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El Magistrado

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LUIS F. SALAZAR WOOLFOLK.

Las declaraciones de José Luis Vargas Valdés, Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), hechas en el marco del proceso de anulación de las elecciones para Gobernador en el caso Coahuila, ameritan ser objeto de comentario.

La declaración se contiene en un boletín de prensa del TRIFE de fecha 15 de octubre de 2017, según el cual el Magistrado dijo que "…en los últimos años se ha llegado a un exacerbado esquema de litigiosidad, en el que se ha perdido de vista que las elecciones se tienen que ganar en las urnas y no en las mesas de los tribunales…".

La desafortunada expresión es una bofetada en el rostro de muchos ciudadanos de Coahuila, que con pleno derecho exigen que el TRIFE declare la nulidad de la elección para Gobernador celebrada el pasado cuatro de junio, en la que los resultados de las mesas de votación se encuentran severamente cuestionados, hasta el punto de merecer la calificación de una elección de estado, de la que no es posible inferir cual es la voluntad de los votantes.

De acuerdo a lo dicho por el Magistrado, la función que él mismo tiene a su cargo no tiene sentido y haría bien en renunciar. Muestra además su incomodidad frente al trabajo que es su obligación hacer, lo que entraña una abdicación o abandono de la responsabilidad que le corresponde como integrante del máximo órgano judicial de nuestro país, del que se espera que sea la salvaguarda de la legalidad en materia electoral.

No es fácil imaginar qué es lo que pueda haber inspirado tal disparate. Se supone que desde que el Magistrado se apuntó para el cargo era conocedor del desarrollo histórico de nuestras instituciones electorales, y de la necesidad de un sistema judicial de control de la legalidad de los procesos eleccionarios. La creación y la operación un sistema de justicia electoral, surgieron del imperativo de enfrentar la violación de las normas jurídicas que regulan las elecciones tanto durante las campañas como en las mesas de votación el día de los comicios.

Debe saber el Magistrado que los mexicanos estamos empeñados en fortalecer nuestra frágil democracia, en una lucha para superar vicios ancestrales incubados desde el Gobierno, y que la función del TRIFE es la de resolver sobre la validez o nulidad de las elecciones cuestionadas, a la luz de la aplicación del derecho electoral a los casos concretos.

Un problema mayor deriva de que en su visión de las cosas, el Magistrado en cuestión no está solo. La forma en que el pleno del TRIFE entra en auxilio del candidato del Partido Revolucionario Institucional en el caso de Coahuila el pasado cinco de octubre, y lo absuelve de los señalamientos hechos por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el tema relativo a la violación de los límites de los gastos de campaña no es poca cosa.

La Consejera del INE Pamela San Martín, acusa al TRIFE de haber echado por tierra diversos lineamientos sentados en el pasado reciente en base a la experiencia de ambas autoridades INE y TRIFE en el tema de fiscalización, que en su día fueron aprobados para garantizar la equidad en las contiendas comiciales. En palabras del Consejero Presidente del INE Lorenzo Córdova, estamos frente a un retroceso de veinte años, en cuanto a fiscalización de gastos de campaña.

Pero no es tan solo el tema del exceso de gasto lo que se encuentra en juego. La elección de Coahuila está cuestionada de principio a fin, mediante catorce grandes argumentos que reclaman la instalación del veinticinco por ciento de las casillas en lugares distintos a los autorizados; la designación del cincuenta por ciento de los funcionarios electorales entre funcionarios priístas y operadores de programas sociales del gobierno; la transportación irregular del veintitrés por ciento de los paquetes electorales, etcétera, etcétera, etcétera.

La cuestión es que si la totalidad de los argumentos de anulación van a pasar por el rasero de un Tribunal Electoral que reniega de la función que le es propia, porque las elecciones deben ganarse en las urnas a despecho de la observancia de la Ley, las elecciones presidenciales del año entrante tienen el signo del caos.

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