Desde hace una década no coincidían un gobierno estatal del PRI en Coahuila y un ayuntamiento del PAN en Torreón. La administración local 2006-2009, encabezada por el hoy expanista José Ángel Pérez, se caracterizó, entre otras cosas, por abrir un frente contra la administración estatal del hoy expriista Humberto Moreira. La causa, que incluso llegó a la Suprema Corte, fue la creación de una Secretaría de Desarrollo Regional que el gobierno de Pérez vio como una intermediación violatoria de la autonomía municipal. Hoy, nuevamente coincide un gobierno local panista con uno estatal priista. Esto no quiere decir que, en automático, se vaya a repetir la historia, no sólo porque el alcalde electo Jorge Zermeño no es José Ángel, ni el gobernador Miguel Riquelme es Humberto, sino también porque las circunstancias son distintas. Hay que recordar además que el ayuntamiento 2003-2005, presidido por el panista Guillermo Anaya, guardó una buena relación con el entonces titular del Ejecutivo estatal, el priista Enrique Martínez, aunque al final el tristemente célebre Distribuidor Vial Revolución desató la discordia. No obstante, hoy existen en la agenda asuntos que pudieran al menos generar fricciones entre ambos niveles y complicar la relación.
Lo primero que hay que observar es que 2018 será año electoral. Además de la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, en Coahuila se renovarán las 38 alcaldías que apenas en este año fueron elegidas, una situación que de suyo plantea cierta complejidad. Hay que agregar el hecho de que por primera vez los presidentes municipales podrán reelegirse y que tendrán permitido hacer campaña sin solicitar licencia al cargo, un hecho inédito en la historia no sólo de la entidad sino también del país. La complejidad, pues, será mayúscula. Si de por sí los años electorales terminan por distorsionar la agenda pública al grado de que todos los asuntos políticos quedan subordinados a los intereses partidistas, con todos los ingredientes mencionados el panorama se torna mucho más complicado. El ayuntamiento panista y el gobierno estatal priista deberán tener una estatura de miras suficiente para hacer a un lado el sesgo electoral y poner como prioridad el bienestar de la ciudadanía.
En el caso de que estén dispuestos a sobreponer los intereses de la sociedad a los de su partido o de ellos mismos, un primer escollo que deberán superar es el de la seguridad. La semana pasada quedó claro que Zermeño y Riquelme tienen visiones distintas respecto al esquema y manejo que debe darse a este delicado asunto. Para el gobernador la prioridad es mantener una "visión de Estado" lo cual implica hacer efectiva la figura del Mando Único estatal y permitir que los grupos de élite sigan operando como hasta ahora. Para el alcalde electo, sólo puede haber coordinación con las fuerzas estatales si existe primero respeto a la autonomía municipal. El choque de trenes es evidente y no sólo se trata de una cuestión de formas. En principio, ambas autoridades deberán sentarse a la mesa a dialogar y exponer sus puntos para posteriormente lograr un acuerdo sobre cómo seguir operando dentro de una estructura que puede ser de colaboración o subordinación, según las características del Mando Único. Si no se da ese diálogo, se corre el riesgo de que se observen desajustes en la vigilancia, incluso mayores a los que se vienen presentado desde hace unas semanas por la larga transición de poderes.
Otro posible foco de conflicto es el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), específicamente por el caso de la Planta Tratadora de Aguas Residuales. La administración saliente del Simas, encabezada por Xavier Herrera, un funcionario incondicional a Miguel Riquelme, logró quitar por la vía legal el control de la planta a la compañía concesionaria Ecoagua, que fue contratada en la primera administración municipal de Jorge Zermeño (1997-1999). El argumento de Herrera es que el contrato fue lesivo para la empresa municipal descentralizada y sus finanzas, al grado de que la tratadora se pagó tres veces sin que llegara a proporcionar los beneficios previstos, aunque aquí también habría que revisar la responsabilidad del propio organismo operador. Pero las acciones legales no sólo quedaron en los ámbitos civil y mercantil, ya que la gerencia general de Simas ha anunciado la presentación de denuncias penales contra las autoridades que firmaron el contrato, es decir, el equipo de Zermeño que entonces estaba encabezado por Juan José Gómez, quien hoy se prepara para asumir de nuevo el cargo de gerente a partir de enero de 2018. Las denuncias estarían sobre el escritorio de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular es Gerardo Márquez, hombre de las confianzas de Riquelme, y el seguimiento y ratificación de las mismas correspondería a la nueva administración del Simas, lo cual puede configurar un evidente conflicto de interés.
Pero la administración zemeñista también tiene cartas que debe jugar. Una de ellas es, sin duda, el contrato multimillonario de alumbrado público. Si bien es cierto que el servicio ha pasado de los últimos lugares de calificación a los primeros en menos de un lustro, la concesión no ha estado exenta de polémica. Además del costo, que ronda los 3,000 millones de pesos, una cifra muy superior a la desembolsada por municipios como Saltillo, que también renovó su sistema de alumbrado, la prestigiada asociación Fomec señaló que existía un cobro injustificado de alrededor de 400 millones de pesos. Las nuevas autoridades han dicho que van a revisar este caso, del cual tendría que surgir un informe que aclare si ese cobro es válido o no, y si el costo total del servicio es el adecuado. Una auditoría sobre el tema podría generar fricciones entre el estado y el ayuntamiento.
Otra carta es el pavimento, hoy por hoy el servicio peor evaluado en la ciudad. Y esto es así a pesar de que los gobiernos estatal y municipal aseguran haber invertido en los últimos años casi 500 millones de pesos en conjunto para mejorar la carpeta asfáltica de Torreón. Cualquier ciudadano que recorre a diario las calles de esta urbe y conoce el monto reportado por las autoridades podrá hacerse la misma legítima pregunta: ¿dónde está invertido el dinero? El ayuntamiento que está por arrancar deberá investigar si esa inversión se hizo y de qué forma.
El repaso de todos estos posibles focos de conflicto entre los dos niveles de gobierno no es un mal presagio ni mucho menos. Poner la lupa sobre los asuntos más complejos en la relación entre ambas administraciones es también una forma de exigencia para que los equipos del alcalde electo y el gobernador actúen con la mayor responsabilidad y, sobre todo, colocando en primer lugar el interés ciudadano. Veamos si están a la altura.
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