El estado de las cosas nunca es para siempre. Lo ganado se puede perder. De la misma manera, las democracias están en constante prueba. Como sistema de gobierno abierto, siempre queda la posibilidad de negación. El terreno ganado por un gobierno democrático, también puede perderse. Por desgracia, abundan los ejemplos. En México, llegamos muy tarde a la democracia. Sería hasta el nuevo siglo cuando transitamos pacíficamente. Sin embargo, el andamiaje institucional prácticamente era el mismo de la dictadura. Paulatinamente se hicieron cambios, reformas que dieron fruto. Por un lado, la pluralidad política en Congreso abrió los debates, las decisiones y se hizo un contrapeso a la presidencia. Por otro, se construyó con mucho esfuerzo y cuidado, un instituto electoral autónomo para llevar las elecciones. Quizá no está de demás recordarlo, pero a lo largo del siglo pasado, las elecciones eran organizadas y calificadas por el gobierno. Ya se imaginarán qué sucedía. El partido, casualmente el del gobierno, siempre ganaba las elecciones. Pero lo ganado en la transición democrática, puede perderse. Por lo mismo, las democracias también experimentan regresiones.
Preocupa el momento que vive el país, en especial sus instituciones. Para nadie es un secreto que las instituciones públicas arrastran una crisis de legitimidad, principalmente porque no funcionan, y cuando lo hacen, no es para favorecer a los ciudadanos, sino al poder y los suyos. Un claro ejemplo lo tenemos con el actual INE, antes IFE. Ahí donde se había logrado ganar terreno para bien, ahora se marcha hacia atrás. ¿Qué nos pasó? El otrora IFE, tuvo una época gloriosa en su ascenso durante los años noventa. La institución y su consejo, mostró eficiencia, certeza e imparcialidad en las elecciones. Más todavía, cuando enfrentó los retos de sancionar a los poderosos partidos, lo hizo, como aquella multa de mil millones al PRI, o la multa al PAN, que por entonces estrenaba la alternancia en la presidencia. Era el IFE de Woldenberg, Merino, Lujambio, Cárdenas…
Hoy, lo que tenemos es un cúmulo de consejeros supeditados al poder, temerosos del alzar la voz, aplicar la ley, o hacer con honestidad su trabajo, por miedo a perder la chamba, y por supuesto, el sueldo millonario. Con ese consejo mediocre, ineficiente y carente de legitimidad, vamos a las elecciones presidenciales de 2018. ¡Dios nos agarre confesados!
Pero cambiemos de institución. Veamos lo que sucede en la Procuraduría General de la República, una instancia fundamental para un país donde reina la impunidad. Ahí el procurador Raúl Cervantes se paseaba tranquilo en su Ferrari. Ya se soñaba fiscal anticorrupción, pero al final, la presión provocó su salida de la PGR. Mientras tanto, la presidencia dejó a un "encargado de despacho". ¡Vaya eufemismo para decir nada!
No obstante, el acabose lo vimos la semana pasada, con la desafortunada destitución del fiscal a cargo de la Fepade, Santiago Nieto. Más que incomodar al poder, su problema fue exhibir a uno de los hombres del presidente, Emilio Lozoya, quien no dudó en mandarle un extenso currículo a fiscal, incluyendo las referencias de su papá y mamá. ¡Tremendo linaje! Lozoya ha sido señalado por el caso de corrupción de Odebrecht en Brasil. Más tardó en quejarse con su amigo el presidente, que éste en destituir al fiscal. ¿Qué significa un país sin fiscales? No hay procurador, tampoco fiscal anticorrupción, y ahora, quitaron al fiscal para los delitos electorales. Lo que menos importa es la justicia. Esa imagen de ausencia, es la más elocuente narrativa para el fin de sexenio.
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