El fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado viernes 24 de noviembre, simplemente consuma un fraude electoral muy anunciado por las decisiones previas del mismo órgano jurisdiccional; el Tribunal se olvidó de la justicia, el respeto a la legalidad y la voluntad popular, lo importante era evitar la anulación de las elecciones de Coahuila y, de esta forma, dejar claro que en las elecciones del 1 de julio del 2018 el tricolor tiene las manos libres para implementar todo tipo de tropelías.
La designación de los 7 Magistrados de la Sala Superior en octubre del año pasado evidenció nuevamente el reparto de las cuotas partidistas, pero en esa ocasión el PRI logró hacerse de la mayoría en dicho órgano, con lo cual se aseguró su impunidad y aprovechó los comicios de junio de este año para probar cuáles eran los límites del sometimiento de sus Magistrados.
El todavía gobernador Rubén Moreira construyó, desde los tiempos en los que su hermano Humberto gobernaba el estado, una muy bien aceitada maquinaria partidista vinculada a los programas que implementa el gobierno estatal, para asegurarse el número suficiente de votos para garantizar su triunfo electoral.
El mayor reto lo enfrentaron en la elección de este año, por el desgaste sufrido después de 12 años de gobierno, aunado al destape de los escándalos de corrupción vinculados particularmente a la gestión de Humberto. En esas circunstancias tuvieron que echar mano de todos los recursos a su alcance: condicionamiento de programas públicos, compra y coacción del voto e, incluso, al mal manejo de los paquetes electorales.
Las evidencias inundaron las redes sociales: los videos de paquetes electorales mal armados; transportados descuidadamente y almacenados en bodegas que incumplían el protocolo establecido no dejan lugar a dudas. Ante la imposibilidad de negar las evidencias, incurrieron en la aberración de señalar (de acuerdo a lo señalado en la información difundida por el periódico Reforma, en su edición sabatina) que "los paquetes vulnerados se sometieron a un recuento, por lo cual esa posible irregularidad fue subsanada", pues sí los paquetes fueron violados fue para alterar el contenido de los mismos, con lo cual recuento no puede remediar nada, pues refleja el resultado del nuevo contenido, no del original armado por los funcionarios de mesa directiva de casilla.
Pero tampoco les importó que el mismo PRI haya reconocido que el reparto de las tarjetas "rosas" les permitió elaborar un listado de futuros beneficiarios, es decir, el mismo tricolor reconoció la compra de votos, aunque el pago se haya realizado una vez que los votantes cumplieron con su parte de votar por el tricolor. De hecho el reparto de tarjetas es una forma innovadora de compra de votos, pues con el uso de las nuevas tecnologías se puede pagar una vez que el ciudadano cumple el compromiso de sufragar por determinado candidato y si bien el partido no puede saber en lo individual quienes cumplieron y quienes no, sí puede saber si la mayoría de la comunidad en una determinada sección lo hizo.
Y, en el caso, de los dos rebases de topes de gastos de campaña: por las publicaciones en Facebook y el pago de la producción de videos, la Sala Superior del Tribunal optó por eliminarlos, en lugar de reponer el procedimiento, es decir, aunque había indicios que indicaban que el PRI y su candidato efectivamente habían incurrido en dichos gastos, como el Instituto Nacional Electoral omitió cumplir con algunos formalismos, optó por restarlos de sus egresos y ajustar la sumatoria para que no rebasara los gastos.
No se trataba de dilucidar la verdad y hacer justicia, sino de preservar el presunto triunfo de Miguel Ángel Riquelme, de acuerdo a los cómputos oficiales. Aunque hubiese suficientes evidencias de que hubo votos comprados y coaccionados; que en algunas casillas se alteraron los paquetes electorales; y que se realizaron más gastos de los que se reportaron a las autoridades electorales, como la Sala Superior tiene la última palabra en materia electoral, recurrió a meros formalismos para desacreditarlas, cumplir con su encomienda de preservar el presunto triunfo tricolor y pavimentar el camino al fraude electoral el 1 de julio del 2018.
Ya no queda ninguna duda de la sesgada integración de la Sala Superior del Tribunal y su abyecta sumisión a los mandatos tricolores, así que el apego a la legalidad es un camino absolutamente intransitable para frenar el fraude electoral: la mayoría de los Magistrados se encargarán de desmontarlos todos.
Ni siquiera se puede recurrir a la justicia penal, pues los priistas (cobijados por los disidentes senadores panistas) ya se encargaron de asegurarse que designarán un titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a modo, es decir, que ignorará todas las denuncias que se presenten y que puedan afectar las operaciones tricolores.
Así la única vía que queda abierta es una abrumadora votación ciudadana a favor de candidatos de la oposición, pues todos los mecanismos referidos en este artículo fueron efectivos porque la competencia fue muy reñida y la diferencia de votos entre los dos primeros lugares fue mínima. El único antídoto contra el control de los órganos electorales que hoy tiene y presume el tricolor es arrasarlo en las urnas el 1 de julio del 2018. Ante la negación de la justicia por parte de las autoridades correspondientes (Tribunal Electoral y FEPADE), en este caso, sí hay una justicia por mano propia que se vale: la del voto popular.
