posiciones a pesar de las tormentas.
En 2016, Corral se convirtió por segunda vez en candidato a la gubernatura de Chihuahua luego de intentar, un año antes, ganar la elección interna del PAN para ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Esta intención lo llevó a enfrentarse abiertamente con Ricardo Anaya, a quien cuestionó sus formas y principios. Finalmente éste asumió la dirigencia nacional blanquiazul desde donde construyó su candidatura a la presidencia de la República. Corral no es gente de Anaya; sus visiones de la política son contrapuestas. Mientras que el gobernador de Chihuahua apela a la congruencia, el precandidato presidencial se apega al pragmatismo. Son los representantes más vivos de la lucha interna del PAN de hoy, en donde lo mismo convive la más férrea ortodoxia con el arribismo más ambicioso.
Desde el gobierno estatal de Chihuahua, Javier Corral ha emprendido una temeraria lucha legal contra su antecesor, César Duarte, el priista que junto con Roberto Borge y Javier Duarte, ambos detenidos, fue considerado por el hoy presidente Enrique Peña Nieto como parte de la "nueva generación" de políticos del PRI. El motivo de la lucha no podría ser otro que la corrupción. La administración actual ha documentado una serie de irregularidades presuntamente cometidas por el gobierno de Duarte que, a decir del mandatario estatal, son suficientes para solicitar la detención y extradición del exgobernador. Una de las más graves es el presunto desvío de recursos del erario chihuahuense para, a través de una triangulación, reforzar las campañas electorales de candidatos priistas. Una de las supuestas piezas clave del entramado es el coahuilense Alejandro Gutiérrez, ya detenido, alfil del exdirigente nacional tricolor Manlio Fabio Beltrones.
La movida legal de Corral no tiene precedentes porque involucra a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es la primera vez que un gobernador, del color que sea, emprende una acción directa en contra de un gobierno federal. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua, la triangulación de recursos se habría dado gracias a maniobras de funcionarios de Hacienda. Este hecho, según Corral, motivó una represalia por parte del gobierno de la República: la retención de participaciones que corresponden al Estado de Chihuahua, cosa que el actual secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, niega.
Y de la acción legal, Corral ha pasado a la movilización política. La semana anterior inició la Caravana por la Dignidad que tiene como objetivo recorrer parte del país para llegar a la Ciudad de México y exigir al gobierno de Peña Nieto la detención y/o extradición de César Duarte, así como el cese del uso discrecional de los recursos que maneja la Secretaría de Hacienda. Con su estrategia, Javier Corral asesta un duro golpe al corazón del actual poder federal y, consciente o inconscientemente, pone el dedo en la llaga de un tema que ha estado en la palestra desde el inicio del sexenio de Peña Nieto: el manejo disoluto de los gobiernos estatales, principalmente priistas aunque no exclusivamente. Por primera vez se plantea con solidez y consecuencia la idea de que el desaseo de las administraciones de las entidades federativas no sólo no es un hecho aislado, sino que cuenta con un común denominador que podría ser incluso el eje: la participación de Hacienda. He aquí la relevancia de lo que está haciendo Corral.
Por supuesto que no se puede soslayar el hecho de que todo esto ocurre en pleno proceso electoral. Pero la lejanía de Anaya con Corral permite suponer que no necesariamente el PAN sería el beneficiado de esta estrategia. Incluso Andrés Manuel López Obrador, que ha sido quien con mayor insistencia ha enarbolado la bandera del combate a la corrupción desde una posición de menor incongruencia que sus contrincantes, pudiera capitalizar la estrategia del mandatario estatal. Y si bien son válidos los cuestionamientos sobre los verdaderos intereses del gobernador chihuahuense y el descuido de sus labores de gobierno en el que estaría incurriendo, no se debe perder de vista la trascendencia de lo que ha hecho hasta ahora. Falta ver hasta qué punto la 'rebelión' de Corral termina por sacudir el podrido status quo nacional.
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