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Hallan fallas en la atención a mujeres

Diagnóstico revela deficiencias legislativas, estructurales y presupuestarias

Resultados. Diagnóstico revela fallas en la atención a las mujeres que viven violencia en Torreón.

Resultados. Diagnóstico revela fallas en la atención a las mujeres que viven violencia en Torreón.

EDITH GONZÁLEZ

El diagnóstico elaborado por el grupo de expertos y expertas sobre la situación de violencia que viven las mujeres de Torreón arrojó desde deficiencias legislativas hasta estructurales, presupuestarias y de capacitación, en la atención de violencia de género en Torreón, por parte de las instancias e instituciones encargadas.

En el documento Informe del Grupo de Trabajo Conformado para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Municipio de Torreón, Coahuila, se desprenden 10 conclusiones esenciales derivadas de las deficiencias detectadas; la primera de ellas es la necesidad de fortalecer y transversalizar las capacitaciones a servidoras y servidores públicos en materia de perspectiva de género y medir su impacto.

"Derivado de la información recabada en las visitas in situ, se observa la necesidad de que se refuerce, especialmente, la capacitación y sensibilización de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia en materia de Derechos Humanos de las mujeres, en particular sobre el delito de feminicidio".

Se agrega la necesidad de capacitar y sensibilizar al personal de salud respecto de la aplicación de las normas oficiales 046 y 047.

La segunda hace referencia al Protocolo de Investigación de Delito de Feminicidio que el Estado aseguró contar con él desde enero de 2017, "Sin embargo, de la evidencia documental proporcionada por el estado y de las visitas in situ, el grupo de trabajo observó que éste no es aplicado sistemáticamente por parte de las autoridades, lo que impide que la investigación garantice la protección de los Derechos Humanos de las mujeres víctimas de violencia", apunta.

Además señala que el Estado no cuenta con un protocolo de investigación con perspectiva de género para la investigación de delitos como violación sexual y desaparición de mujeres.

La tercera conclusión hace referencia a la falta de una estrategia integral y articulada de promoción de los Derechos Humanos de las mujeres y su mecanismo para evaluar el impacto en la población.

La cuarta es la insuficiencia presupuestal y de recursos humanos del Centro de Justicia para la mujer "principal instancia de atención en ese municipio".

El grupo de trabajo constató que el municipio de Torreón no cuenta con personal especializado para conocer e investigar los delitos de feminicidio, violencia sexual y trata de personas, "lo cual reduce las posibilidades de que las investigaciones de estos delitos sean conducidas con perspectiva de género".

En la sexta conclusión detectan deficiencias en la infraestructura y recurso humano de la delegación de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas en el municipio de Torreón, así como la falta de protocolos.

El grupo señaló la falta de información pública disponible sobre el tema y como ejemplo cita al Sistema Informático de Gestión Integral y la información de la Plataforma Maltrato que no se encuentran disponibles en internet, por lo que se recomienda al estado fortalecer la Plataforma Maltrato para convertirla en un Banco de datos.

En la octava considera necesario que se cuente con un diagnóstico municipal y estatal en materia de violencia contra las mujeres, que permita diseñar las acciones de prevención.

La novena y la décima conclusión hacen alusión al "grave" problema de maternidad en niñas y adolescentes y de la necesidad de reformar el Código Penal de Coahuila para penalizar con sanciones más severas todos los delitos relacionados con la violencia hacia la mujer y contemplar como supuesto de no punibilidad del aborto, cuando el embarazo ponga en peligro la salud de la madre, y no sólo cuando su vida esté en riesgo.

En cada una el grupo hace las propuestas destinadas a resarcir las observaciones y los puntos que se van a evaluar durante el seguimiento. El Estado tiene seis meses para atender estas recomendaciones.

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