La inserción de México en la economía global se ha caracterizado por la falta de transparencia de los acuerdos comerciales firmados, así como por la intervención estatal para privilegiar a unos cuantos y dejar a una buena parte de la población a merced de los intereses corporativos.
La economía mexicana sigue siendo poco competitiva, al mismo tiempo que los procesos de apertura han abatido los lazos sociales, en todos los niveles, tanto entre el empresariado pequeño y mediano, como entre los trabajadores; la exclusión ha crecido, al mismo tiempo que los índices de violencia y delincuencia se mantienen en niveles altos.
México sigue siendo, en el nuevo panorama internacional, un país que ofrece recursos: petróleo y gas sin procesar, mano de obra no calificada, tierra para la agricultura de exportación, agua para la industria transnacional, bosques y minas.
Además, cuenta con un sistema impositivo en el que sus impuestos son destinados en una importante proporción a pagar los errores financieros de los gobiernos anteriores.
A varias décadas de la persistencia de un modelo que sacrifica la consolidación de procesos sociales -de los cuales un signo eran las prestaciones sociales alcanzadas como esfuerzo de innumerables luchas sociales- con el fin de generar condiciones que debían propiciar la riqueza y su equitativa distribución, el país se encuentra con que la riqueza, aun produciéndose, no se distribuye, sino que se fuga, en tanto que la sociedad va siendo despojada de sus derechos.
La conversión de los bienes naturales en mercancía ha impulsado agresivas estrategias que han favorecido el despojo a las comunidades, la alteración de formas tradicionales de vida, la imposición de modelos de organización ajenos a las decisiones de los grupos vulnerados, el silencio de las voces que reclaman el derecho a determinar su propio presente y futuro, y desplazamientos forzados en nombre de beneficios que, paradójicamente, nunca lo son para los principales afectados y, en la mayoría de los casos, alcanzan exclusivamente a los grupos favorecidos por las instancias gubernamentales.
Son innumerables las luchas por la tierra, el agua, el territorio, los bosques, las montañas, los ríos, sus espacios sagrados. Y no es privativo de México. Desde Canadá hasta la Patagonia la historia es la misma: la voracidad de las transnacionales en alianza con el despotismo de los estados que amenaza la vida de los pueblos.
En incuantificables reuniones comunitarias, el relato es el mismo: despojos, contaminación, destrucción, desalojos, persecución, desaparición, asesinatos.
La causa en todas las regiones es la misma: la privatización de los recursos para explotarlos; bajo argumentos como: construcción de hoteles, carreteras, zonas residenciales exclusivas, campos de golf, minas, pistas para esquiar, el progreso e, incluso, la protección ambiental.
Más grave resulta la legalización de este despojo. La Reforma Energética es un ejemplo.
Tal reforma es promovida como una alternativa para el desarrollo, pues abre el sector energético a la inversión privada, incluyendo la exploración y explotación de hidrocarburos y el uso de la fractura hidráulica o "fracking", sin considerar su devastador impacto ambiental.
Durante el año 2014 se aprobaron reformas a la Constitución y a las leyes secundarias que consistieron en el cambio de tres artículos constitucionales y de más de dos decenas de transitorios, la aprobación de ocho nuevas leyes y la modificación de al menos doce normas secundarias. Algunas de estas reformas, como la Ley de Hidrocarburos, amenazan significativamente los derechos ambientales y de los pueblos indígenas.
El artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos contraviene los artículos 1, 2 y 27 de la Constitución y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues discrimina a los ejidos y comunidades titulares de derechos agrarios al establecer que: "las actividades de Exploración y Extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas", incluyendo las que para sustento o por identidad cultural realizan las comunidades.
YES SÓLO UN EJEMPLO
Los territorios de los pueblos se enfrentan a las amenazas generadas por la Reforma Energética. El resultado de la disputa entre la agenda económica y la agenda de derechos seguirá viéndose en 2018.
@kardenche
