Tras la previsible, pero también polémica validación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y luego de un largo proceso de transición de cinco meses, el priista Miguel Riquelme asumirá el cargo de gobernador de Coahuila el viernes 1 de diciembre de 2017. La decisión del llamado Trife, así como el papel de los institutos Nacional Electoral (INE) y Electoral de Coahuila (IEC), son y seguirán siendo motivo de controversia durante varios días, incluso meses, sobre todo de cara al proceso 2018, que ya comenzó. Sin embargo, en la entidad, el cambio de poderes se dará en medio de un contexto inédito, además de complicado para el nuevo gobernador.
El primer obstáculo que Riquelme tendrá que sortear es la poca legitimidad con la que llega al Palacio Rosa de Saltillo. Las acusaciones y denuncias contra él y su equipo de trabajo en el ayuntamiento torreonense durante la campaña, el escaso margen de diferencia en la votación, y la larga y desgastante lucha postelectoral que incluyeron más señalamientos en su contra por parte de la mayoría de los candidatos derrotados, representan un lastre con el que deberá cargar por lo menos en los primeros meses de su administración. Si los partidos y excandidatos opositores son consecuentes, deberán insistir y dar seguimiento a las denuncias que interpusieron para que se esclarezcan las imputaciones y se deslinden las responsabilidades. Si no lo hacen, quedará claro que su único objetivo era el golpeteo electoral. De cualquier forma, la legitimidad del que llega es acotada y tendrá que trabajar bastante para comenzar a construirla.
Riquelme arriba al poder estatal cargando la losa de haber sido el candidato del gobernador saliente, Rubén Moreira. Este sexenio, junto con el anterior, iniciado por Humberto, hermano de Rubén, y finalizado por Jorge Torres López, prófugo de la justicia estadounidense, han sido objeto de señalamientos vertidos por partidos de oposición, medios, grupos empresariales y organizaciones de la sociedad civil por diversos motivos que van desde la adquisición de una deuda no esclarecida en su totalidad, hasta el incremento de los índices delictivos entre 2010 y 2013 a niveles nunca antes vistos en la historia reciente de Coahuila, pasando por la contratación de presuntas empresas "fantasma". Casos como el de la masacre de Allende, el penal de Piedras Negras y los cientos de desaparecidos siguen presentes en la agenda nacional e, incluso, internacional, a pesar de los esfuerzos del Gobierno estatal por enfriarlos. La nueva administración tendrá que decidir entre dar continuidad al moreirismo en este sentido o marcar una nueva ruta que implicaría investigar a funcionarios y exfuncionarios del llamado Moreirato. Dada la relación política existente entre el saliente y el entrante, esto último se antoja difícil.
Pero Riquelme tendrá enfrente un Congreso local dividido en el que el PRI, por primera vez en el presente siglo, no tendrá la mayoría absoluta, situación que hasta la actual legislatura le permitió a los gobernadores emanados de ese partido ejercer un férreo control político. Este hecho es relevante porque, contrario a los tres gobiernos estatales anteriores, el que inicia el 1 de diciembre próximo tendrá que hacer política, es decir, dialogar con las fuerzas de oposición para impulsar una agenda legislativa. Además, la Legislatura LXI que comienza a partir del 1 de enero de 2018 estará en condiciones de ser el contrapeso al que las seis anteriores renunciaron por su abrumadora mayoría priista. Después de la legislación, la fiscalización es facultad primordial del Congreso estatal, por lo que hay que ver si los diputados de oposición, principalmente los del PAN, UDC y Morena, están dispuestos a ejercerla.
En el aspecto político también destaca que Coahuila nuevamente tendrá elecciones en 2018, por lo que cualquier acercamiento entre el Gobierno estatal, los ayuntamientos o legisladores de oposición, estará contaminado por la agenda electoral. En este contexto, la administración de Riquelme podrá hacer poco más que la presentación de su plan estatal de desarrollo. Por otra parte, el priista tendrá que plantar cara al hecho de haber perdido en Torreón, en donde su partido se desfondó, situación que sólo pudo ser compensada por la debacle del PAN en Saltillo. No es un asunto menor que la ciudad que el futuro titular del Ejecutivo estatal gobernó por tres años le haya dado la espalda en un claro mensaje de desaprobación.
El gobierno de Miguel Riquelme será el primero en operar con el Sistema Estatal Anticorrupción completo. No obstante, en dos de sus piezas fundamentales, la fiscalía especial y el tribunal administrativo, fueron seleccionados perfiles afines al grupo en el poder de los últimos 12 años. Pero en la Fiscalía General del Estado, órgano que sustituye a la Procuraduría General de Justicia, se nombró como titular a un funcionario cercano a Riquelme. Esta configuración no permite observar que el sistema vaya a funcionar con la autonomía que se anunció cuando fueron concebidas las reformas que le dieron vida. Hay que poner el ojo en este asunto ya que el entramado institucional de nueva creación pudiera ser utilizado como arma política contra los que sean considerados adversarios del régimen.
Aunque en el discurso oficial no se reconoce, las finanzas públicas siguen ahorcadas por un pasivo bancario que alcanza ya los 36,800 millones de pesos, con todo y que desde 2012 y hasta el cierre de administración en 2017 se habrán pagado 19,000 millones por concepto de servicio de deuda. Es decir, no sólo no se ha logrado disminuir el monto, sino que éste ha aumentado. Y si se suman 1,200 millones de pesos del pasivo a corto plazo de proveedores, el endeudamiento total es de 38,000 millones, equivalente al 80 por ciento del presupuesto que ejercerá Coahuila en 2018, y por el cual el próximo gobierno tendrá que llevar a cabo una nueva reestructura. No sólo el margen de maniobra será acotado para Riquelme en lo político, sino también en lo financiero.
Por último, es importante ver el papel que va a jugar la sociedad civil organizada, que en su ala más crítica hacia el poder estatal ha ido creciendo en voz, articulación y vinculación con organizaciones asentadas en la capital de la República. Estos grupos pueden ser otro contrapeso importante, si así lo deciden y actúan con inteligencia para vigilar el ejercicio de los recursos públicos y el desempeño de las instituciones en el sexenio que está por comenzar. Pero también hay que observar la reacción del nuevo gobierno hacia la crítica, no sólo de estos organismos, sino también de la Iniciativa Privada, la prensa independiente y la opinión pública en general, ya que a nivel local como estatal no existen buenos antecedentes de tolerancia hacia los cuestionamientos. El nuevo gobierno deberá entender que la democracia sólo funciona si hay espacio para el disentimiento.
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