La resolución del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, que pretende legitimar los comicios de gobernador celebrados el cuatro de junio pasado, a pesar de las graves irregularidades que mancharon su desarrollo de principio a fin, no es una sentencia definitiva.
Como es del conocimiento la resolución fue tomada por mayoría de votos con la opinión en contra de uno de tres magistrados, que emitió un voto particular en el que sostiene que la elección debe de ser anulada por las razones contenidas en la expresión de los agravios hechos valer por cinco de los candidatos que participaron en la contienda, que representan el sesenta y dos por ciento de los coahuilenses que concurrieron a las urnas.
Lo anterior ocurre en el marco de una grave crisis que carcome a las instituciones electorales en nuestro país, en la que nos ofrece hechos tan indignantes como la reciente destitución por parte de la Procuraduría General de la República del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales Santiago Nieto. El cese fulminante y repentino decretado en contra de dicho funcionario, obedece a que tuvo el atrevimiento de conducir una investigación que implica al Partido Revolucionario Institucional como beneficiario de dinero ilícito procedente de compañías petroleras transnacionales, a través del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya.
A los hechos relatados se suma la dura tensión que existe entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) por la fiscalización de los gastos de campaña en el caso Coahuila, así como la declaración absurda hecha en días pasados por un Magistrado del TRIFE, que haciendo menosprecio de la propia función que es a su cargo, aseguró que "…se ha perdido de vista que las elecciones se tienen que ganar en las urnas y no en las mesas de los tribunales…".
Todos estos hechos no son producto de la casualidad. Forman parte de un ataque deliberado en contra de las instituciones electorales orquestado desde el mismo Gobierno federal como política de estado, para someter nuestra frágil democracia a los intereses del Partido Revolucionario Institucional y los oscuros poderes fácticos que sostienen al sistema priista que como está visto, vuelve por sus fueros corregido y aumentado.
Lo anterior porque si bien es cierto que es una desgracia el que subsistan viejos vicios como la compra de votos y la utilización indebida de los programas sociales para programas sociales y es lamentable que hayan regresado otros males que creíamos superados como la violación de los paquetes electorales y el robo de urnas, lo peor y nunca antes ocurrido es que en el caso las propias entidades autónomas creadas por consenso de los mexicanos de veinte años a la fecha, están siendo carcomidas por la corrupción y los embates desde la cúpula del gobierno.
Lo anterior es un reto inédito en contra de nuestra frágil democracia, por lo que es el momento de redoblar la lucha para fortalecer esas instituciones que tanto esfuerzo y recursos ha costado construir.
En vísperas de las elecciones en las que el año próximo renovaremos la Presidencia de la República y Congreso de la Unión, y en el ámbito local se dará el relevo, tanto de nueve gubernaturas, ayuntamientos y legislaturas en otros once Estados, resulta indispensable arribar a dicho proceso eleccionario en las mejores condiciones de legalidad y certeza.
En tal escenario nacional, a los ciudadanos coahuilenses nos corresponde seguir en pie de lucha para revertir la resolución adversa dictada por el Tribunal Electoral del Estado el día de ayer, lograr la anulación de los comicios de gobernador ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y celebrar nuevas elecciones que nos permitan la alternancia y superar los tiempos del odioso moreirato.
