Verdades y rumores.
Con la declinación de Francisco Osorio a la candidatura de la máxima casa de grillos -perdón, de estudios- de Coahuila, no sólo queda despejada la vía para que el lagunero Salvador Hernández Vélez se afiance en la rectoría de la UAdeC, sino queda en evidencia la maniobra que el gober Miguel Riquelme hizo para terminar con el monopolio del poder que el grupo de los Chemas-Chuchos mantuvieron por más de un cuarto de siglo. Era una jugada que ya se veía venir, de acuerdo con las versiones de los observadores más avezados de la política universitaria. Como usted sabrá, enterado lector, el grupo que encabezan José María Fraustro y Jesús Ochoa, ha controlado la universidad desde hace por lo menos cinco lustros, lo que les dio para construir un importante coto de poder que les ha permitido prácticamente cogobernar la provincia coahuilense desde los tiempos de Enrique Martínez.
En los últimos tres sexenios han ocupado carteras importantes en los gabinetes y fueron figuras políticas de relevancia durante todo el moreirismo. Pero esto podría cambiar a partir de este sexenio. Y es que, si bien don Miguel les cedió las dos secretarías más importantes de su gabinete a este grupo, Gobierno y Finanzas, la moneda de cambio fue la rectoría de la UAdeC, que pasará a manos del clan Medina-Hernández Vélez, que han controlado la coordinación Torreón casi desde el mismo tiempo que los Chemas-Chuchos en el estado. Así que con la confirmación de don Chava, se terminaría una era en la universidad, una en la que la academia servía de parapeto para la política, y comenzaría otra, una en la que la política terminaría dominando al 100 por ciento la academia. Porque, dicen las lenguas de doble filo, ese es el perfil del inminente nuevo rector: un político disfrazado de académico. Basta ver su carrera al interior del PRI para confirmarlo.
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Como era de esperarse, no se ha cumplido ni un mes de administración municipal y los primeros roces entre el ayuntamiento panista de Torreón y el gobierno priista de Coahuila ya comenzaron a surgir, con todo y la declaratoria de buena voluntad que hicieron el munícipe Jorge Zermeño y el gober Miguel Riquelme cuando arrancaron las obras de pavimentación del bulevar Independencia. Y no nos referimos sólo a la danza de los números relacionada con la entrega de participaciones federales que supuestamente había retenido el gobierno provincial en el sexenio de Moreira II, asunto que ya se aclaró porque, casi como por arte de magia, el dinero apareció en cuentas municipales que tal vez no habían sido bien inspeccionadas antes de soltar el golpe. Nos referimos también a la coordinación, o mejor dicho, la falta de la misma, que se observó durante la búsqueda de los tres menores de edad que se extraviaron en el Cañón de Indio. En primer lugar, los cuerpos de Protección Civil de ambos niveles de gobierno trabajaron cada quien por su cuenta, casi sin compartir información y prácticamente sin dirigirse la mirada siquiera. Los subagentes disfrazados de matorrales nos comentan que Alfonso Mijares, encargado del despacho de la dirección municipal, buscó de forma desesperada alguien que le prestara un dron para apoyarse en la búsqueda, mientras que algunos de sus empleados cuestionaban en dónde estaba el famoso helicóptero que el gobierno estatal compró hace ya varios años y que, por lo visto, sólo ha servido para dos cosas, ya sabe usted cuáles. Del lado del estado, Humberto Rodríguez, coordinador regional de Protección Civil, decidió acompañar a su gente las partes altas del cañón en un despliegue que para algunos fue innecesario debido a que la coordinación entre ambas corporaciones hubiera resultado más eficiente. Ojalá que este tipo de ruido en la comunicación y fallas de coordinación no se repitan en los operativos de seguridad.
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En donde dicen que la cosa se va a poner buena es en el PAN Coahuila, a propósito del reparto de candidaturas. Resulta que mientras el exdiputado local Jesús de León ha dicho que quiere el segundo lugar de la fórmula, ya que el primero será para una mujer por la norma de cuota de género, los subagentes disfrazados de matracas tricolores dicen que no la tiene nada fácil, incluso si busca pegarle arriba para que le den algo abajo. Cuentan que el dos veces excandidato a la gubernatura, Guillermo Anaya, aunque anda muy callado desde que se confirmó el resultado de la elección, ya tiene preparada una jugada que podría dejar a don Chuy fuera del reparto de candidaturas. Como ya se había adelantado en este espacio, la candidatura a la diputación federal más importante de La Laguna será para Luis Fernando Salazar, por lo que en teoría quedarían pendientes la segunda de la fórmula de la senaduría y la plurinominal de las dos cámaras. Como don Memo quiere el puesto dos en la fórmula al Senado y piensa acomodar a Lenin Pérez, el mandamás de la UDC, en la diputación pluri, a De León sólo le quedaría la candidatura de representación proporcional de la cámara alta. Por lo tanto, la única forma de llegar al Senado sería que el PAN ganara la elección en Coahuila, cosa que no se ve fácil. Pero como don Chuy parece decidido a quedarse con el segundo puesto, todo indica que habrá fuertes roces entre Anaya y su otrora fiel alfil.
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Gran revuelo ha causado en los corrillos políticos de la vecina Gómez Palacio una fotografía de la sala de Cabildo que anda circulando, en donde se observa que, misteriosamente, en el muro de los alcaldes, falta la fotografía de la diputada federal Rocío Rebollo. Los amantes del cuchicheo, siempre prestos a comentar, dicen que esto se debe a que la alcaldesa Leticia Herrera “mandó quitar” la imagen en el marco de la rivalidad que tiene con la también expresidente municipal dentro de la carrera por la gubernatura. Y es que, como se sabe, ambas políticas aspiran a ser las candidatas del PRI para la máxima silla del estado en 2022. Por supuesto que no faltó quien, tratando de evitar hacer grande el escándalo, dijo que todo se trató de un mal entendido y que el retiro de la foto se debió a que se le estaba “dando mantenimiento”. Los curioso es que sólo a ese retrato se le da ese mantenimiento tan frecuente y esmerado.
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A más de un año de haber iniciado la actual administración estatal en Durango, parece que “ahora sí” se decidieron a hacer cambios después de haber revisado el desempeño de algunos servidores públicos a quienes, al parecer, les ha quedado grande el traje. Y es que luego de haberse visto involucrado en acusaciones por la supuesta expedición de concesiones para el servicio público de transporte sin tener facultades para ello, uno de los primeros en dejar el cargo sería el actual subdirector de Transporte en La Laguna de Durango, Raúl Villegas Morales. Además de dichas acusaciones, el funcionario ha estado sujeto a revisiones y auditorías por parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado, las que al parecer no han arrojado nada bueno. Pese a ello, don Raúl solamente sería reubicado a otra área de la misma administración estatal, o sea, un castigo de apariencia. Otro de los cambios que se prevén es el del titular de la Recaudación de Rentas de Gómez Palacio, Ismael Sánchez Galindo quien además tiene inquietudes políticas y por ese motivo es que dejará el puesto para ser sustituido por Mario Ibáñez, quien ya forma parte de esa dependencia. En el caso de la Subdirección de Transporte, todo apunta a que la oficina será ocupada por una persona que sea de toda la confianza de la alcaldesa Leticia Herrera (qué raro), a cuyos allegados se les han otorgado posiciones de importancia dentro de la administración estatal, tal es el caso del propio subsecretario de Gobierno, Manuel Ramos Carrillo, uno de los principales enlaces entre el gobierno de Durango y la ciudadanía.
