Desorden y dispendio

En unos cuantos días nos enteramos o confirmamos que los gobiernos estatales gastan cinco veces más en nómina que en inversión pública; que los senadores se asignaron un bono de despedida de 2.4 millones de pesos, de los cuales la mitad es cubierto por el erario; que los legisladores locales de Coahuila quieren hacer lo mismo, con todo y que renunciaron a su labor de exigir cuentas al ejecutivo estatal; que los diputados federales eliminaron los candados sobre contratación de deuda por parte de las entidades federativas; que todos los gobiernos en México gastan cantidades millonarias en propaganda de forma discrecional, y que el dinero proyectado para ayudar a los damnificados del sismo y reconstruir las zonas afectadas no ha llegado con suficiencia porque los partidos no se ponen de acuerdo. Evidentemente algo no anda bien con el manejo de los recursos públicos cuando ocurre todo lo mencionado.

Desde hace mucho tiempo se sabe que las tres funciones principales de un gobierno son (1) recaudar y administrar impuestos, (2) garantizar la seguridad de la población y (3) desarrollar obras y servicios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para que las dos últimas se cumplan es necesario que la primera ocurra con eficiencia. Para ello es necesario acotar la discrecionalidad en la recaudación y administración de los recursos públicos a través de esquemas reales de transparencia y rendición de cuentas. De no hacerlo, se corre el riesgo de que el dinero del erario se malgaste, use con discrecionalidad o desvíe, y, en consecuencia, las funciones de seguridad y obras y servicios no se cumplan de forma efectiva, como ocurre en este país.

Aunque es común que los gobiernos hablen de aplicar políticas de austeridad, sobre todo en momentos de crisis, lo cierto es que las prioridades de los mismos están en otra parte, como en el pago de favores con la colocación de clientes en la estructura gubernamental. Que se gaste tanto más en mantener una burocracia robusta sin justificación a la luz de los exiguos resultados es una clara muestra de que la lógica con la que operan los gobiernos es inversa a la deseable. En vez de buscar hacer más con menos, hacen menos con más. Ni siquiera hay una explicación razonable de por qué contratar a tantas personas para cierta área, porque no existen los parámetros o estudios de cuánto personal se requiere para desempeñar con eficiencia una labor. Esta discrecionalidad se observa también en la asignación de sueldos y prestaciones. ¿Por qué un diputado, senador, regidor, alcalde, gobernador, presidente, director o secretario gana lo que gana? ¿Por qué esa cantidad y no otra? ¿Sobre la base de qué se determinaron sus emolumentos?

Aunque ha habido algunos avances en transparencia, estos son insuficientes y suelen prestarse a la simulación, sobre todo porque el acceso a la información pública no ha estado acompañado de un esquema efectivo y autónomo de rendición de cuentas. Los gobiernos pueden condonar impuestos a particulares sin explicar a nadie por qué, y ensañarse con otros al grado de utilizar la estructura fiscal para amedrentar a los considerados "enemigos" del sistema. Con esa misma discrecionalidad pueden contratar obras bajo procedimientos dudosos y concesionar servicios a costos injustificables o claramente inviables. El teleférico y el alumbrado público en Torreón, el hospital general de Gómez Palacio o la presunta contratación de empresas "fantasma" en Coahuila, son sólo algunos ejemplos.

Pero también lo hemos visto en la contratación de deuda pública. El caso Coahuila es representativo de lo que ha ocurrido en otras entidades, en donde se ha dispuesto de créditos de forma irregular sin explicar a cabalidad el destino de los recursos. Con ello no sólo se han comprometido las finanzas públicas para varios lustros, sino que además no existe la certeza de que ese dinero se haya invertido en beneficio de la población. Y en este contexto, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acaba de aprobar el retiro de las medidas que obligaban a todas las entidades a usar sus remanentes presupuestarios para pagar deudas o realizar más obras. Ahora, los estados que se encuentren en "un nivel de endeudamiento sostenible" podrán usar hasta el 5 % de esos recursos remanentes al gasto corriente, es decir, nómina, con lo cual se corre el riesgo de que más gobiernos caigan en sobreendeudamiento. Seis meses duraron los famosos candados para cerrar la llave del gasto estatal.

Otro rubro que simboliza la discrecionalidad en el gasto es la publicidad oficial. Y no sólo es el hecho de que los gobiernos no cuenten con criterios mínimos para contratar espacios en los medios de comunicación en función de la audiencia de los mismos, sino que además la mayoría de las veces dichos espacios son llenados con propaganda y no con información de utilidad pública. Por si fuera poco, los gobiernos usan la cancelación de la publicidad oficial para presionar económicamente a aquellos medios que no se ajustan a "su línea". En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de emitir una resolución muy importante en la que se obliga al Congreso a legislar para regular la contratación de espacios gubernamentales, con el fin de evitar la discrecionalidad.

Bajo el esquema actual de manejo del gasto es posible que se presenten aberraciones como que un gobierno anuncie un gasto extraordinario para un servicio como la pavimentación, con instituciones que no justifican su nómina y que a la vuelta de los meses o años las calles estén destruidas y todavía se gaste más dinero para presumir esa supuesta inversión extraordinaria en las fechas cercanas al informe de resultados. La única forma de evitar esto es con la exigencia persistente hacia los poderes legislativo y ejecutivo de construir un modelo de rendición de cuentas que funcione, en el cual debe existir forzosamente participación de la ciudadanía, y no sólo el control exclusivo de los partidos políticos, que, como en el caso de la ayuda a damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre, ya hemos visto que no funciona.

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