Durante los últimos años en la Comarca Lagunera se ha observado una emergente participación de ciudadanos que se asocian y conforman organismo sociales a través de los cuales se expresan e involucran en asuntos que otrora solo eran competencia de las instituciones gubernamentales, fenómeno al cual en la literatura sociológica se le ha denominado el Tercer Sector.
Algunos autores como Serna y Monsiváis (2006) indican que este concepto "..designa al conjunto de actividades sociales que no están conducidas por el afán de lucro, pero que tampoco son de carácter estatal. Esta noción se basa en la idea de que diversos bienes colectivos se pueden producir a partir de acciones que no son de carácter mercantil y que no dependen de la autoridad política".
Aun cuando existen antecedentes de participación social en esta región con la formación de agrupamientos de habitantes urbanos o rurales como los de colonos o barrios, de las iglesias, gremios, clubes sociales, etc., una de las características que los destacan son sus vínculos y dependencia de las instituciones gubernamentales, son estructuras sociales que se convierten extensiones corpóreas o corporativas del aparato estatal y terminan formando parte del llamado Primer Sector.
La ausencia de autonomía que han presentado estas asociaciones u organismos sociales con respecto a las instituciones oficiales limita su capacidad de gestión cuando no se subordinan a ellas, o la aumentan condicionadas a esa dependencia política. En México el corporativismo se ha convertido en una las principales trabas de la transición democrática porque inhibe el ejercicio de una ciudadanía que empodere a los habitantes de este país, sujetándolos a estructuras que a algunos partidos políticos les permiten, cuando ocupan las posiciones o cargos gubernamentales, crear el llamado voto duro o cautivo.
Esta emergente participación ciudadana en gran parte es producto del vacío que ha generado el achicamiento del aparato estatal durante las últimas tres décadas en que ha permeado la ideología neoliberal en las élites políticas, restringiendo algunas de sus funciones sociales que en ámbito asistencial o de seguridad social son cubiertas por organismos civiles.
Es notoria la aparición de una gama de asociaciones que autogestionan la atención de grupos de personas que presentan discapacidades o capacidades limitadas (ancianos, migrantes, niños de la calle, indigentes, etc.), o padecen enfermedades que inhiben el desempeño de las personas, particularmente crónico-degenerativas (diabéticos, hipertensión, cáncer, etc.).
Si bien algunos de estos organismos civiles han existido en otras épocas, su multiplicación reciente es consecuencia de las condiciones de precariedad social o pobreza, de exclusión o marginación social, debido al modelo económico que rige la economía de nuestro país donde se ha mantenido esa estabilidad macroeconómica (sin omitir las crisis cíclicas que agudizan esas condiciones) pero ha persistido y acentuado la desigualdad social.
También han surgido organismos como resultado del déficit de gestión gubernamental expresada en capacidades limitadas o funciones distorsionadas de las instituciones y/o sus responsables en la atención de asuntos que forman parte de la agenda pública, es el caso de aquellas asociadas a la inseguridad y violencia, la corrupción e impunidad, la afectación de derechos humanos, la vigilancia de procesos electorales o el deterioro del ambiente.
Estos organismos civiles son, en general, diferentes de las tradicionales agrupaciones sociales sujetas a las estructuras corporativas del aparato estatal y obran, también en general, con mayor o menor autonomía de él, aún a pesar de que reciban y administren fondos públicos; algunas reciben apoyo de empresas o corporativos privados a través de fundaciones o asociaciones que transfieren fondos particulares para realizar sus actividades como parte de su responsabilidad social.
Los problemas o secuelas de fenómenos recientes derivados de la violencia provocada por el crimen organizado han propiciado que las personas se asocien y por esfuerzo y recursos propios emprendan la búsqueda de soluciones que afectado a integrantes de su comunidad, las víctimas y sus familias. La afectación de los derechos humanos que sufren algunas personas, desde aquellos asociados a servicios básicos como el agua, la seguridad social o pública, o la respuesta a acciones depredadoras de recursos naturales, la impune corrupción o desconfianza en las propias instituciones oficiales, son parte de las causales que les dan origen.
En dichas asociaciones civiles prevalece la idea de que los fondos públicos no son propiedad patrimonial de los gobernantes en turno y que, ante la restricciones funcionales de las instituciones oficiales, es posible y valido administrarlos con una vigilancia mayor que la que realizan las propias oficinas gubernamentales, además de que es común que estos solo constituyen un complemento del esfuerzo y las aportaciones voluntarias que realizan sus miembros.
Estas agrupaciones civiles tampoco realizan actividades económicas lucrativas o de carácter mercantil, salvo en forma ocasional, puesto que el objeto de su creación no responde a esos fines sino aquellos específicos de solidaridad y apoyo que adoptan sus integrantes para resolver problemas que les aquejan o acciones colectivas que les cohesionen y posibiliten el cumplimiento de sus metas, y por ello tampoco se ubican en el llamado Segundo Sector, el económico o del mercado, sino en el Tercer Sector, el cual inevitablemente continuará creciendo y formará un nuevo capital social que está contribuyendo de manera invaluable, como los servicios ambientales, en el desarrollo de nuestra sociedad.
