La semana pasada señalamos que el problema central del agua que extraemos del subsuelo destinada al consumo humano reside en su calidad debido a la contaminación que sufre, que ésta se manifiesta, principalmente en las elevadas concentraciones de arsénico que dañan la salud humana, a la vez de que sugerimos a los funcionarios que declaran públicamente sobre este tema sean prudentes en las afirmaciones que hacen a partir de las soluciones que se vienen aplicando para resolverlo.
Lo anterior ocurre a partir de la declaración que realiza un funcionario estatal sobre la instalación de filtros a pie de pozo para secuestrar el arsénico en el agua, problema que calificó de foco amarillo evidenciando con ello su desconocimiento sobre la dimensión ambiental y social en que se presenta. Esto, desde luego, no invalida la instalación de los filtros como alternativa tecnológica ante un problema estructural que se enfrenta en La Laguna, en tanto se aplican medidas que no sólo sean parciales y temporales.
¿Qué alternativas tenemos los laguneros para enfrentar y resolver este grave problema que afecta a la población y al propio desarrollo regional? En otras ocasiones hemos afirmado que esta cuestión está suficientemente estudiada y que sólo faltarían, en todo caso, los proyectos ejecutivos que soporten la aplicación de las medidas que deben adoptarse, y sobre todo, que exista verdadera y no simulada voluntad gubernamental para resolver un problema que es mas de gestión que tecnológico.
¿Por qué de gestión? Con el problema del agua ocurre algo similar que con otros grandes problemas ambientales y sociales, nos dimos cuenta de él cuando lo tenemos encima, cuando ya nos rebasó, que las capacidades institucionales de los organismos responsables de su manejo y regulación no son suficientes para destrabarlo, debido en gran parte, a los intereses asociados al abuso que se hace de este recurso. Es de gestión porque las instituciones no pueden resolverlo.
Si bien podemos buscar y aplicar alternativas parciales y temporales que mitiguen y en ocasiones hasta simulen su solución, sabemos que la única alternativa viable de resolverlo es la recuperación de los acuíferos en que se almacenan los más importantes volúmenes de agua dulce de los que depende el abasto a la población y gran parte de las actividades económicas que se realizan en la región.
Entre las medidas para alcanzar esta solución está la tecnificación del riego agrícola, en virtud de que la agricultura consume el 90% de las aguas subterráneas y es en los bombeos que realizan los dueños de los predios agrícolas, sobre todo los grandes propietarios que ante la quiebra del ejido han reconcentrado la tierra y las concesiones de agua, donde se ubica el problema de la sobreexplotación de los acuíferos.
Estamos de acuerdo en que el riego se tecnifique, de que el gobierno les subsidie la compra de los equipos de regadío que aumenten la eficiencia en el uso del agua, pero la tecnificación por sí misma no resolverá el problema, puesto que requiere una respuesta responsable de sus beneficiarios, algo que no se ha observado en la mayor parte de ellos porque no se sabe que volúmenes de agua ahorran ni que se hace con el agua ahorrada con esos equipos. Cualquier programa de tecnificación debe implicar medidas que permitan medir los ahorros y el destino de los mismos.
Es ahí donde centramos nuestra forma de ver el problema. Si la principal medida aplicada para acotar la sobreexplotación de los acuíferos es la tecnificación del riego agrícola, ésta debe ser paralela a la medición de las extracciones, pero una medición confiable y no la existente que ni es completa ni consistente. Una medición confiable más allá de la buena voluntad de los usuarios agrícolas sería aquella que se registre en tiempo real y sea pública, como las mediciones que se hacen del aire que respiramos para saber los niveles de contaminación que tenemos.
Hemos insistido en que es indispensable establecer un sistema de monitoreo de las extracciones con medidores telemétricos que registren vía satélite los volúmenes extraídos en cada pozo, como ya ocurre entre los usuarios industriales o en pozos del Simas. Si logramos reducir las extracciones al nivel de los volúmenes concesionados podríamos ahorrar, no en un año, pero si en un corto y mediano plazo, hasta 300 mm3, es decir, el doble de lo que actualmente destinamos para el consumo doméstico. De esa forma dejamos de lado opciones onerosas como la pretendida potabilizadora del río Nazas, los filtros a pie de pozo, pensando que quizás podamos volver a tomar agua de la llave.
Para lograr esto es ineludible que la Comisión Nacional del Agua instale ese sistema de medición telemétrica, que dialogue con los responsables de la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos para que se establezcan las bases que permitan avanzar en la recuperación del balance hidráulico entre extracciones y recarga; finalmente se trata de rescatar el agua extraída ilícitamente. Entonces si podremos hablar de aplicar alternativas de solución viables que den solución a este foco rojo y no amarillo como desafortunadamente lo calificó el funcionario mencionado.
