L Os resultados de la investigación de la Clínica sobre Derechos Humanos de la Universidad de Texas, en relación con la vinculación del crimen organizado con los hermanos Moreira Humberto y Rubén, que han gobernado Coahuila los últimos doce años, no arrojan nada nuevo y sin embargo, su publicación vuelve a sacudir nuestra menguada capacidad de asombro.
El tema en cuestión nos atañe como coahuilenses en virtud de la quiebra económica, moral e institucional que impera en el Estado, y porque los Moreira crearon una escuela de corrupción que a partir de la integración de un sindicato de gobernadores priístas durante el sexenio pasado, generó una estructura de cobertura nacional que a base de malversación de dinero público y alianza con el crimen organizado, llevó a Humberto a la presidencia nacional de PRI para instrumentar el regreso de dicho partido a Los Pinos. Ejemplos de lo anterior son los ex gobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte de Veracruz, César Duarte en Chihuahua, etcétera.
A pesar de que Moreira Humberto fue expulsado de la dirigencia del PRI hace casi seis años, los compromisos concertados desde aquel entonces con la cúpula priísta y el actual Gobierno Federal no solo han garantizado que lo crímenes cometidos en contra de muchos coahuilenses permanezcan impunes, sino que han mantenido a flote el proyecto político del Moreirato, hasta el punto de que el día de hoy existe una amenaza de continuidad en la persona de Miguel Riquelme.
Llama la atención que el caso se haya convertido en tema de investigación académica a nivel internacional, y en expedientes seguidos ante tribunales que en el plano mundial se ocupan de juzgar sobre cuestiones de derechos humanos, en tanto que ni en Coahuila ni en el Fuero Federal se ha movido un dedo para investigar lo acontecido ni para castigar a los culpables.
Sin embargo los hechos están a la vista. Más de dos mil personas desaparecidas, la utilización del penal de Piedras Negras y otros reclusorios como centros de exterminio y cuarteles del hampa, la masacre en el poblado de Allende y el miedo generalizado como política pública de control y opresión. Con motivo de la reciente información difundida, una vez más los coahuilenses estamos inmersos en la vergüenza pero en esta ocasión, extraña que en medio de la indignación generalizada se escuchen voces de malsana resignación, que llegan al extremo de rechazar la investigación de la Universidad Texana y la divulgación de sus resultados porque al fin y al cabo "no pasa nada…".
En contraste, la resignación referida coexiste con reacciones esperanzadoras, como la que se observa en algunos empresarios de Torreón que desde su posición en el Fideicomiso del Impuesto Sobre Nómina, dan señales de no estar dispuestos a seguir soportando la sangría ilícita de recursos y asumen una posición crítica y demandante frente a la política de obra pública en la región, cuyo último fruto amargo revela la asignación sistemática de recursos por partida doble (federales y locales) para cada obra. Lo anterior sumado a la mega deuda, el tráfico de facturas falsas, el robo de los fondos de pensiones y tantas otras formas de saqueo empleadas por el Moreirato, constituyen la fuente inagotable de los recursos que generan el círculo vicioso que mantiene en el poder al mismo grupo político.
Algo se ha escrito sobre el "fracaso del modelo de gestión" como causa de la fallida operatividad del Metrobús y otras explicaciones pueden invocarse respecto al fracaso del Paseo Morelos, del Teleférico, y de cuanta obra pública ha sido emprendida en Torreón en los últimos años, pero el mejor diagnóstico lo ofrece un empresario de la construcción que en relación al saqueo de los recursos derivados del Impuesto Sobre Nómina, con agudeza y sencillez da en el clavo, cuando asegura que "los Moreira se apoderaron de la chequera y gastan el dinero de los coahuilenses como les da la gana…".
