Sea cual haya sido la suerte del Proyecto de Ley de Seguridad Interior en el Senado de la República el día de ayer, es evidente que el PRI hecho gobierno, está haciendo de la administración de la inseguridad y la violencia que campea en el país, una herramienta de control político.
El proyecto de ley en comento fue aprobado por la Cámara de Diputados la semana pasada y estaba programado para que el día de ayer fuera discutido y votado en el Senado. La presente colaboración fue hecha antes de conocerse el resultado de dicho proceso sin embargo, cualquiera que haya sido, el contenido del proyecto aunado a la experiencia que hemos vivido los mexicanos los últimos diez años, nos indican con plena claridad que nuestras autoridades pretenden que asumamos el estado de guerra como una condición cultural irremediable, como lo han intentado con la pobreza y la corrupción.
Lo cuestionable del proyecto en última instancia, es que lleva al extremo el vicio esencial del sistema político mexicano que es el presidencialismo exacerbado, al dotar al Presidente de la República de facultades omnímodas como jefe de las fuerzas armadas, al tiempo omite considerar todo posible contrapeso institucional, frente al poder que confiere al Ejecutivo. Lo anterior porque el proyecto se reduce en dejar en manos del Presidente una fórmula de reacción inmediata a discreción, en lugar de proponer una estrategia estructurada de mediano y largo plazo.
El Proyecto de Ley vulnera al Federalismo Mexicano al hacer polvo las funciones de los gobiernos locales y municipales en materia de seguridad, sometiéndolas al Ejecutivo Federal hasta el punto de hacer desaparecer las fronteras de los tres niveles de gobierno. Lo anterior, aunado a la falta de una política de regeneración que depure y fortalezca las corporaciones policiacas civiles para adecuarlas al orden democrático al que aspiramos, amenaza con militarizar al sistema político, en detrimento de los derechos humanos, de las libertades esenciales, así como de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
La Ley no dice gran cosa. Se trata de un estatuto orgánico de treinta y dos artículos, que sin más deja al Presidente de la República, como jefe del ejército y la armada en disposición de intervenir en regiones, estados y municipios, como si de una Guardia Pretoriana se tratara.
Los defensores de la Iniciativa aseguran que contiene el marco legal al que deberán sujetarse el ejército y la Marina, tal y como el Secretario de la Defensa lo ha venido pidiendo en el discurso, pero lo cierto es que las disposiciones a las que se les pueda atribuir tal posibilidad reglamentaria y funcional brillan por su ausencia y en contraste, el fortalecimiento del poder presidencial omnipotente opera sobre las propias corporaciones castrenses.
Por otra parte, es una exageración decir como afirman sus detractores, que el proyecto de Ley en comento legaliza en automático la represión en contra de las manifestaciones pacíficas de protesta o que legitima de por sí el uso del espionaje en contra de los ciudadanos, pero es evidente que dada la experiencia nacional al respecto y el centralismo autoritario que deriva de la misma propuesta normativa cuyo comentario nos ocupa, existe el temor fundado de que así sea.
La pobreza ha sido en nuestro país de tiempo atrás, una herramienta de control político administrada a través de la explotación del hambre y de la ignorancia por medio de los programas sociales del gobierno, para efectos electorales. Desde ese punto el sistema ha pasado a tolerar la corrupción como elemento cultural e institucional que en la práctica, sirve para alentar o frenar carreras políticas y hoy día, la Ley de Seguridad Interior se erige en una nueva herramienta de control, de cara al proceso electoral del año entrante.
En todos estos casos, el engaño, la extorsión o la fuerza lisa y llana, substituyen la práctica de la política como búsqueda de acuerdos, en aras de la conseguir el bien común de la sociedad.
