El imperio de la desregulación salvaje que la globalización neoliberal impuso en los últimos 30 años al mundo, dejó a las personas y comunidades desprotegidas y disminuyó -casi a cero en muchos lugares- sus derechos más elementales, al mismo tiempo que fue erigida una poderosa arquitectura de la impunidad para blindar las operaciones de los inversionistas: tratados de libre comercio, de protección de inversiones, mecanismos de resolución de controversias inversionista-Estado, entre otros.
Su poder y riqueza les permite presionar a gobiernos y recurrir a mecanismos como las puertas giratorias y corrupción.
A nivel global, las corporaciones intervienen en operaciones que resultan en contaminación y degradación ambiental, acaparamiento de aguas y tierras, sobreexplotación de mano de obra y uso de trabajo esclavo incluso, amenaza al acceso a medicamentos y servicios de salud, irrespeto a normas laborales, y en casos de violencia contra personas y defensores de derechos humanos, entre otras. Y se ha considerado que las empresas transnacionales deben responder por estos abusos.
Durante la semana que termina cientos de organizaciones civiles y movimientos sociales presentaron en el Palacio de las Naciones de Ginebra, Suiza, sede del Concejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), una propuesta de texto del Tratado vinculante sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos.
Ese documento de acuerdo legal nace, dijeron sus presentadores en una sala repleta, de las luchas de los pueblos contra los atropellos de las grandes transnacionales y con el recuerdo vivo de quienes fueron asesinados por dedicar su vida a la defensa de los derechos de sus comunidades.
Es un momento histórico, se dijo, para quienes luchan por justicia y poner fin a la impunidad de las empresas, para así imponer obligaciones internacionales que garanticen el acceso a la justicia a las comunidades.
A fines de septiembre, esta columna informó que defensores oaxaqueños de derechos humanos denunciaron ante autoridades y sociedad civil de Suiza, Irlanda, Gran Bretaña y Holanda, que la presencia creciente de transnacionales en México está provocando una acelerada ruptura del tejido social en las comunidades, víctimas de una rápida militarización de los territorios, con la respectiva pérdida de derechos elementales; y pidieron el establecimiento de controles humanos y ambientales a la política de sus empresas que llegan a nuestros países.
"Si ya sufríamos la presencia de mineras, hidroeléctricas, parques eólicos, gasoductos y supercarreteras -decían en el caso del Istmo de Tehuantepec-, lo que preocupa actualmente a las comunidades es el proyecto de crear en nuestro estado una de las Zonas Económicas Especiales programadas para el país, facilitando aún más la llegada masiva de transnacionales a Oaxaca".
-La explotación minera canadiense en México conduce a la devastación ambiental y a la grave violación de derechos humanos, a una violencia terrible; yo también estoy amenazado, denunció Gustavo Lozano, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), ante el Subcomité Parlamentario Internacional en Ottawa el pasado 17 de octubre.
-¿Tiene el gobierno de Canadá algún mensaje para las personas afectadas por sus minas?, preguntó Daniela Pastrana, de Periodistas de a Pie, también participante ante el Subcomité Parlamentario en Ottawa, luego de la visita del primer ministro Justin Trudeau a México. "¿Cómo pueden, desde el gobierno [de Canadá], fiscalizar a las empresas mineras que violan derechos humanos de los pueblos mexicanos?"
De ahí que el Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, presentado el miércoles 25 de octubre al Concejo de Derechos Humanos de la ONU, busque estipular la primacía de los derechos humanos sobre los derechos y privilegios de las corporaciones en el marco de los tendenciosos e injustos acuerdos de comercio e inversión, como los del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Organización Mundial del Comercio.
Persigue además un marco jurídico internacional sólido de rendición de cuentas de las corporaciones que garantice a las comunidades e individuos afectados el acceso a la justicia social y ambiental y que ponga fin a la impunidad de las transnacionales.
El tratado vinculante a nivel de las Naciones Unidas es uno de los pequeños frenos que los pueblos pueden imponerle a la impunidad de las transnacionales.
@kardenche
