El hallazgo dado a conocer en las últimas semanas sobre el fraude en la recolección de firmas que están cometiendo algunos de los aspirantes independientes, demostrado ya en el caso de algunos de los que buscan competir por una diputación federal, es otra muestra de la capacidad de perversión de las instituciones que tenemos los mexicanos.
Las candidaturas independientes, apenas incorporadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 2012 y a las leyes electorales secundarias en el 2014, son una buena institución, que debiese permitir mejorar la calidad de la democracia electoral, particularmente por la posibilidad que se abre para que ciudadanos sin militancia partidista puedan competir por los puestos de elección popular y el acicate que eso implica para los partidos políticos, que tendrán que mejorar sus procedimientos de selección de candidatos para no verse rebasados por los independientes.
El primer revés que sufrió dicha institución fue en la misma reforma electoral del 2014, cuando también se incorporó la posibilidad de relección de los alcaldes y diputados, pero en la misma ley se les obligó a tener que competir por la misma fuerza que los postuló, salvo que renuncien a la misma antes de la mitad del mandato. Así cuando un buen legislador o alcalde pretenda reelegirse, pero tuvo alguna diferencia con la cúpula partidista, ésta está en posibilidades de impedirles su participación.
El segundo revés se ha dado en varias de las elecciones estatales y, ahora en la federal, del impulso de falsas candidaturas independientes desde los ámbitos gubernamentales, es decir, las instancias gubernamentales promueven el registro de aspirantes como candidatos independientes con la intención de arrebatarles votos a candidatos que les pueden ganar o, como en el caso de Nuevo León, para tener aliados en el Congreso y las Alcaldías.
Esta segunda vía la analicé en este mismo espacio en la primera semana de noviembre, precisamente cuando se hizo evidente que Jaime Rodríguez, "El Bronco", había integrado todo un equipo de aspirantes para competir tanto en las elecciones estatales como federales. Estas candidaturas en realidad son dependientes, pues dependen totalmente de los apoyos y recursos del mismo gobierno. Exactamente lo mismo que realizan los partidos políticos, una vez que llegan al gobierno, así que no hay ninguna diferencia.
Y ahora aparece esta tercera perversión: la compra de firmas fraudulentas. Pedro Ferriz De Con, aspirante independiente a la Presidencia de la República, ya lo había denunciado; pero ahora el propio Instituto Nacional Electoral lo ha comprobado. La investigación la realizó únicamente entre los aspirantes a diputados federales, porque hasta la semana pasada, eran los únicos cuyo período de recolección de firmas ya había concluido.
La investigación permitió identificar que, al menos, 28 de los aspirantes incluían firmas de credenciales de elector apócrifas o simuladas, así que se procederá a negarles el registro y denunciarlos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.
Sin embargo, todo indica que la práctica se extendió a los aspirantes al Senado y la Presidencia de la República y el primero que se evidenció fue el mismo Jaime Rodríguez, quien de inmediato declaró: "Eso no es una irregularidad, eso no es algo ilegal. La gente puede sacarle copias a una credencial y tomarle la foto y enviarla; ésa no cuenta, ésa no se aplica que cuente, eso no es un fraude, eso simplemente es una travesura de alguien. O alguien le saca (copia), tú mismo si eres mi gestor le puedes sacar cien copias a tu credencial y las envías y se va como duplicada, entonces solamente cuenta una, no cuenta el resto", señaló "El Bronco".
Y negó enfáticamente que eso fuese un fraude: "No, porque el fraude sería que tú pudieras tenerlas validadas como cosas que tú mismo dijeras que son buenas".
Efectivamente los aspirantes pueden ser engañados, pero cuando un porcentaje importante (ni siquiera tiene que ser mayoría) de sus firmas es evidente que no se trata de un engaño, sino de una práctica consentida y, muy probablemente, incluso comprada.
Los aspirantes tiene plena conciencia de las facilidades y dificultades que están enfrentando para recolectar las firmas y sí hay gestores que están totalmente fuera de los parámetros que ellos tienen, pues debiese ser motivo suficiente para encender una alerta y hacer la revisión.
El sábado su representante ante el INE, Javier N. Pro, en conferencia de prensa señaló, en franca contradicción con el aspirante, que están realizando su propia investigación y que si detectan el fraude, ellos mismos los denunciarán ante los gestores.
Lo cierto es que hay tráfico de información que debe ser confidencial; que hay personas o empresas que ofrecen el servicio de recolección de firmas, que resultaron fraudulentas; y que hay aspirantes (afortunadamente no todos) que estuvieron dispuestos a pagar por ello y a cerrar los ojos frente dicha ilegalidad para lograr su objetivo de conseguir el número de firmas necesarias para obtener su registro.
Otra buena institución que está en riesgo, por la ausencia de respeto a la legalidad y el supuesto ingenio mexicano, que de inmediato encuentra formas para burlar las reglas y lograr sus objetivos sin importar los medios que se utilicen.
Aunque seguramente no es la primera vez que se recurre a esta práctica, sí es muy importante que el INE aplique todo el rigor de la ley y que el delito se sancione sin importar quiénes son los que están involucrado. Es una oportunidad para empezar a combatir la impunidad y aplicar la ley sin ningún tipo de distingo.
