Defensa. Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de la SRE, acudió al segundo día de audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En nombre del Estado mexicano, el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, aseguró ayer que no existe evidencia de que la actuación policiaca en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco respondió a instrucciones o fueron permitidas por funcionarios de alto rango.
En el segundo día de audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), donde se analizó el caso de 11 mujeres víctimas de tortura sexual por parte de policías, Ruiz destacó que el Estado ha reconocido su responsabilidad en este asunto y advirtió que la falla en las investigaciones se dio únicamente en la etapa inicial.
El Estado mexicano, dijo, no pone en duda las graves violaciones de derechos humanos de las cuales fueron víctimas las 11 mujeres, sin embargo, señaló que es necesario tomar en cuenta el contexto en el que ocurrieron los hechos (de enfrentamiento entre manifestantes y policías) y que los agentes tuvieron mal comportamiento, pero no por órdenes superiores.
"Hubo falta de preparación, capacitación y legislación para realizar los operativos, lo cual tuvo como consecuencia que, al momento de implementar los operativos, muchos agentes se alejaran del marco de la ley", reconoció.
Ruiz retomó la investigación de la Suprema Corte de Justicia, que en 2009 no encontró evidencias para determinar máximos responsables por estos abusos, ocurridos durante la gestión de Enrique Peña Nieto como Gobernador del Estado de México.
"Al analizar lo relativo a la cadena de mando, la Suprema Corte concluyó la imposibilidad de comprobar la hipótesis de que, en los operativos, se hubiera girado una instrucción en el sentido de agredir física, psicológica o sexualmente a los manifestantes", señaló.
"Por el contrario, la evidencia que encontró la SCJN demuestra claramente que las instrucciones expresas, tanto de autoridades estatales como federales, requirieron únicamente hacer uso de fuerza en caso de ser necesario, que este uso fuera apegado al orden jurídico mexicano y con estricta y absoluta observancia a los derechos humanos".
El funcionario aseguró que las investigaciones, que no han derivado en una sola sentencia condenatoria, han sido diligentes, imparciales y efectivas.
Insistió en que la obligación de investigar y sancionar a los responsables de una violación no es incumplida por el sólo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio.
Sin embargo, tanto las representantes de las víctimas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteraron en diversas ocasiones que lo ocurrido en Atenco no se trató de hechos aislados cometidos por malos policías.
La Relatora sobre Derechos de las Mujeres de la CIDH, Margaret May Macauley, subrayó que el operativo policiaco fue masivo y que, por lo tanto, debe necesariamente haber oficiales de alto rango involucrados.
Stephanie Brewer, abogada del Centro Prodh, dijo que mientras la Corte realizaba su investigación por este caso, se solicitó al Gobernador del Estado de México información sobre las acciones que se tomaron para cesar con los abusos que se estaban cometiendo, de los cuales él tenía conocimiento desde el 3 de mayo de 2006.
"La SCJN confirmó que la violencia en Atenco fue permitida y alentada por la cadena de mando. De igual modo, la CNDH, al analizar cientos de testimonios, fotos y videos del operativo concluyó que los policías violaron derechos humanos bajo la anuencia y tolerancia de sus superiores", expuso Brewer.
"Según las respuestas escritas del entonces Gobernador (Peña Nieto) a la SCJN, él se enteró de abusos policiales desde el 3 de mayo, pero ante preguntas de qué acciones tomó en el momento de enterarse de esa situación, no menciona haber tomado ninguna medida concreta para hacer cesar los abusos ya en curso", abundó.
Araceli Olivos, del Centro Prodh, recordó que en su última declaración pública sobre el caso Atenco, en 2012, Peña sostuvo que si bien lamentablemente hubo incidentes de abuso, éstos habían sido sancionados, lo cual "es una afirmación absolutamente falsa", dijo.
