El secretario de turismo Enrique de la Madrid se pronunció a favor de legalizar la producción, comercio y consumo de mariguana como una vía para abatir los altos índices de violencia que se viven en México; incluso, fue enfático en señalar que aunque consideraba conveniente hacerlo en todo el país, si la propuesta no prosperaba en esos términos, al menos, hacerla en los destinos turísticos.
Particularmente se refirió a Quintana Roo y Baja California Sur, estados que concentran un alto porcentaje del turismo internacional y en los que el número de homicidios dolosos creció en el 2017 en alrededor de 130%, con respecto al año anterior. De la Madrid, aclaró que la propuesta la hacía a título personal, producto del estudio del tema en los últimos años.
El tema se colocó nuevamente en el centro de la opinión pública y de inmediato surgieron las voces gubernamentales que se desmarcaron de la misma, particularmente la Secretaría de la Defensa Nacional y de Gobernación, las dos más vinculadas al tema de las drogas desde el punto de vista de la seguridad; pero nada ha dicho hasta el momento la de Salud, que sin duda también tiene mucho que decir al respecto.
De los legisladores Martha Tagle, senadora independiente, criticó el desinterés del gobierno federal por impulsar una reforma al respecto y consideró positivo abrir el debate al respecto. A su vez, el gobernador de Baja California Sur, el panista Carlos Mendoza, manifestó que en principio está en contra de la legalización, pero que le parece importante analizar la propuesta, ya que señaló: "Yo en principio no estoy a favor de la legalización, pero también debo decir que parece insensato e incongruente que estemos aquí luchando con una estrategia que cuesta vidas en México y mágicamente cruzando la frontera la mariguana se vuelve legal."
Mientras tanto, de los precandidatos presidenciales, el único que abordó el tema fue Ricardo Anaya, quien se pronunció por un debate amplio e incluyente, pero señaló que en este momento su legalización no contribuiría mucho a abatir la violencia en el país, pues de acuerdo a su opinión para lograrlo tendría que ser una decisión a nivel hemisférico.
Lo importante es que el tema ya está nuevamente en la opinión pública, pues es una realidad que la violencia en México continua en una línea ascendente. En el 2017, de acuerdo a las cifras oficiales el número de homicidios dolosos en el país fue de 29 mil 168, con una tasa de 20.5 por cada cien mil habitantes, que supera al 2011 (año que aparecía como el más violento en la historia de México) con casi dos mil asesinatos y en la tasa con uno más.
Sin embargo, estas tasas son preliminares en el sentido que son las reportadas a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad, que aunque permiten identificar con claridad las tendencias, no son muy exactas en el número total, pues normalmente la cifra más precisa es la que emite el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a mitad del siguiente año, que siempre es mayor, por lo cual es un hecho que la cifra será superior a los 30 mil homicidios y la tasa también se incrementará. Pero también es un hecho que también la drogadicción avanza en el país y así lo demuestran los datos de la última encuesta nacional de adicciones.
En estas condiciones es importante reconocer que la actual estrategia de combate a las adicciones y a la inseguridad ha fracasado, por lo cual hay que explorar nuevas opciones. Es un hecho que no hay soluciones mágicas y que las que funcionan en otros países no necesariamente tendrán los mismos resultados en México, simplemente porque las condiciones son muy distintas en todos los ámbitos: cultura, tradiciones, realidad socioeconómica, etc.
Si es válido no adoptar, sin un amplio y profundo debate, ninguna de las alternativas, tampoco se pueden descartar a priori. Hasta el momento, aunque el tema ya ha estado en el centro del debate, lamentablemente nunca se ha afrontado con apertura y sin prejuicios. Este es uno de los vicios que todavía no se logran superar en el país: los foros y consultas siempre se realizan para legitimar una decisión previamente tomada.
Así fue cuando en 1980, el gobierno de José López Portillo rechazó el ingreso al Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), tras la celebración de muchos foros a todo lo largo y ancho del país; para que en el siguiente sexenio, Miguel de la Madrid, sin ninguna consulta decidiera ingresar. Y a pesar de los años y las alternancias de partidos en la Presidencia de la República, nada ha cambiado: las decisiones previamente tomadas, simplemente se legitiman con un supuesto debate; fue exactamente el proceso que siguió este mismo sexenio la limitada aprobación de la mariguana medicinal.
Aunque son temas controvertidos y polarizantes las campañas electorales son momentos ideales para que se discutan las estrategias de combate a las adicciones como a la inseguridad, pues en ambas lo que se ha hecho hasta hoy ha sido un rotundo fracaso; urge reformularlas y, en ninguno de los temas, las nuevas propuestas pueden surgir sin un amplio e incluyente debate previo. La posición de los distintos candidatos a los puestos de elección popular será también un insumo importante para que a ciudadanía ejerza un voto informado.
